CC OO y UGT piden cambios en la nueva ley de Función Pública: “Parece un manual de recursos humanos”

Más de cal que de arena: los sindicatos CC OO y UGT han calificado como “manifiestamente mejorable” el anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE) al que el Consejo de Ministros acaba de dar luz verde. En su primera valoración general, los representantes de los trabajadores han valorado que por fin haya un texto sobre la mesa, tras 15 años esperando el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado, pero a la vez han lamentado que omite muchas de las expectativas y reivindicaciones del sector público. “Parece más un manual de recursos humanos que una ley de Función Pública que regule las condiciones laborales y profesionales” de los funcionarios de la Administración, ha señalado este miércoles Carlos Álvarez, secretario federal del sector AGE de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa conjunta con CC OO en la que las dos organizaciones han lanzado una decena de propuestas para modificar el documento.

Las sombras detectadas son muchas. Tres por encima de todas: los sindicatos consideran que el texto limita los derechos de la plantilla, se deja al posterior reglamento de desarrollo la concreción de asuntos importantes y se omiten varias materias de peso. “El anteproyecto de ley ha llegado al Consejo de Ministros con prisa y sin la necesaria negociación colectiva”, ha lamentado Elisa Fernández, secretaria general del Sector de la AGE de FSC-CCOO, quien sin embargo ha insistido en poner en valor el desbloqueo de la norma, impulsada gracias a la firma del acuerdo marco para una Administración del siglo XXI entre el Gobierno y los dos sindicatos.

Entre los aspectos positivos, UGT y CC OO han destacado el mero hecho de que por fin haya un borrador encima de la mesa, se regule la carrera horizontal, con la creación de un nuevo complemento retributivo “de carrera” —también se prevé otro de desempeño—, se constituya el nuevo grupo B de técnicos superiores y un título específico en materia de igualdad.

Por el otro lado, han apuntado a varios contenidos “negativos, dudosos y confusos”, que esperan aclarar en la negociación colectiva antes de que el texto llegue al Congreso de los Diputados. Por ello, han avanzado una batería de propuestas, como la inclusión de la jornada semanal de 35 horas y la mejora de la provisión de puestos de trabajo y movilidad. En este sentido, han tachado de “gravísima” la disposición por la cual un funcionario puede ser apartado de su puesto si suspende en la evaluación de su desempeño, un examen que introduce la nueva norma y cuyo funcionamiento se detallará en el reglamento posterior.

“El anteproyecto omite cantidad de materias esenciales en términos de derechos y deberes. Aspirábamos a que esta ley fuera recopilatoria de todo el derecho disperso que hay en la Administración”, ha resumido el Álvarez, de UGT. “Y hay un elemento que para nosotros es muy criticable, que es la filosofía que inspira a la propia ley, y que deja la regulación de materias trascendentales al reglamento. Es una ley demasiado básica. 15 años después, que vuelva a fiarlo todo a los reglamentos de desarrollo nos genera cierta incertidumbre”.

Propuestas retributivas

Los apuntes en materia retributiva han sido múltiples. Álvarez ha lamentado que la regulación de la carrera horizontal, a la que se ha referido como “la novedad más importante y esperada de la ley”, se fía al futuro reglamento y a la evaluación del desempeño. Este segundo elemento —que también se regulará posteriormente— será además la base del nuevo complemento de desempeño, que sustituirá al de productividad. “Esperamos y exigimos que durante el trámite se perfile con calificativos como objetivo y transparente todo el sistema. Con la productividad hemos tenido muchísimos problemas”.

Los sindicatos también han puesto como línea roja que se incorporen las horquillas de niveles de complemento de destino y específico según los acuerdos alcanzados en 2019; exigen recuperar las pagas extra completas tras los recortes de 2010, que se regule la indemnización por residencia y por razón de servicio y negociar la jornada de 35 horas. Respecto a la jubilación, reclaman el derecho a la jubilación parcial para los funcionarios, y que no se dificulte la prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo al personal que cumpla la edad de jubilación forzosa. “Resumiendo: creemos que se ha perdido una oportunidad para eliminar desigualdades patentes, luchar contra la arbitrariedad. Era una ocasión para impulsar elementos de objetividad y transparencia”, ha zanjado Álvarez.

Evaluación del desempeño

Ambos sindicatos consideran necesario revisar la evaluación del desempeño que prevé la nueva norma —que ya recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, pero de manera genérica—, de la cual dependerán incentivos salariales, ascensos y traslados. “No podemos permitir que se haga una evaluación con un esquema vertical”, ha dicho Fernández, de CC OO. “No se puede evaluar única y exclusivamente a las personas, la evaluación debe ser global, recíproca, por unidades, por oficinas”, ha insistido. “Hay que realizar un sistema de análisis del cumplimiento de estos objetivos, pero con garantías y sobre todo transparencia”.

Los sindicatos también han lamentado que no se fijen los concursos de traslado comprometidos en los acuerdos ya firmados, y han denunciado que el anteproyecto abra la puerta a apartar al funcionario de su puesto de trabajo si obtiene una evaluación negativa continuada del desempeño, como adelantó EL PAÍS, aún más porque “no se ha negociado la forma en la que se va a realizar dicha evaluación”, ha dicho Fernández. En el mismo sentido se ha pronunciado el sindicato CSIF, el más representativo en las administraciones públicas, en un comunicado publicado este miércoles. En ello, señala que el anteproyecto “carece de concreción y las debidas garantías en los diferentes aspectos que desarrolla como la carrera profesional, la movilidad, el teletrabajo o la evaluación del desempeño”.