El límite al gas suavizará la inflación, pero menos de lo previsto por el Gobierno

No será la panacea, ni mucho menos, pero sí otorgará un respiro. El objetivo prioritario del límite al gas y el carbón que alimenta las centrales de generación eléctrica es rebajar la presión de los precios que afrontan los hogares, en especial sobre aquellos que están en el mercado regulado, que son los que más han sufrido la escalada y donde la medida debería empezar a tener impacto tan pronto como la semana que viene. La iniciativa, sin embargo, también busca una segunda meta: rebajar la inflación, devenida en problema económico de primer orden. Y todo parece apuntar a que lo logrará, sí, aunque en bastante menor medida de lo que predijeron varias casas de análisis en un principio y de lo que prevé hoy el Gobierno, que habla de hasta un punto porcentual de descenso.

El veredicto de la mayoría de los analistas consultados por EL PAÍS para tratar de dar respuesta a la pregunta de cuánto bajará el IPC es claro: el tope reducirá el IPC anual en entre cinco y ocho décimas respecto a la cifra que luciría a cierre de 2022 sin ese mecanismo. Ayudará, por tanto, pero no atajará por completo la escalada inflacionista.

El más optimista de los tres es el director de Coyuntura Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Raymond Torres, que confía en que la inflación cierre el año en más del 5% frente al más del 6% que alcanzaría sin el tope. “Calculamos que serán unas ocho décimas. Es menos de lo que pensaba, pero es algo: va a tener un impacto no menor a partir de junio y, sobre todo, julio. Hay que esperar, eso sí, a que no se vea anulado por la subida del petróleo“. El peso de la electricidad sobre el IPC es solo ligeramente superior al 4%, pero su volatilidad en los últimos tiempos ha sido uno de los principales factores detrás del estallido del índice.

El economista jefe para Europa de Oxford Economics, Ángel Talavera, y el responsable de Análisis Económico del BBVA, Rafael Doménech, rebajan ese efecto hasta alrededor de cinco décimas. Con cautelas, como Torres, pero también con un cierto margen para que la merma acabe siendo algo mayor en función de los efectos indirectos que pueda acabar teniendo y de cuánto acabe beneficiando a los consumidores el reparto de las rentas derivadas de las mayores exportaciones a Francia.

Talavera calcula que la inflación rondará el 5% a cierre de 2022, un número que Doménech lleva hasta el 5,2%. “Esa cifra era sin el tope, pero en los últimos meses hemos asistido a sorpresas al alza en la inflación que sesgan nuestras previsiones. Si no hubiéramos tenido sorpresas en los dos últimos meses ahora estaríamos pronosticando un 4,7%”, apostilla el economista de BBVA Research, que tiene “la sensación” de que “las presiones al alza en precios que hemos visto desde finales de marzo pueden más que compensar el efecto del límite al precio del gas en el mercado eléctrico”.

Efectos indirectos

Más allá del impacto inmediato sobre los hogares que tienen una tarifa regulada, la gran pregunta es en qué medida habrá efectos indirectos derivados de este descenso: hasta qué punto las empresas que se vean beneficiadas por la bajada también acaben aplicando un tijeretazo, por leve que sea, sobre el precio de sus productos para tratar de ganar cuota de mercado. Sería un movimiento en sentido contrario respecto a lo ocurrido en los últimos meses. “Todo ese proceso, sin embargo, es una incógnita: lo ocurrido en la subida no tiene por qué ser igual que lo que suceda en la bajada”, argumenta Doménech. Talavera también duda del recorrido que pueda tener esa tendencia, al menos a corto plazo: “El impacto parece que va a ser mayor sobre hogares que sobre empresas. Pero lo que está claro es que el tope al gas es un seguro importante para evitar una escalada mayor de la inflación si el gas se desmadra de nuevo”, valora por teléfono.

Esta nueva ronda de cálculos contrastan con lo vaticinado meses atrás por algunos centros de análisis, entre ellos EsadeEcPol, que a finales de abril confiaba en que el límite reduciría el IPC a la mitad. ¿Por qué esa diferencia tan notable? Natalia Collado, del propio Centro de Políticas Económicas de la Escuela de Negocios Esade, arguye dos factores: “También ha influido su aprobación tardía —de haber sido en abril, como se esperaba, la contribución a la inflación hubiera sido ligeramente inferior los dos pasados meses— y el hecho de que las subidas de precios se están empezando a trasladar a otros bienes y servicios, por lo que la reducción de la contribución de la electricidad puede verse compensada por otros grupos de productos“. Habrá que esperar, dice, a la vuelta del verano, “coincidiendo con el recrudecimiento de la crisis energética del año pasado, cuando la electricidad empiece a contribuir ligeramente en negativo, es decir, a reducir el IPC”.

Optimismo del Ejecutivo

El Gobierno, por su parte, mantiene que el tope al gas rebajará la inflación en bastante mayor medida de lo que calculan: entre ocho décimas y un punto, según la previsión esbozada este jueves por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Un cálculo sujeto, eso sí, a lo que ocurra con el precio del resto de productos energéticos, no solo con la electricidad. “Seguimos con gran preocupación la evolución del gas y el petróleo. La gran alerta que estamos viviendo con los precios de las materias primas energéticas está determinando una distorsión muy grande en el conjunto de la economía”, ha afirmado en declaraciones a Onda Cero, al tiempo que enfatizaba en la importancia de la medida como garantía frente a un otoño e invierno que “muy probablemente” serán “turbulentos” en lo que a precios de la energía se refiere.

Los cálculos gubernamentales pasan por que el mecanismo —del que no hay precedentes— lleve el precio de la luz hasta el entorno de los 160 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, frente a los casi 200 de las últimas jornadas. Ese cálculo ya incluye la compensación a las centrales de ciclo combinado, cogeneración y carbón por el límite de precio que se impondrá sobre su principal materia prima. En el caso de los hogares que cuentan con una tarifa regulada —también conocida como PVPC— la rebaja debería rondar el 15% o el 20%, según la última previsión del Ministerio para la Transición Ecológica.