Claves de la guerra entre los altos funcionarios por las ‘oposiciones light’

La bomba ha explotado. La reforma de la promoción interna en la Administración General del Estado, que prevé menos pruebas y da más peso a la experiencia, ha puesto en pie de guerra a los altos funcionarios y ha recrudecido la guerra entre los cuerpos superiores A1 (la categoría más elevada) y los funcionarios del subgrupo inmediatamente inferior, A2. Los primeros están indignados: denuncian que estas oposiciones light causarán una merma en “las capacidades, conocimientos y méritos” de los trabajadores. Los segundos, en cambio, consideran que el anterior sistema era discriminatorio y apoyan la reforma.

En esta lucha interna, la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se ha hecho portavoz del malestar de los cuerpos de élite. El miércoles se manifestó por primera vez en su historia en contra del nuevo sistema: unos 200 funcionarios se reunieron delante del ministerio y entregaron casi 1.500 firmas para pedir que se suspenda la reforma, plasmada en un acuerdo entre Función Pública y los sindicatos CSIF, CC OO y UGT el pasado 3 de noviembre, y que se basará en procedimientos simplificados. Pero, ¿en qué consiste? ¿Por qué genera tanto revuelo? A continuación, unas claves para entender el conflicto.

¿A quién afecta la reforma?

Los cuerpos de élite están bajo los focos por sus duras críticas a la reforma. Pero el acuerdo firmado el pasado 3 de noviembre no solo se dirige a este grupo, sino que afecta a todos los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), sin importar la categoría, que quieran progresar internamente.

¿En qué consiste?

El nuevo sistema simplifica los procesos para que los funcionarios puedan ascender de forma más ágil de categoría: habrá menos pruebas en la fase de oposición, un temario reducido para que no se vuelva a evaluar lo mismo, se puntuará más la experiencia y se introduce la novedad de los cursos selectivos para las categorías más altas, que serán eliminatorios. “Se persigue dar más herramientas a la persona que quiera promocionar. No se quiere bajar el nivel”, asegura Begoña Gil, portavoz del sindicato Csif de la Administración General del Estado.

La primera fase, la de oposición, pasa a realizarse mediante una prueba tipo test —las pruebas de desarrollo se limitan, en su caso, para el acceso a grupos que exijan titulación universitaria y cuando se considere “imprescindible para las funciones” propias del cuerpo—; se elimina la prueba oral, se prevé revisar y reducir los temarios para que no se vuelva a examinar sobre contenidos ya tratados en pruebas anteriores de acceso.

En la segunda fase, la de concurso, se da más peso a la experiencia: el acuerdo prevé que los servicios prestados para la Administración supongan un 60% de la puntuación en esta fase. El tiempo trabajado y los cursos de formación de al menos 15 horas representarán un 20% cada uno. Se introduce la novedad de los cursos selectivos, que se realizarán cuando “resulte necesario” y para acceder a la categoría más alta: serán eliminatorios y los impartirá la Administración. “Se reduce la parte memorística para que sea una prueba más práctica; la diferencia es que la Administración te forma, y no una academia externa”, resume Elisa Fernández, secretaria general de CC OO de la AGE. Las pruebas de idiomas, en cambio, se eliminan y se sustituyen con la presentación de certificados oficiales.

El acuerdo, en realidad, es una reforma marco que modifica la estructura del proceso, y deja algo de margen a la hora de publicar las convocatorias. “El marco es muy general, cada ministerio y organismo es soberano para poner sus propios criterios. En ningún momento se ha hablado de un porcentaje mínimo de reducción del temario, y las pruebas tipo test también pueden ser preguntas cortas a desarrollar”, ejemplifica Gil. “Las categorías más altas piensan que se va a rebajar el nivel, pero no es así. Se quiere que llegue más gente al curso selectivo, ofrecer más herramientas a quien quiera avanzar”.

¿Por qué se ha cambiado?

Administración y sindicatos justifican la reforma por el elevado número de vacantes en los actuales procesos de promoción interna, que dejan sin cubrir hasta el 70% de las plazas en algunos cuerpos. Entre ellos están los técnicos superiores de la Seguridad Social, ingenieros aeronáuticos y agrónomos, interventores y auditores del Estado, inspectores de Seguros, ingenieros de Caminos, técnicos superiores de Vigilancia Aduanera, de Tráfico, técnicos de Instituciones Penitenciarias, e inspectores de Hacienda, Trabajo o de la Seguridad Social.

Antonio González, portavoz de UGT Servicios Públicos en la Administración General del Estado, añade que la lentitud del proceso actual también genera distorsiones entre quien oposita desde dentro, que puede verse perjudicado con respecto a quien llega de fuera. “Las pruebas tipo test son más rápidas; la lectura presencial también dilataba mucho los tiempos porque se hacía en Madrid”, explica.

¿Por qué los cuerpos de élites se rebelan?

Las 43 asociaciones profesionales y sindicatos que forman parte de Fedeca (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado) y que representan a más de 15.000 funcionarios A1 se han declarado en contra de la reforma, que no han podido negociar porque no son representativas en la AGE. Es decir, no son lo suficientemente numerosas como para negociar. Entre ellas, la asociación de los inspectores de Hacienda es la más aguerrida. Reúne al 75% de los cerca de 2.000 funcionarios de este cuerpo y mantiene desde hace años una pugna con los técnicos del ministerio del subgrupo A2.

Los inspectores denuncian que no se les ha informado ni consultado sobre la reforma, ni a ellos ni a los demás A1, pese a ser los funcionarios con más responsabilidad. Consideran que el nuevo sistema es lesivo, porque reduce las exigencias, lo que redundará en una menor preparación, y además introduce criterios subjetivos que pueden provocar politización y pérdida de independencia. “No estamos en contra de la promoción interna, pero que no sea a base de rebajar los conocimientos, sino a base de formar a los funcionarios para que adquieran el nivel necesario y, a la postre, determinen servicios públicos como espera el ciudadano, con excelencia”, comentó el presidente de la asociación de inspectores, Julio Ransés Pérez Boga, durante la concentración del miércoles. Fuentes de Hacienda, por su parte, afirman que siempre hay comunicación con este colectivo y con el resto de empleados públicos.

¿Qué dicen los técnicos?

Los técnicos de Hacienda, reunidos en torno al sindicato Gestha, representan en este caso la otra cara de la moneda. Forman parte del subgrupo A2, son unos 7.000 empleados y apoyan la reforma. Argumentan que el sistema actual de promoción interna no logra cubrir las plazas y recuerdan que en los próximos años habrá una ola de jubilaciones. Añaden que es discriminatorio, porque se les evalúa de la misma manera que la gente que viene desde fuera, con las mismas pruebas memorísticas pese a la experiencia y a haber ya opositado para acceder.

También critican que los inspectores de Hacienda acumulan privilegios y son los funcionarios de élite con los sueldos más elevados. Calculan que el 76,4% cobra más que el presidente del Gobierno (86.542,08 euros), con salarios que llegan hasta los 140.000-160.000 euros, y creen que esta es una de las razones por las que se les han quitado tareas. Por ello reclaman más responsabilidades, por ejemplo recuperando la posibilidad de firmar la autoría de los procedimientos.

¿Cuándo entrará en vigor?

La reforma de la promoción no es una normativa, sino se cristalizará en una instrucción de Función Pública dirigida a los ministerios y organismos. Su aplicación, además, será progresiva y, de momento, no ha salido ninguna convocatoria. Solo hay un proyecto piloto para la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos para la promoción al subgrupo A1, cuya fecha aún no está decidida. “Es a partir de enero cuando se empezará a desarrollar más el nuevo sistema”, subraya Fernández, de CC OO.