Patatas de 20 céntimos que se venden a 1,5 euros: el golpe de la inflación desde el campo al súper

La inflación sigue expandiéndose en la cesta de la compra. Los cereales, los quesos y las carnes lideran la mayor alza de precios en casi cuatro décadas. La inflación, del 10,8% en julio, empezó en la energía, pero fue extendiéndose a todos los productos y eslabones de la cadena alimentaria: el campo, el transporte y la distribución. Ante el aumento de los costes de producción, provocados por el encarecimiento de la gasolina y de los fertilizantes, varios agricultores dejan tierras en barbecho para no trabajar a pérdidas. Y las grandes cadenas de distribución se han visto forzadas a simplificar sus surtidos y sus embalajes para contener los costes y no perder competitividad. La inflación les pasa factura a todos.

Según datos del INE y del Ministerio de Agricultura, los precios percibidos por los agricultores han subido un 31,3% en junio de 2022 con respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, unos mayores ingresos no implican que se estén enriqueciendo, puesto que los costes de producción a los que se enfrentan también han aumentado de forma considerable. Daniel Trenado (32 años), agricultor extremeño desde hace cinco, saca las cuentas: “Un cerealista suele calcular alrededor de 40.000 euros de gasto para empezar una cosecha de 100 hectáreas de secano y un agricultor de fruta en torno a los 100.000 euros para cubrir 35 hectáreas”. Pero la inflación ha hecho que esas cantidades hayan quedado muy desfasadas: el gasoil y el acero han subido hasta un 150% y los fertilizantes un 300%, por lo que un productor tiene que poner sobre la mesa mucho más dinero, advierte.

Todos los agricultores saben ya cuánto deberán invertir para la próxima temporada y no se la pueden jugar a que no cuenten con capital suficiente. La situación actual implica un riesgo muy grande, porque el mercado de materias primas experimenta una fase de alta volatilidad, sopesa Trenado. “En octubre, puedes sembrar trigo e incurrir en gastos muy altos, con la esperanza de que al terminar la cosecha recuperes lo que has gastado. Pero cuando llega junio puede que la tonelada ya no valga 340 euros como antes, sino la mitad. Las cuentas no salen y pierdes mucho dinero”, agrega. Ante la incertidumbre, varios agricultores optan por dejar descansar una porción de su tierra para no arriesgarse. “Si tienes 100 hectáreas de cereales, siembras solo 20 y cobras una subvención también para la parcela que se queda en barbecho, según prevé la Política Agraria Común (PAC). Con eso a lo mejor te puedes sustentar”, zanja el productor.

Para evitar que los agricultores trabajen a pérdidas, el Gobierno aprobó la ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el pasado mes de diciembre. Una norma que, según Trenado, hace aguas. “Nadie fija adecuadamente cuáles son los costes de producción y nadie inspecciona los contratos para comprobar que la norma se cumpla”, asegura. Aun así, el Ministerio de Agricultura asegura que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es el organismo encargado de controlar la ejecución de la ley y sancionar las posibles infracciones. “Ya está teniendo efecto, puesto que ha permitido reforzar la capacidad de negociación de los productores”, añaden fuentes del ministerio.

Precios multiplicados por ocho

El precio del producto sigue inflándose a medida que se avanza en la cadena alimentaria hacia el consumidor. En algunos casos, del campo al súper se multiplica casi por ocho: para un kilo de patatas, los intermediarios pagan al agricultor 20 céntimos, mientras que el cliente en la tienda lo compra a 1,51 euros, lo que supone un aumento porcentual del 656%. Así se desprende del último índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD) que publica cada mes la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). El ajo y el melón también sufren grandes variaciones de precio del campo a la mesa, del 743% y del 505%, respectivamente.

Andrés Góngora, responsable del sector de fruta y hortalizas de COAG considera que en los productos hortofrutícolas es donde más se percibe el diferencial de coste entre el origen y el destino. Algo sorprendente, a su juicio, puesto que no están supeditados a ninguna transformación industrial, como el aceite o la leche. Los precios que percibe el agricultor se construyen desde arriba para abajo, señala Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de los Jóvenes Agricultores (Asaja). “La distribución marca su margen de ganancia, luego le toca a la industria y al final al agricultor. La presión que se ejerce sobre el productor es altísima y la rentabilidad muy baja”, apunta.

Sobre el papel, los precios en origen suben cuando hay escasez y se derrumban cuando la cosecha es abundante. “El problema es que cuando los precios en el campo son altos, los supermercados siguen elevándolos a su vez, mientras que cuando son bajos, ese descenso no se repercute al consumidor. En las tiendas, los precios suben como un cohete, pero bajan como una pluma”, afirma Góngora. Al mantener los costes muy altos, los puntos de venta no fomentan el consumo y generan un tapón en origen, porque los consumidores compran a cuentagotas, asevera el coordinador de COAG. “Así, se acumula el producto en el campo y durante el resto de la campaña los distribuidores se lo pueden llevar con un coste más bajo”, zanja.

Las empresas de transporte de mercancías tampoco escapan del mordisco de la inflación. La bajada de los precios del combustible en las últimas semanas y la subvención de 20 céntimos por litro de gasoil introducida por el Gobierno en marzo han dado un respiro a los transportistas. Aun así, alcanzar el beneficio sigue siendo un reto para muchos. Juan Ordóñez, gerente de una pequeña compañía en Granada, relata que en julio el gasoil seguía representando alrededor de un 60% del coste de explotación del vehículo, cuando normalmente no debería superar el 35%. El Adblue, un aditivo que permite reducir la contaminación del diésel, también se ha encarecido hasta un 100% y un neumático ha pasado de costar 450 euros a 600 euros. Según los datos recogidos por la patronal Fenadismer, la escalada de precio de los combustibles ha supuesto al conjunto de empresas del sector un sobrecoste adicional de 6.250 millones en lo que va de año.

Al fuerte aumento de precios se suma la baja actividad en agosto, que ha obligado a Ordóñez a parar sus camiones para evitar trabajar a pérdidas. “Retomaré la actividad al principio de octubre, cuando empezará la campaña de fruta y verdura. Se han quitado de la circulación muchos vehículos por falta de actividad y muchas firmas no han sobrevivido. No podemos correr este riesgo”, asegura.

Márgenes más estrechos en la distribución

La patronal de supermercados Asedas anota que la subida de los costes y de las materias primas importadas —España es un país especialmente dependiente de la importación de cereales para pienso— está doblando todos los eslabones de la cadena alimentaria. “Los márgenes de los distintos operadores de la cadena se estrechan más a medida que se acercan al punto de venta para repercutir lo menos posible el alza de precios al consumidor final. En España hay 300 cadenas de supermercados y la prioridad de todos es vender a los precios más bajos posibles. Ante una alta sensibilidad a la inflación por parte de los consumidores, la fortísima competencia entre los distribuidores hace que ninguno quiera perder sus clientes”, asegura Ignacio García Magarzo, director general de Asedas.

Para la distribución alimentaria, el primer coste suele ser el inmobiliario, el segundo es el personal y el tercero es la energía. Pero este último ha pasado a ser el segundo en muchos casos y amenaza seriamente la sostenibilidad del sector, advierten fuentes de la distribución. “Algunas empresas perderán dinero este año por el impacto de los precios energéticos”, añade Magarzo.

La escalada de precios se arrastra hasta la mesa del consumidor, que ya pone en marcha comportamientos típicos de contención de gasto, según percibe el sector. Muchos clientes acuden a las tiendas con más frecuencia, pero su tique medio disminuye. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calculado que las familias españolas afrontarán este año un sobrecoste de más de 830 euros en el gasto anual de alimentación. Los huevos, el aceite y la harina destacan entre los productos que más han inflado su coste, entre un 40% y un 50%. Algunas hortalizas también han experimentado importantes subidas, como las berenjenas (38,1%), los calabacines (34,9%) y los limones (25,3%). Y la OCU alerta: el escenario no parece que vaya a mejorar en el corto plazo. La espiral alcista de precios sigue apretando.