Telefónica gana definitivamente su batalla con Hacienda por más de 1.000 millones de euros

Telefónica ha ganado definitivamente la larga batalla que mantenía con Hacienda a propósito de una liquidación del impuesto de Sociedades de hace más de una década, por la que se disputaban más de 1.000 millones de euros. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 29 de octubre de 2021 que le daba la razón a la operadora. De esta forma, la sentencia ya es firme, y el Estado deberá resarcir a Telefónica con una cantidad en efectivo que, incluidos los intereses de demora, puede alcanzar los 1.200 millones de euros, según ha podido saber EL PAÍS en fuentes jurídicas.

El auto del Supremo, de fecha el pasado 6 de julio, ha confirmado los criterios de utilización de bases imponibles negativas y deducciones mantenidos por Telefónica, en relación con los acuerdos de liquidación derivados de la inspección del Impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2008 a 2011, según las mismas fuentes.

La ejecución de la sentencia, que ahora deviene firme, dará lugar a la devolución de impuestos satisfechos en exceso en dichos ejercicios. Aunque Telefónica no ha cuantificado con exactitud esperando el fallo final del Supremo, las cuotas tributarias pagadas en exceso como los intereses de demora elevarán la factura para Hacienda a más de 1.200 millones de euros. Una cantidad considerable superior al beneficio que ha tenido en el primer semestre de este año (1.026 millones de euros) todo el grupo que preside José María Álvarez-Pallete.

Anteriores sentencias ya habían obligado a Hacienda a pagar a Telefónica 903 millones (702 millones de principal y 201 de intereses de demora) por el mismo litigio fiscal, que se remonta a una operación efectuada hace más de una década, en plena burbuja tecnológica. Era el año 2000 cuando Terra, la entonces filial de internet del grupo, se hizo con el buscador Lycos por unos 8.000 millones a través de un canje de acciones.

Un largo proceso con origen en Terra

Cuatro años después, Terra vendió Lycos por una cifra muy inferior al precio de adquisición: menos de 90 millones de euros. Las minusvalías generadas, que se calcularon a partir del valor contable de las acciones del buscador, permitieron a la filial de Telefónica apuntarse un crédito fiscal de 272 millones de euros ―la normativa permite que las pérdidas se usen para reducir la base imponible de ejercicios futuros a efectos del pago del impuesto de sociedades―. Pero a posteriori la compañía se dio cuenta de que la base imponible negativa podía calcularse según el valor de mercado de las acciones de Lycos recibidas. Así que rehizo las cuentas y reclamó a Hacienda un crédito fiscal mucho más cuantioso por la misma operación.

En el informe anual relativo al ejercicio 2004, Terra señaló que estudiaba la posibilidad de acreditar una minusvalía más elevada por la operación, de hasta 7.418 millones. Esta cifra suponía un crédito fiscal de unos 2.600 millones de euros, unas 10 veces más que los inicialmente apuntados. Ese mismo año, Telefónica se hizo con el 75% de Terra para poder deducirse esas pérdidas que había acumulado tras la venta de Lycos.

Hacienda no reconoció el crédito fiscal a Telefónica, que recurrió, sin éxito, ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). El grupo de telecomunicaciones acudió entonces a la Audiencia Nacional, cuya resolución en 2012 causó un giro inesperado en el litigio: la Abogacía del Estado cambió su criterio a favor de la compañía, pero el fallo desestimaba la demanda de la sociedad en aspectos en que el Estado le había dado la razón. Finalmente, en 2015 el Supremo dio la razón a la empresa, pero Hacienda se resistió inicialmente a ejecutar la sentencia.

Por ello, Telefónica recurrió al TEAC, que en 2019 le dio parcialmente la razón y obligó a Hacienda a pagar 702 millones a la compañía “de las cantidades ingresadas en exceso en los ejercicios 2009 y 2010″. Después, el grupo también exigió ―otra vez con éxito― 201 millones de intereses de demora.