Eliminar las subvenciones a la energía y centrarse en los más vulnerables: los consejos de Fedea al Gobierno

El Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas para mitigar el impacto económico de la invasión rusa en Ucrania. Solo en rebajas fiscales a la energía y subvenciones a los carburantes se han desplegado casi 17.000 millones de euros, según calcula la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que aconseja ir eliminando las ayudas generalizadas y redirigir este importe hacia los más vulnerables. En su último informe, firmado por el director del organismo Ángel de la Fuente, estima que con esos 17.000 millones se podrían entregar cheques de 1.889 euros a los nueve millones de familias con renta neta mensual menor de 2.000 euros, lo que cubriría un 31% de su gasto medio en comida y energía. “En lugar que compensar a los precios, hay que compensar a las rentas”, ha señalado De la Fuente este martes durante la presentación del estudio, en la que ha criticado los nuevos impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas anunciados por el Ejecutivo por ser “arbitrarios” los primeros dos y “problemático” el tercero.

Antes de que termine el año, el Ejecutivo tendrá que decidir qué medidas anticrisis amplía, cuáles elimina y si diseña nuevos apoyos. De momento, el proyecto de Presupuestos para 2023 que se está tramitando en el Congreso solo recoge algunas de ellas: la ampliación de los bonos sociales eléctrico y térmico, el mantenimiento de subvenciones al transporte y rebajas fiscales para pymes y en el IRPF para rentas bajas y autónomos.

La Comisión Europea, organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Autoridad Fiscal (Airef) española ya han aconsejado evitar bajadas generalizadas de impuestos y ayudas de carácter universal en un momento en el que la coyuntura se está deteriorando, y en su lugar dar apoyos selectivos. “El principal problema que vemos es que se está gastando demasiado dinero en ayudas generales y reducciones impositivas que incentivan el consumo energético”, ha señalado el director de Fedea. De la Fuente ha detallado que el tipo efectivo de los impuestos sobre la electricidad ha pasado del 30% al 0%, lo que supone un shock positivo para la inflación, que lleva meses disparada. “Estamos curando el síntoma, pero no el problema”.

Fedea recomienda revertir de manera gradual la rebaja fiscal a la electricidad y eliminar la bonificación al carburante —aunque aconseja mantenerla para los profesionales— para centrarse en las rentas más bajas y en los sectores económicos más afectados.

“Motivación electoral”

La proposición de ley que crea el nuevo gravamen a banca y energéticas, ahora en trámite, sentaría ”un precedente muy preocupante” según Fedea, que dejaría “en papel mojado en el ámbito fiscal los principios constitucionales de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad”. Eso porque la iniciativa del Gobierno pretende aplicar el recargo sobre los ingresos y no sobre los beneficios extraordinarios, y porque hay sectores que tienen resultados “iguales o mejores” que los que se verán afectados por los nuevos gravámenes.

En cuanto al impuesto de solidaridad a los ricos, el informe alerta del conflicto que generará con las comunidades, porque se solapará al impuesto sobre el patrimonio que estas gestionan. “El nuevo tributo limita por la puerta de atrás la capacidad de las comunidades autónomas de modular la fiscalidad sobre el patrimonio que les confiere la normativa vigente, lo que podría ser motivo de inconstitucionalidad, o de nulidad por invasión de competencias”, señala el informe. “Es una batalla absurda entre administraciones”, ha añadido De la Fuente.

El director del organismo también ha insistido en la necesidad de alcanzar un pacto de rentas. Ha subrayado que los sueldos deberían subir menos que la inflación, y que a su vez el incremento del salario mínimo que ahora se está negociando debería estar por debajo del aumento general de los salarios. Por otra parte, ha criticado la fórmula con la que el Gobierno ha diseñado la rebaja del IRPF para las rentas bajas en los Presupuestos —una reducción de los rendimientos del trabajo— porque eleva el tipo marginal efectivo de gravamen. “En conclusión, entre las últimas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno se incluyen algunas disposiciones poco meditadas, técnica y legalmente problemáticas, con una fuerte carga ideológica y clara motivación electoral”, zanja el informe.