El Gobierno busca todavía la fórmula para gravar más a las energéticas en el nuevo plan anticrisis

El Ejecutivo trabaja contra el reloj para tener listo este sábado un nuevo plan anticrisis que consiga amortiguar el zarpazo que supone para la economía la inflación. Ya debería estar acostumbrado a estas carreras con el tiempo en contra tras los ejercicios realizados durante la pandemia, pero todavía sigue sin estar del todo engrasado el mecanismo en el seno del Gobierno de coalición. Persisten las diferencias entre las dos almas y eso hace que aún se esté buscando la fórmula adecuada para gravar a las empresas energéticas —no solo a las eléctricas— y repartir el impacto negativo de la crisis derivada de la guerra de Ucrania. “Tenemos que encontrar el instrumento, el vehículo fiscal, financiero y legal más adecuado para repartir de forma justa el impacto negativo de esta crisis”, ha asegurado este miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

La primera en lanzar la necesidad de que las energéticas paguen más impuestos fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que recuperó una iniciativa conocida del ala de Unidas Podemos: “Las grandes empresas energéticas deben hacer una contribución extra. Proponemos incrementar 10 puntos el tipo de sociedades para recaudar entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros”, anunció en su cuenta de Twitter el lunes. Sin embargo, parece que esta demanda ha caído en saco roto. De hecho, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha dicho que “ignora” estas propuestas de las que se habla en los medios de comunicación durante su participación en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Es decir, da a entender que esa cuestión no ha llegado al Consejo de Ministros.

Tras desmarcarse en nombre del Ejecutivo de esa iniciativa, Calviño ha asegurado que sí se está buscando la fórmula adecuada para gravar más a las empresas energéticas y poder sufragar los gastos adicionales que se aprobarán en el próximo plan de choque. De esta forma, hay acuerdo en el objetivo final, pero no en la forma en que se conseguiría. “[Esas propuestas] no se corresponden con el trabajo serio, responsable y técnico que se está haciendo dentro del Gobierno. Lo que tenemos claro es que se tiene que repartir de forma justa el impacto de la guerra. Y esto implica por supuesto gravar a las compañías energéticas, como ya lo hemos hecho con el establecimiento de ese impuesto o esa carga adicional para beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas”. Lo que sí está cerrado e irá en el plan de choque es una rebaja del IVA a la luz del 10% al 5%, como ha anunciado en el Congreso el presidente, Pedro Sánchez.

Calviño ha incidido en que la visión del Gobierno es única. Aunque esto contrasta con la respuesta dada por ella misma a la iniciativa de Díaz, así como la que se produjo este martes en TVE por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “La fiscalidad es una cuestión que no siempre se puede regular a través de decretos ley, tampoco a través de los proyectos de Presupuestos. Por tanto, dependiendo de cuál es el camino final que elijamos, podremos utilizar o no ese vehículo. Lo importante es que sea lo más rápido posible y que se pueda aplicar al inicio de un ejercicio fiscal, que yo creo que es lo más ordenado”, explicó la titular de Hacienda sobre la aplicación de un nuevo recargo fiscal a las grandes eléctricas.

La crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania ha trastocado los planes económicos del Gobierno. El fantasma de la inflación ha hecho acto de presencia sobre toda Europa y España está siendo uno de los países que más está sufriendo. Se trata desde hace meses del mayor quebradero de cabeza del Ejecutivo, de ahí las medidas adoptadas para tratar de amortiguar la espiral alcista del índice de precios al consumo (IPC). Por el momento parecen sostener algo las subidas (rozó el 10% y en mayo cerró algo por debajo del 9%), pero no termina de reconducirla a niveles aceptables.

Por este motivo, Calviño ha vuelto a insistir este miércoles en su participación por videoconferencia en el seminario que se celebra en Santander que el Gobierno trabaja con un nuevo escenario de inflación más alta durante más tiempo. Y ha asegurado asimismo que el plan anticrisis que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario este sábado no se ha acelerado por el fiasco electoral de los partidos de izquierda en las elecciones a la Junta de Andalucía. “Desde el principio hemos venido tomando medidas eficaces ante la guerra, que las hemos ido adaptando”.

Sin techo para los tipos de interés

También ha participado por videoconferencia en las jornadas que se celebran en Santander Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, que ha avanzado que la subida de precios en la zona euro tampoco se moderará este verano. De hecho, ha asegurado que se mantendrá en niveles similares a los actuales, por encima del 8%, al menos hasta final de verano. Es decir, no hay visos de mejora a corto plazo sobre la espiral inflacionista: “Si nos encontramos con efectos de segunda ronda, esto llevará a que la inflación sea más extensa y afecte a más componentes del IPC y a que la respuesta de la política monetaria sea diferente”.

Esta situación es la que más presiona al BCE para llevar a cabo la inminente subida de tipos anunciada: alza de 25 puntos básicos en julio y otra, que todo apunta a que sea incluso mayor (de 50 puntos), en septiembre. A partir de ahí, la hoja de ruta está por escribir. “Miraremos la evolución real de la inflación, nuestras proyecciones y actuaremos en consecuencia. No sabemos a dónde pueden llegar los tipos, dependerá de los datos”, ha avisado Guindos. De esta forma, no hay techo para los tipos y sigue abierto la lucha entre halcones y palomas en el seno del Eurobanco sobre en qué cifra se situará la denominada tasa neutral —aquella que no sirve para expandir la economía, pero tampoco la contrae—.

Además, el vicepresidente del BCE ha explicado que el programa lanzado para evitar la fragmentación de la deuda de los países comunitarios no debe interferir en la normalización de la política monetaria ni en la lucha contra la inflación. Y considera que esta herramienta servirá para ampliar las opciones del banco: “Contar con un instrumento antifragmentación es liberar a la política monetaria para poder actuar con más contundencia contra la inflación”.

Al ser cuestionado sobre la condicionalidad de esta herramienta, Guindos ha asegurado que no se ha abordado por el momento. Algo en lo que minutos después ha incidido Calviño. Pese a ello, parece claro que algunas condiciones se impondrán, aunque quedarán muy lejos de las que se adoptaron en la Gran Recesión: “Las iremos viendo”, a lo que ha añadido: “Todavía no hemos discutido en el Consejo de Gobierno las características de este nuevo programa, pero estamos en un entorno muy diferente al de 2012”.