El consejo de Indra prevé aplazar los cambios en la cúpula hasta asegurar la junta de accionistas

El consejo de administración de Indra, la empresa española de tecnología, seguridad y defensa, se reúne este jueves en un clima de tensión por los intentos de la cúpula de reorganizar la estructura corporativa para que el presidente, Marc Murtra, recupere los poderes ejecutivos. Fuentes de la compañía descartan que el consejo vaya a tomar alguna decisión de calado y aseguran que se limitará a fijar el orden del día de la junta general de accionistas, prevista para el 23 de junio. Los cambios en la estructura tendrán que esperar unas semanas, según reconocen tres fuentes internas de la empresa. “No habrá cambios antes de la junta”, asegura una fuente que conoce bien los entresijos de la compañía. “O hay cambios en la composición del consejo o cambia la opinión de los consejeros”, dice otra fuente, que añade: “Es probable que ninguna de las dos cosas se dé antes de la junta”. Otras fuentes reconocen que, en junio, cuando se produzca la renovación de algún miembro del consejo, se podría convocar otra reunión para volver a tratar el asunto. No obstante, habrá que esperar al consejo de este jueves por si se produce un inesperado giro de los acontecimientos, aunque las fuentes consultadas lo descartan.

Indra vive meses convulsos desde el pasado verano, cuando el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ostenta un 18,7% del capital de la compañía, promocionó a Murtra como presidente en sustitución de Fernando Abril-Martorell. Su designación causó revuelo en los mercados financieros pese a la dilatada experiencia del directivo catalán en banca de inversión. Los mercados castigaron a la empresa en Bolsa porque vieron en la operación un intento de La Moncloa para controlar Indra. La empresa ha sido desde su creación objeto de interés de todos los gobiernos, que han influido con mayor o menor medida en la composición de su consejo por la participación de la SEPI. La entonces portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tuvo que salir a defender el nombramiento y descartar que tras ese movimiento había “lecturas políticas”.

Murtra es ingeniero industrial, patrono de la Fundación La Caixa, y aunque procede del PSC, fue jefe de gabinete Joan Clos, ministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, lleva varios años trabajando en banca de inversión. Aun así, su vinculación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez despertaba ciertos recelos entre los miembros del consejo de administración, que puso objeciones a su elección. Tras unas semanas de tensión, Murtra fue nombrado finalmente presidente del grupo en mayo de 2021, pero el consejo le redujo los poderes ejecutivos y nombró dos consejeros delegados para que se repartieran el poder y gestionaran la empresa: por un lado, Cristina Ruiz Ortega se ocupaba de la división Minsait, especializada en transformación digital y tecnologías de la información; y por otro, Ignacio Mataix dirigía la unidad de Transporte y Defensa. Desde entonces, el ejecutivo catalán ha maniobrado para tratar de recuperar el poder ejecutivo que tradicionalmente han tenido los presidentes en la empresa.

Durante todos estos meses la firma ha estado sometida a cierta tensión por la convivencia en el consejo de dos grupos con puntos de vista opuestos. Pero la situación no ha afectado a los resultados de la compañía, que el año pasado registró ingresos récord y en el primer trimestre de este año ha aumentado su beneficio un 76%. Pero las tiranteces en la cúpula se han mantenido. Ruiz Ortega, la consejera delegada de Minsait, dimitió hace unas semanas aludiendo motivos personales. Pero a nadie se le escapa que la particular estructura de la compañía de cogobernanza, con dos consejeros delegados y un presidente tratando de recuperar poder, ha suscitado ciertos roces, según reconocen tres fuentes.

A la espera del desembarco de la SEPI

La cúpula de la compañía aún espera el desembarco de la SEPI, que anunció el 22 de febrero que aumentaría su participación hasta el 28%. Este aumento de posición en Indra le daría un puesto más en el órgano de decisión, donde ahora está representada por el exministro Miguel Sebastián y el ex diputado socialista Antonio Cuevas. Fuentes del ente público que controla las participaciones industriales del Estado aseguran que, desde el 29 de abril, han empezado a comprar pequeños paquetes de acciones de Indra. La SEPI ha acudido al mercado y ha adquirido participaciones tan pequeñas que ni siquiera ha tenido que anunciar un aumento de su posición en la firma, como exige la CNMV cuando se producen movimientos de capital significativo. Fuentes de la empresa pública explican que no van más rápido porque no pueden afectar a la cotización. Desde la SEPI descartan confirmar si mantienen negociación con algún accionista relevante para poder alcanzar antes su objetivo de capital.

En el consejo también se podría producir la entrada de otro representante de SAPA, la empresa de defensa vasca, que hace unos meses tomó una participación del 5%. Y, por otra parte, hay consejeros que finalizan su mandato, como es el caso de Alberto Terol, actual vicepresidente de la compañía, que lleva 12 años en el grupo tecnológico y según los estatutos su cargo caduca en junio. Terol es, además, presidente de la comisión de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo, el órgano clave para aprobar los cambios en la estructura. Fue uno de los que se opuso a que Murtra tuviera poderes ejecutivos.

El futuro de Indra es un tema de preocupación en La Moncloa, que ven como, tras la guerra de Ucrania, el presupuesto militar en Europa va a crecer y consideran estratégico que la compañía española esté bien situada para ser un actor principal en el nuevo juego armamentístico europeo. En esa clave se interpretaron las palabras de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, de la semana pasada cuando dijo que el objetivo del aumento de la participación es fortalecer la compañía “en sus dos divisiones al completo” y consideró “clave” el programa europeo de defensa FCAS, en el cual participa la empresa. Gualda explicó que el aumento de participación en Indra es una vía para alinearse “con otros países europeos” que cuentan con “modelos similares de participación pública en empresas estratégicas de defensa y tecnología” para que sean capaces de ser “competitivas” internacionalmente.

La operación de IPT Aero

Otro de los asuntos que ocupan a la empresa es la posible entrada de Indra en ITP Aero, la empresa vasca aeronáutica. De hecho, el actual consejero delegado de Indra, Ignacio Mataix, trabajó durante más de una década en el fabricante de motores y turbinas aeronáuticas, y conoce la compañía al dedillo. ITP Aero fue fundada por el grupo industrial vasco Sener, que la vendió a Rolls Royce por un dineral en 2016.

A su vez la popular compañía estadounidense alcanzó el pasado septiembre un acuerdo con el fondo Bain Capital para venderle ITP Aero por 1.700 millones. Y Bain Capital, junto con el fondo JB Capital y el grupo vasco SAPA, se dieron hasta finales de junio para colocar el 30% del fabricante español de motores para financiar la operación. Ahí entra Indra, que ya negoció infructuosamente con Rolls Royce la compra de ITP Aero. Ahora la entrada en esta empresa aeronáutica se considera estratégica para el futuro de Indra, que tiene como objetivo desarrollar su negocio de defensa.