Bruselas reclama a España que aclare cómo financiará el límite de los precios del gas

España y Portugal no lo van a tener fácil para defender sus intereses energéticos en Bruselas: la propuesta ibérica para limitar el precio del gas de forma temporal y extraordinaria, con el fin de poner coto al efecto contagio que ha provocado un alza desbocada de los precios de la luz, lleva ya en torno a dos semanas siendo revisada por técnicos de la Comisión Europea. En el Ejecutivo comunitario, organismo encargado de estudiar las medidas y dar el visto bueno definitivo, aseguran que tienen dudas sobre el mecanismo con el que Madrid y Lisboa pretenden sufragar el esquema. Reclaman mayor claridad en este punto y creen, además, que la fórmula propuesta para evitar que los precios más bajos resultantes crucen más allá de los Pirineos podría poner en riesgo el mercado interno de la UE.

Las conversaciones fluyen entre Bruselas y los países del sur, según dejan claro fuentes comunitarias, y existe un interés total desde la Comisión en comprender a fondo los detalles de las propuestas, pero a los gobiernos de Madrid y Lisboa les va a tocar esforzarse para convencer en los despachos de la capital europea. “En la propuesta no queda muy claro cómo lo van a financiar”, argumentan estas fuentes.

Otras fuentes diplomáticas reconocen en cualquier caso que, al contar con el respaldo del Consejo Europeo, la excepcionalidad ibérica —como han definido los socios europeos la particularidad como isla energética de la Península— está admitida al máximo nivel político. Además, consideran que la distorsión del mercado europeo sería mínima y solo se produciría durante una coyuntura excepcional.

El mecanismo enviado de forma conjunta por los Ejecutivos de Pedro Sánchez y António Costa aún no ha sido hecho público. Pero entre los detalles que se han ido conociendo figura la propuesta de limitar a 30 euros por megavatio hora (MWh) el precio máximo del gas para las centrales de generación eléctrica (los ciclos combinados y las de cogeneración). La idea es que este tope teledirigido y acotado al sector que encarece toda la factura de la luz empuje a la baja el precio final al que estas centrales acaben ofertando la energía generada: quedaría en un rango de en torno a 120 o 130 euros por MWh, niveles que no se ven desde antes del verano pasado.

En esta diferencia entre el precio del gas de mercado y el límite impuesto por intervención del Estado radica una de las preocupaciones de la Comisión. Fuentes comunitarias con acceso a la propuesta explican que España y Portugal buscan que este margen sea pagado por el resto de actores mayoristas del mercado eléctrico, mediante un mecanismo similar al de tasar los llamados “beneficios caídos del cielo”. En Bruselas ven este esquema de forma similar a un subsidio, pero no acaban de tener claro cómo se “organiza” la fórmula. En cualquier caso, añaden, la intención es la de profundizar en las conversaciones técnicas, para pulir detalles y “entender una propuesta que España considera que es legítima y que no perjudica al mercado interno ni a Francia”.

El Ejecutivo comunitario también ve problemas en el mecanismo mediante el cual España quiere evitar que los precios de la luz “subsidiados” que resultarían del imponer un límite al gas crucen la cordillera y beneficien a Francia. Este esquema, cuyo detalle tampoco se ha hecho público, se pretende hacer mediante subastas diferentes para fijar el precio a un lado y otro de los Pirineos: se trataría de un sistema de doble casación de oferta y demanda que implicaría que en la Península los precios serían más bajos (por el tope) mientras la electricidad exportada al país galo se mantendría en un precio de mercado sin intervenir, es decir, bastante más alto.

Fuentes de la Comisión aseguran que nunca se ha dado un paso en este sentido, que podría “restringir” los flujos de la electricidad a Francia, rompiendo con la unidad del mercado interno comunitario. “Y ya no es solo el problema de España”, dice una fuente comunitaria, consciente de que el nivel de interconexión eléctrica de la península Ibérica con el resto de la UE es mínimo. “Pongamos que se acepta que se restrinjan los flujos, si viene a continuación un país más interconectado, ¿podrá pedir lo mismo? Se corre el riesgo de romper el mercado interno de la energía: este es el problema”.

España es consciente de los márgenes con los que cuenta. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró en una entrevista en EL PAÍS que es importante que la medida a la que dé el visto bueno la Comisión “pueda durar en el tiempo”; esto implica que entre los requisitos que pide Bruselas se encuentra “que [el mecanismo] no puede financiarse con cargo a presupuestos ni con cargo a deuda futura del sistema. Tiene que autofinanciarse”. Pero Ribera también dijo que uno de los retos más complejos a los que se enfrentaba para convencer en la capital europea era que ha de pelear contra “la inercia” de Bruselas, “una ley de la física terrible”.

Aval político

En el Ejecutivo comunitario, órgano encargado de velar por el respeto de la competencia y las reglas del mercado interior de la UE, puede resultar complicado digerir una propuesta de la que no hay precedentes. España y Portugal podrían abrir una cuña en el sistema eléctrico labrado a lo largo de los años, movidos por una situación extrema que tampoco tiene precedentes y amenaza con descarrilar la recuperación económica: en estos tiempos en que la historia ha regresado con toda su violencia al continente, dos socios comunitarios tratan de intervenir el sector energético para hacer frente a una emergencia que algunas voces comparan ya con la economía de guerra, con precios desaforados y la amenaza de posibles cortes en el suministro, provocados por la mala digestión de la pandemia, a la que se ha sumado ahora una contienda bélica a las puertas de la UE y la tensión máxima con el principal suministrador de gas —y uno de los principales de petróleo— de los Veintisiete: Rusia.

Pero en Bruselas son también conscientes de que los mecanismos planteados por España y Portugal cuentan con el máximo aval político de los Veintisiete. “El Consejo Europeo ha aceptado que los que tengan problemas con el mercado mayorista tomen medidas, en especial las islas energéticas, de manera excepcional y limitada”, asumen fuentes de la Comisión. Los líderes de la UE reconocieron a finales de marzo una especie de “excepción ibérica”, permitiendo que estos países, con gran penetración de energías renovables, pero apenas enganchados al resto del mercado energético comunitario (las interconexiones no llegan al 3% cuando debería ser del 10%) adopten medidas extraordinarias para desacoplar el precio del gas del de la luz.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, responsable máxima del equipo que ha de revisar “urgentemente” las propuestas planteadas, subrayó además la “situación muy específica” de la península Ibérica. “Estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial para que pueda lidiar con los precios energéticos”, señaló, elevando el compromiso político.

Bruselas ha cambiado de forma radical su mensaje en apenas seis meses. Se ha pasado desde el verano pasado asegurando que el mercado energético funcionaba a la perfección y que la situación de precios elevados era una mera coyuntura. Mientras, el Ejecutivo de Sánchez lanzaba un buen número de propuestas para paliar el golpe de la factura energética y se ponía al frente de una entente de países que exigía cambios. Hoy, tanto el Consejo como la Comisión han admitido que será necesario revisar el sistema.