Topar el gas para dejar la inflación en la mitad

La Comisión Europea aprobó este martes el mecanismo diseñado por España y Portugal para frenar la subida de los precios de la electricidad bajo el amparo de la denominada excepcionalidad ibérica. Dado que el factor detrás de gran parte de este incremento es la elevada cotización del precio del gas —exacerbada tras la invasión rusa de Ucrania—, la propuesta presentada por la ministra Teresa Ribera y su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, pasa por desligar el precio de ambos. En concreto, consiste en limitar el precio ofertado por las centrales que utilizan este combustible fósil (o carbón), lo que reducirá significativamente el precio de mercado en las horas que estas sean las centrales marginales.

En el ámbito económico, el efecto más visible de la medida será sobre la inflación. En marzo, el IPC se situó en el 9,8% empujado por la subida del precio del petróleo, del gas y de la electricidad. Esta última aportó casi la mitad del incremento con 4,5 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta la relación casi perfecta entre el precio del megavatio hora (MWh) y su contribución a la inflación, la electricidad pasaría a aportar en mayo alrededor de 0,7 puntos al índice, casi cuatro puntos menos que en marzo. Si a esto le sumamos la menor aportación de los carburantes tras el descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el Gobierno, se podría borrar casi de un plumazo la mitad de la inflación en los próximos meses.

Dado que, entre otras cosas, las pensiones se actualizan con el IPC, el impacto de la propuesta sobre las arcas públicas es más que considerable. En el plano social, la importancia del acuerdo radica en que un 40% de los consumidores residenciales —entre ellos los más vulnerables, al ser un requisito para acceder al bono social eléctrico— está acogido a la tarifa regulada (PVPC) que refleja los precios del mercado mayorista. Pese a que el Gobierno ha ampliado el descuento del bono social, es probable que la escalada de precios de los últimos meses haya borrado la rebaja, dejándola sin efecto. De este modo, la bajada generalizada de precios resultante de la puesta en marcha del mecanismo, contribuirá a aliviar el impacto sobre la población.

Sin embargo, el mecanismo también presenta un riesgo de desacople entre los objetivos de descarbonización de largo plazo, y los de reducción del impacto agregado y redistributivo de los aumentos de precio energético a corto plazo. En un contexto de oportunidad de cambio de políticas como el actual, que la dirección tomada se haya enfocado en un daño a la señal de precios, principal instrumento para avanzar en la transición ecológica, no es lo más recomendable. Sería, pues, necesario avanzar en modificaciones más sostenibles con el proceso de transición mientras se considera un aumento o modificación de las políticas nacionales destinadas a amortiguar el impacto sobre los más vulnerables.

Natalia Collado es experta en mercados regulados del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol.