El Gobierno limita al 4% la subida de las autopistas de peaje en 2023

El Gobierno ha aprobado limitar en 2023 al 4% el alza de los peajes en once autopistas de pago que dependen del Estado para mitigar el aumento de las tarifas del 8,4% que correspondería por la evolución del índice de precios al consumo (IPC) y el efecto de las revisiones extraordinarias en tres de ellas.

Así, el Real Decreto-ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado este martes por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, articula un mecanismo para contener al 4% el aumento de las tarifas de 2023, que soportan los usuarios, en las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46.

Además, se mantendrán congeladas las tarifas vigentes desde 2019 en las autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), que fueron rescatadas por el Estado tras la quiebra de las concesionarias privadas que las explotaban. Estas autopistas son las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5, así como la de Circunvalación de Vera (Almería), la M-12 (eje Aeropuerto Barajas), AP-36 Ocaña-La Roda y AP-41 Madrid-Toledo.

El ministerio subvencionará entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que las concesionarias dejaran de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes. En concreto, se habilita una línea de 23,3 millones de euros para financiar la reducción del incremento de las tarifas en 2023, y se establece la obligación de que la Administración General del Estado dote las partidas necesarias para mitigar parcialmente la subida entre 2024 y 2026 para que esta sea escalonada.

Transportes explica que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023, ejercicio en el que estaba previsto que subieran en torno al 8,38% por la inflación, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos. Es decir, que los peajes que no se paguen ahora se repercutirán en aumentos futuros a partir de 2027, por lo que se trata de diluir en el tiempo ese incremento de los peajes.

Las tarifas de 2020 subieron un 0,84%, y las de 2021 descendieron un 0,11% de acuerdo a la fórmula de revisión automática que se calcula con la inflación de cada ejercicio hasta el 30 de noviembre. Tras la liberación desde 2018 del pago de varias autopistas, España aún conserva una red de 1.500 kilómetros de peaje estatales cuyas principales concesionarias son Abertis (ACS y Atlantia), Itínere (APG y Globalvia), Globalvía, Ausol (Meridiam) y Alto de las Pedrizas (Aberdeen y Mirova). El resto están gestionados por el grupo público Seittsa, dependiente del Ministerio de Transportes. El conjunto de autopistas estatales facturó unos 1.500 millones de euros en 2019, importe aún no recuperado en 2021 por las consecuencias de la pandemia.

Casos especiales

En el caso de la AP-7 Alicante-Cartagena, además de la revisión ordinaria por el IPC, se debe aplicar un incremento extraordinario en las tarifas del 1% para devolver un préstamo participativo que le hizo el Estado para pagar las expropiaciones, por lo que, sin medidas, subirían el 9,46%. Aun así, se ha aprobado que la subida del año que viene sea también del 4%, por lo que el incremento ordinario se limita al 3%, aumentando la compensación asociada, a la que se suma el 1% de la extraordinaria.

La AP-46 Alto de Las Pedrizas-Málaga y la AP-9 Autopista del Atlántico también deben aplicar una revisión extraordinaria de la tarifa para generar fondos con los que compensar las obras realizadas para mejorar las infraestructuras y que implicaron modificar las condiciones de las concesiones. Así, aunque las subidas de los pesajes en 2023 en estas vías alcanzan el 9,46%, el Gobierno también ha decidido limitar al 4% el alza y aumentar la subvención para compensar los ingresos que dejan de percibir por parte de los usuarios.

El objetivo de esta medida es ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares, según ha señalado el Ministerio de Transportes en un comunicado.