Modelo Menorca
En momentos de plena ocupación turística muchos vuelven los ojos a la isla, sinónimo de ocupación razonable y explotación sostenible, creciente protección de las costas, planificación urbana y compromiso ecológico
El turismo masivo salva este año la economía. Pero el paradigma selectivo que ya ha incubado como su alternativa nos salvará de aquel. Por eso, en estos momentos de plena ocupación muchos vuelven los ojos al modelo Menorca, sinónimo de ocupación razonable y explotación sostenible, creciente protección de las costas, planificación urbana, compromiso ecológico. Es un patrón que utilizan distintos rincones de la España vaciada, pero también de la ocupada, como el conjunto de las islas Baleares.
Pero ese modelo no ha nacido sin dolor. En el ocaso del franquismo, el plan provincial de 1973 prevé la completa, intensiva y desbordante urbanización del litoral, impulsada por una carretera orbital, en todo el perímetro de la isla, sobre el planillo del antiguo Camí de Cavalls, una antigua vía de seguridad frente a los piratas y con objetivos de defensa militar. Empiezan las movilizaciones populares para impedirlo, animadas por distintos grupos de oposición y especialmente el muy activo GOB-Menorca creado en 1977 por jóvenes ornitólogos y otros naturalistas, que ahora cumple 45 años con 1.500 socios. Primero defienden el territorio, centímetro a centímetro y playa a playa. Logran que en 1993 la UNESCO declare la isla como Reserva de Biosfera.
Bajo ese paraguas, los resultados se multiplican con celeridad. En 1995 la Albufera des Grau (al noreste), que debía albergar un puerto deportivo, campo de golf y urbanización, se proclame por decreto parque natural, a lo que se añaden otras playas (Macarella, Trebalúger, Turqueta, Binigaus...). En 2000 se logra la protección por ley (y mejora) del viejo camino de caballos, para intercomunicar la isla, pero a pie y en bicicleta.
En 2003 el Plan Territorial Insular desclasifica cerca de 60.000 plazas turísticas, impide nuevas ocupaciones del litoral y protege todo el suelo rústico. En 2012 una ley autonómica conservadora, siendo presidente José Ramón Bauzá revierte algunos logros y permite regularizar plazas hoteleras ilegales en primera línea de mar. Ahora mismo, la ley de Reserva de la Biosfera en tramitación propugna aumentar las competencias insulares en recursos hídricos, facilitar la limitación de entrada de coches (como se hizo con éxito en Formentera en 2018) y reducir plazas en los hoteles más voluminosos.
Y es que, pese a todo, la pugnacidad del turismo intensivo, incluso en los bordes de la legalidad, no se rinde. Menorca registra 80.000 habitantes: en agosto de 2019 acogió a 200.000 personas, unas 30.000 más que la suma de censados y el número de plazas turísticas disponibles.
“Nos calificaban de antieconómicos y el tiempo ha acabado por darnos la razón”, reflexiona Miquel Camps, fundador del GOB y uno de sus principales ideólogos, que ha pactado programas y medidas con los demás grupos y partidos progresistas. El movimiento no pretende arrasar el turismo, sino racionalizarlo con alternativas concretas, que en buena parte ya funcionan como hoteles de ciudad, agroturismos, accesibilidad controlada. Y, sobre todo, plasmando nuevos “cultivos turísticos” basados en la cultura (musical y popular), la naturaleza (circuitos), el arte (de los talaiots a las grandes mansiones de armadores decoradas con frescos, como Ca n’Oliver, musealizada por la municipalidad de Maó), la historia, la gastronomía.
Uno de los programas más novedosos del grupo es el de Custòdia Agrària, que persigue una reconversión del cuasi monocultivo lechero a un aumento de la variedad, la calidad y la certificación ecológica: “Fomentamos la alianza entre ecologistas y payeses, 36 fincas forman ya parte de esta red, que ofrece asesoramiento, voluntad, promoción e incidencia institucional, sobre la base de que la conservación ambiental constituye uno de sus principales valores añadidos de sus productos”, explica su presidente, Carles Coll.
El modelo Menorca está mutando ahora mismo. De ser contemplado con admiración a servir como referencia práctica y concreta. En octubre cumplirá un año el Pacto por la Reactivación de las Islas Baleares, aprobado por todos los partidos, fuerzas sociales y económicas de la comunidad (a excepción del PP y de Vox). “Muchos de sus elementos han encontrado inspiración en la experiencia menorquina, de la protección y sostenibilidad ambiental a la diversificación económica, de la cohesión social al objetivo de recuperar competitividad en la actividad turística”, sintetiza el consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, el socialista Miquel Company.
Seguramente eso (y la particular arquitectura institucional isleña, con un departamento autonómico específico para los fondos comunitarios y una oficina de planificación y coordinación e inversiones estratégicas, ambos creados en 2021) no es ajeno a la excelente posición comparativa balear en el mapa autonómico: es líder absoluta en la ejecución de fondos (según el segundo informe del Gobierno central, de abril), en justificación del Feder (95%), en justificar las inversiones React y con mayor número de proyectos financiados con fondos comunitarios reconocidos como “buena práctica” por el Ministerio de Hacienda.
