El déficit público augura un cierre mejor de lo esperado, pese a las ayudas por la inflación

Desde el inicio del conflicto en Ucrania casi no hay día sin una mala noticia económica o una alerta de cara al futuro. Si no es la inflación, que pese a moderarse en últimos meses sigue muy por encima de lo deseado (un 6,8% en noviembre), son los recortes en las previsiones de crecimiento, las amenazas de recesión o la fluctuación de los precios energéticos. En este contexto de deterioro generalizado, el déficit público de España continúa sin embargo su recorrido a la baja: hasta octubre, los números rojos del conjunto de las Administraciones —corporaciones locales excluidas— se situaron en 15.845 millones, el 1,2% del PIB y un 70% menos que el año anterior, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda. Este resultado augura un cierre de año muy por debajo de la tasa de referencia que se ha fijado el Gobierno para el ejercicio, del 5% del PIB, pese a los millonarios paquetes de ayuda diseñados para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía.

“Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo”, señala Hacienda en una nota. De hecho, la economía española está aguantando más de lo previsto. Pese a que su avance se ha desacelerado, ya parece del todo descartado para España el riesgo de recesión, que sí sigue amenazando a la zona euro. A este vigor contribuye el comportamiento del empleo, que ha recuperado los niveles prepandemia y cosecha marcas positivas en contraposición con la evolución menos enérgica de la actividad. Pero hay otro ingrediente que explica esta trayectoria descendente en el déficit público: el aumento de los ingresos por impuestos, empujados sobre todo por la inflación.

El alza de precios juega a doble banda. Por un lado, impulsa la recaudación, que está brindando más recursos que nunca a las arcas públicas; por el otro, golpea el bolsillo de ciudadanos y empresas, por lo que el Gobierno ha sacado la artillería pesada para frenar su escalada —los precios suben ahora por debajo de la media europea—. Entre las medidas más potentes —y costosas— que el Ejecutivo ha aprobado a lo largo del año, están la rebaja de la fiscalidad de los suministros eléctrico y gasista, la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, el cheque de 200 euros para los más vulnerables o las ayudas para el transporte público. La próxima semana, anunciará nuevas iniciativas con un coste, en principio, de unos 10.000 millones.

El Estado central acapara casi todo el agujero de las cuentas públicas hasta octubre, con un boquete de 18.295 millones, aun así muy inferior a los 59.468 millones del mismo periodo de 2021. Esta evolución positiva es gracias al avance de los ingresos, del 25,8%, “debido, fundamentalmente, al crecimiento de los [ingresos procedentes de] impuestos en un 21,4%, 31.905 millones más”, detalla Hacienda. En cambio, el gasto solo ha avanzado un 1,9%, hasta los 240.417 millones.

Los Fondos de la Seguridad Social, al contrario, han registrado un superávit de 5.506 millones, un 0,42% del PIB, gracias al aumento de las transferencias por parte del Estado, que está asumiendo los gastos impropios de esta Administración, y la mejora del empleo. En el mismo periodo del año anterior, sus números rojos habían alcanzado los 5.984 millones de euros. También ha habido un leve descenso en los gastos, de un 0,6%.

Las comunidades autónomas son el único subsector que empeora su marca con respecto a 2021: un boquete de 5.506 millones hasta octubre (0,42% del PIB), frente al superávit del pasado ejercicio. Este peor dato se debe a una caída de los ingresos, en este caso debida a los menores flujos recibidos por el Estado, que a raíz de la pandemia había concedido generosas transferencias a los Gobiernos regionales para que apuntalaran los servicios públicos. Los flujos desde el Gobierno central fueron inferiores en un 43,3% (12.090 millones menos). Las autonomías peor financiadas registraron los déficits más abultados: Murcia, con más de un 2% del PIB, seguida por la Comunidad Valenciana (1,9%). Seis comunidades, en cambio, registraron superávit: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, La Rioja y el País Vasco.

Un 23,5% más de ingresos

Este viernes también se ha publicado el dato del déficit del Estado hasta noviembre. Se ha situado en el 2% del PIB, frente al 5,83% del mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, se trata de agujero de unos 26.500 millones, casi un 70% por debajo de 70.389 millones de 2021. “Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 23,5%”, hasta los 237.298 millones, en el que los impuestos suponen más del 80% del total, señala Hacienda.

Los gastos, por su parte, han crecido a un ritmo muy inferior: se han situado en los 263.811 millones, un alza de tan solo un 0,5% con respecto a 2021. La partida de mayor volumen son las transferencias entre Administraciones Públicas, que pesan por un 61% sobre el total y que, sin embargo, se han reducido con fuerza gracias a la mejora de la situación sanitaria, la reducción del desempleo y de los ERTE. El resto de desembolsos crece en 4.990 millones, hasta los 10.487 millones, un incremento que incluye el coste de las medidas anticrisis. El comportamiento de la inflación y la resistencia de la economía marcarán su evolución futura.