Bruselas acortará los plazos para las renovables a costa de protecciones medioambientales

La agudización de la crisis energética por la invasión rusa de Ucrania obliga a Europa a pisar el acelerador con las renovables. La Comisión Europea quiere aligerar, al menos de forma transitoria, los a menudo largos procesos burocráticos tanto para la puesta en marcha como para la actualización de las plantas, que suele traducirse en aumentos de potencia. Una propuesta a primera vista loable que, sin embargo, tiene un pero que puede sublevar a las organizaciones defensoras del medioambiente: el paquete de medidas “temporales, proporcionales y extraordinarias” de Bruselas permite —bajo el argumento del “interés público superior”— saltarse la directiva que protege a las aves silvestres y su entorno en la UE. También prevé que la obtención de determinados permisos se pueda realizar sin un estudio de impacto medioambiental previo o imponiendo un plazo máximo de un año para realizarlo.

La propuesta de un reglamento para “acelerar el despliegue de energía renovable” recuerda que la crisis energética que sacude Europa —y que ha centrado las últimas reuniones de ministros y jefes de Estado y Gobierno— requiere de una acción “temporal pero inmediata” para lograr que objetivos como la transición a energías limpias “se acelere”. Estas metas, sin embargo, chocan con los “largos y complejos procedimientos administrativos, (...) obstáculos clave que ponen trabas a la velocidad y cantidad de inversiones en renovables y en infraestructura relacionada”.

Una situación que no acaban de resolver las enmiendas a varias directivas sobre las renovables que ya aprobó el Ejecutivo comunitario en mayo, pero que requieren “tiempo para concluir las negociaciones legislativas, su entrada en vigor y transposición a las legislaciones” de los Estados miembros. Esos cambios, enfatiza la Comisión, solo se materializarán a medio plazo, mientras que la crisis actual requiere de una actuación mucho más rápida. El axioma es sencillo: cuanto más rápido sea el despliegue de la eólica y de la solar fotovoltaica, menos necesarios serán el gas natural y el carbón en el mix eléctrico y, por tanto, menores serán también los precios que afrontan los consumidores.

El paso enérgico que se quiere dar ahora responde a ese criterio de urgencia. Implica aprobar un reglamento —que, al contrario que las directivas, que necesitan leyes propias de cada país, se aplica directamente en toda la UE sin necesidad de transponerlo a la legislación nacional— para cambiar de forma temporal (en principio por un año, aunque el periodo podrá ser renovable por seis meses más) los procedimientos burocráticos, acortando sobre todo los plazos de obtención de permisos.

No es ese el único punto en que esta propuesta propone relajar las protecciones medioambientales. De hecho, el texto califica la planificación, construcción y operación de plantas para la producción de energía de fuentes renovables y su conexión a las redes como cuestiones en las que predomina el “interés público superior” por su impacto en la salud y seguridad públicas. Bajo este principio, agrega el texto legal que ahora debe ser sometido a la consideración de los Veintisiete, “allí donde proyectos específicos hayan adoptado medidas mitigadoras apropiadas para evitar colisiones o impedir disrupciones (...), la muerte o perturbación de especies protegidas [por la directiva de Aves] no será considerada deliberada”.

No obstante, la propuesta final contiene algunas matizaciones nuevas (como que se deberá realizar una vigilancia adecuada para valorar la eficiencia de las medidas adoptadas para provocar el menor daño posible a las especies afectadas por la construcción del proyecto) frente a un borrador que pudo consultar este periódico y que se saltaba de manera más abrupta las protecciones animales. Una muestra de que la Comisión es consciente de que la cuestión medioambiental es muy sensible en momentos en que numerosas asociaciones llevan tiempo denunciando el uso de la guerra de Ucrania como excusa por parte de algunos sectores —especialmente el agrícola— para aligerar medidas protectoras de la flora y fauna europeas.

Autoconsumo y repotenciación

Con el objetivo de “acelerar el despliegue de proyectos de energía renovable que tienen alto potencial de tener un impacto rápido y efectivo”, Bruselas propone asimismo a los Gobiernos nacionales aplicar el criterio de silencio administrativo positivo para instalaciones de energía solar para autoconsumo de una potencia máxima de 50 kilovatios (KW). En otras palabras: si las autoridades competentes no responden en el plazo de un mes, “el permiso se considerará como dado” de forma tácita.

El umbral de 50 KW es generoso: es bastante más que la potencia media de una instalación doméstica, por lo que quedaría cubierta una amplísima mayoría de proyectos. El autoconsumo, que está creciendo a gran velocidad en países como España o Alemania, es una de las soluciones más sencillas para reducir la factura energética y liberar carga sobre las redes de transporte de electricidad.

Bruselas también quiere acelerar en otro frente: en la repotenciación de las plantas de energías renovables, un proceso que irá ganando importancia en los próximos años, a medida que los primeros proyectos de solar y eólica vayan quedando obsoletos desde el punto de vista tecnológico. En esos casos —en los que la simple sustitución del equipamiento por otro más moderno permite aumentar, y muy sustancialmente, el caudal de electricidad generado sin necesidad de utilizar más espacio físico—, el plazo para conceder los permisos “no deberá exceder el año”. Un periodo en el que quedarán incluidas las “evaluaciones medioambientales, si son requeridas por la legislación” nacional o regional, uno de los puntos que suelen eternizar muchos proyectos.

La propuesta comunitaria también prevé que el plazo máximo para conceder el permiso para instalar bombas de calor —una tecnología muy eficiente y que se antoja fundamental para sustituir las calefacciones de gas natural— “no exceda los tres meses”. Algo que sucede en varios Estados miembro.

“Es muy lógico tanto lo de las bombas de calor como lo del autoconsumo y lo de la repotenciación. Pero el tema de la directiva de hábitats y aves tiene muchos riesgos: cuando haya un problema con un proyecto [de renovables], la culpa se la echarán a Europa”, avisa el eurodiputado español Nicolás González Casares, de la familia socialdemócrata, que ve en la utilización del criterio de urgencia “una clara concesión a Alemania”.

“Entiendo que se haga, pero también hay que avanzar más rápido en el tope sobre el precio de las importaciones de gas y en el desacople del gas y la electricidad [la extensión de la excepción ibérica al resto del continente]”, urge González Casares. “Es comprensible que tengan prisa en sacar esto adelante, pero también tienen que tenerla para los otros temas, que no interesan tanto a Alemania”.