Bruselas propone usar 40.000 millones de los fondos de cohesión para amortiguar el impacto de la crisis energética

La caja de herramientas de la Comisión Europea para hacer frente a la guerra energética de Rusia contra la UE cada vez tiene más elementos, aunque varios son reciclados. A las medidas de ahorro urgentes, los inéditos gravámenes para los beneficios caídos del cielo de las energéticas y los mecanismos de intervención del mercado inimaginables en otra época y destinados a reducir el impacto de la crisis de los precios del gas y la electricidad, el Ejecutivo comunitario añade ahora una nueva regulación para tratar de relanzar su central de compras conjuntas, un marco regulatorio que garantice la solidaridad entre Estados y un tope temporal y dinámico a los precios de referencia en Europa, como adelantó EL PAÍS. Con los hogares muy tocados por el impacto de la inflación energética, también ha avalado que se abra la mano para gastar hasta 40.000 millones de euros del paquete de los fondos de cohesión aún no empleados y que podrían desviarse para medidas de apoyo a hogares y pequeñas empresas, una vía que trata de contentar a un buen número de Estados miembros que reclaman a Bruselas limitar el precio del gas y medidas contundentes y rápidas, y que probablemente no se conformarán con las herramientas presentadas este martes.

El brazo ejecutivo de la Unión no se plantea de forma inmediata imponer un tope al precio del gas. Sin embargo, se ha abierto a explorar la extensión a toda la UE del conocido como “mecanismo ibérico”, que en España y Portugal limita los precios del gas empleado para producir electricidad y que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva proponiendo activamente desde hace meses para toda la UE. “Este modelo se ha introducido en España y Portugal, donde ha reducido los precios de la electricidad”, ha recalcado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en Estrasburgo, durante la presentación de las medidas. “Estamos analizando los datos disponibles en este momento para encontrar respuestas a una o dos preguntas que aún están abiertas”, ha comentado sin comprometerse a nada Von der Leyen, que ha señalado que el mecanismo que Madrid y Lisboa aplican desde junio debería adaptarse a la realidad de la UE, con países que descansan en diferentes combinaciones energéticas, y, sobre todo, evitar que se produzca una mayor demanda de gas. Alemania, con un gran peso en las decisiones de la Unión, y Holanda, son reacias al modelo español y a otros tipos de tope del precio del gas propuestos por otros países.

Como sucedió durante la pandemia de covid-19, la nueva regulación, que debatirán los líderes de los Veintisiete en la cumbre de finales de semana en Bruselas, permitirá que se abra un poco la hucha de los fondos de cohesión para hacer frente a los efectos de la crisis energética, que amenaza con conducir a la economía de la UE a la recesión. El montante disponible por país de esos 40.000 millones de euros queda por determinar.

La medida se suma a una nueva relajación clave de la normativa de competencia, que permitirá el rescate de empresas consideradas fundamentales y que están en apuros (o incluso en la insolvencia) por la batalla energética del Kremlin, según un borrador de la normativa que avanzó este diario. Una regulación en la que también cabrán compañías energéticas (muchas, afectadas por su dependencia del gas ruso o tocadas por los cambios de mercado) y que llega convenientemente después del anuncio de Alemania de una lluvia de hasta 200.000 millones de euros para programas de apoyo energético a familias y empresas criticado por varios países, que han alertado de que puede poner en riesgo el mercado único.

Solidaridad ‘obligatoria’

Solo seis de los Veintisiete países de la UE han firmado acuerdos bilaterales de solidaridad en caso de problemas cruciales de suministro de gas (Alemania con Dinamarca y Austria; Estonia con Letonia y Finlandia; Lituania y Letonia e Italia y Eslovenia). Según la regulación europea, ha advertido Von der Leyen, debería haber 40 pactos. Ahora Bruselas propone un mecanismo que garantizará la solidaridad de suministro hacia un Estado miembro con problemas graves y urgentes de suministro a cambio de una “compensación justa” y que se ponga en marcha cuando no haya acuerdo.

La obligación de solidaridad, dice Bruselas, se extenderá a los Estados miembros no conectados con instalaciones de gas natural licuado, siempre que el gas pueda transportarse al Estado miembro donde se necesite. “Es la póliza de seguros más importante para los Estados europeos en tiempos de crisis”, ha incidido Von der Leyen. “Cuanto mejor organizados estemos, mejor”, ha añadido la presidenta de la Comisión, que ha vuelto a hablar de unidad.

Bajo esa premisa, Bruselas quiere relanzar su plataforma de compras conjuntas. La Comisión quiere una garantía de que funcione y para ello prevé que sea obligatorio que los Estados miembros que tienen almacén (algo menos de una veintena) compren a través de esa fórmula de consorcios el 15% de su capacidad de almacenaje. Eso sería equivalente a 13.500 millones de metros cúbicos.

Medidas poco ambiciosas

Los líderes de los Veintisiete reclamaron hace dos semanas a la Comisión Europea la puesta en marcha de nuevas medidas urgentes para la crisis energética. El paquete presentado este martes por el equipo de Von der Leyen, sin embargo, no es demasiado ambicioso: la central de compras —que la comisaria de Energía, Kadri Simson, ha denominado como “la joya de la corona” de las medidas— existía desde primavera, pero no se utilizaba apenas por la oposición de Berlín, que tira de su empuje económico para los acuerdos con los suministradores.

España, que ha capitaneado desde el principio las reclamaciones para una reforma energética y la puesta en marcha de medidas para hacer frente a los embates provocados por el uso de la energía como arma del presidente ruso, Vladímir Putin, y ha sido pionero en las intervenciones del mercado para limitar los precios de la electricidad, ha advertido ya de que las medidas presentadas este martes no son suficientes. “Son propuestas que siguen dejando una sensación de que no estamos actuando a la velocidad y con la intensidad que se requiere”, ha reclamado la ministra de Transición Ecológica española, Teresa Ribera, que ha criticado la “falta de concreción” del Ejecutivo comunitario sobre los límites a los precios del gas y el diferente impacto de las fórmulas presentadas hoy en los Estados miembros. “Es fundamental que la demanda de flexibilidad y de solidaridad con los países más afectados, se haga respetando la capacidad que tenemos otros Estados de continuar la transformación de nuestro modelo. Aunque se está avanzando a una velocidad insólita en los parámetros habituales de la Unión Europea, estamos lejos de poder identificar con claridad las soluciones que puedan mantenerse a lo largo del tiempo y en simultáneo”, ha añadido Ribera, según informa Carlos E. Cué.

De momento, el único tope que avanza claramente es el que la Comisión quiere imponer a los mercados, como adelantó este diario. Con dos patas: una de ellas es un “mecanismo de corrección” de precios de referencia a través de la principal bolsa de gas europea, Title Transfer Facility (el holandés TTF), una especie de euribor del gas, el punto de referencia para todo el gas negociado en el continente. El tope será dinámico y temporal y se activará cuando sea necesario. Las transacciones a un precio superior a ese límite dinámico no estarán permitidas en el TTF, lo que, según la Comisión, ayudará a evitar la volatilidad extrema y los precios excesivos. El otro límite se ha diseñado como un “collar temporal” de picos de precios intradiarios, que establecerán las bolsas de derivados en la UE y que se plantea como una herramienta para proteger a los operadores de energía de los grandes movimientos de precios intradiarios.

Sin embargo, como ha precisado Von der Leyen, estos mecanismos son solo puntuales hasta que se desarrolle un punto de referencia que no sea el TTF, que con el cambio de modelo desencadenado por la merma de suministro de gas ruso ya no refleja la realidad energética de la UE, pero al que siguen indexados muchos contratos de gas en Europa. Bruselas trabajará con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) para desarrollar un nuevo precio de referencia complementario.