Derechos teóricos frente a la banca

Los ciudadanos son muy poca cosa ante los bancos. A principios de este año la resolutiva acción del cirujano Carlos San Juan con su campaña “soy mayor, no idiota” sacudió al sector. Puso al desnudo el malestar de los mayores por el trato que sufren de los bancos. En pocos días recogió 600.000 firmas de apoyo y rápidamente fue recibido por las autoridades. En octubre las patronales bancarias acordaron diversos compromisos para corregir sus conductas.

Pero la realidad es otra. Este periódico ha recibido muestras de indignación por el trato “deshumanizado” que la banca da a los mayores. Los agravios motivan estudios. La Fundación Finsalud acaba de premiar al investigador Javier Esteban Ríos por su trabajo La actividad bancaria como servicio de interés general: de la regulación a la prestación obligatoria de servicio.

El galardonado, profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza, primer premio de España de fin de carrera de Derecho, destaca las nuevas competencias del Estado para intervenir en la banca con el fin de asegurar que los ciudadanos dispongan de unos servicios económicos esenciales. Se trata de garantizar “auténticos derechos” ante los bancos, como tener una cuenta de pago básica. “Me interesó este tema”, explica, “por la situación de mis abuelos de 80 años, que viven a 40 kilómetros de Teruel y no tienen acceso al efectivo”.

El ejercicio de estos derechos va muy lento. Vienen impulsados por Europa desde 2014. En España las cuentas básicas son obligatorias desde 2019. Pero la mayoría de ciudadanos desconocen estas cuentas, sin comisiones, y que para las personas vulnerables son gratuitas. Las autoridades desconocen cuántas cuentas básicas existen realmente.

La entrega del galardón se realizó el pasado viernes en el Foro Anual de Finsalud que este año se dedicó a la inclusión financiera. La entidad impulsa investigaciones sobre los daños causados a la salud por los abusos bancarios. Durante el foro, Gloria Veiga, presidenta de la Confederación Estatal de Mayores Activos, sintetizó su preocupación: “Lo que pedimos es que los mayores tengan una persona humana que las atienda”.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, celebró que la banca haya superado su negacionismo y admita la realidad de la exclusión financiera. Cristina Freijanes, secretaria general de las cooperativas de crédito, aseguró que no habían reducido sus servicios presenciales.

El notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova destacó los avances en los derechos de los hipotecados y subrayó que la nueva directiva de 2021 los eleva al pasar de “alentar” a “exigir” determinadas obligaciones a los prestamistas. El diplomático Javier Rupérez, presidente de Denaria, abogó por la defensa del efectivo como garantía de la inclusión financiera.

José Manuel Ribera Casado, catedrático emérito de Geriatría, presidente de honor de la fundación, apremió a los ciudadanos a “protestar” para ser escuchados.

Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de derecho bancario, presidente de Finsalud, concluyó el foro con una exhortación directa: “Lo que pedimos es un trato amable” de la banca a los ciudadanos. En otras palabras, respeto.