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Sindicatos y patronales presionan al Gobierno para que tome medidas ante el caos por el paro de transportes

Transportes adelanta la reunión con las organizaciones de camioneros mientras otros sectores piden la resolución del conflicto, que afecta desde el abastecimiento de supermercados hasta la producción industrial

Protesta de los camioneros, este miércoles en Zaragoza. Foto: JAVIER CEBOLLADA (EFE)

El Gobierno ha adelantado a este jueves su reunión (prevista para el viernes) con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, el órgano que representa a las asociaciones mayoritarias de transportistas, para concretar las medidas anunciadas el pasado lunes y destinadas a paliar el alza de los carburantes. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, subió el tono de su discurso de los últimos días y aseguró que en el encuentro se “abordarán de forma concreta y definida medidas eficaces” con el fin de alcanzar un pacto. Las palabras de la ministra del ramo se interpretaron en el sector como la voluntad del Ejecutivo de concretar de una vez las medidas prometidas a los transportistas, que hasta el momento solo consisten en un vago compromiso de ayudas directas de 500 millones de euros para subvencionar el precio del gasoil, la devolución mensual del gasóleo profesional, frente a la trimestral de ahora, o la publicación semanal del índice de precios de los carburantes, que hasta ahora era mensual. Los transportistas demandan descuentos inmediatos a la hora de repostar en las gasolineras y ayudas directas por cada vehículo, como ha aprobado Francia. Una concreción que también reclaman otras organizaciones patronales y sindicales ante las incertidumbres que están provocando el alza de los precios energéticos y el propio paro del transporte.

Y es que aunque el discurso oficial del Ejecutivo es que la mayoría de los transportistas están trabajando, como reiteró en el Congreso la ministra Sánchez, el efecto del paro sobre sectores productivos básicos es una evidencia, como prueba el SOS lanzado por las industrias como la de la alimentación, la construcción o el automóvil, que se han visto obligadas a detener la producción o a anunciar que sufren restricciones. A la vez que Transportes anunciaba el adelanto del encuentro, Agricultura se reunía este miércoles con representantes de los pescadores, de los pocos que de momento parecen contentarse con lo que les ha ofrecido el Ejecutivo, y los sindicatos se manifestaban en las calles por la carestía de los precios.

De la reunión del lunes pasado apenas salió ningún compromiso en firme, por lo que el encuentro en el Ministerio de Transportes de este jueves es decisivo. Las asociaciones de transportistas reclaman que se siga el ejemplo de países como Francia y Portugal, que aplican descuentos de hasta 30 céntimos por litro de gasoil que se descuentan al repostar, y que luego el Estado liquida con la gasolinera, no con el transportista. Además, estos países han concedido ayudas lineales por cada vehículo, desde los 400 a los 1.300 euros, según el tamaño del mismo. También habrá que fijar en la reunión si estas ayudas se aplican con carácter retroactivo, la duración de las mismas y los mecanismos de compensación en caso de que siga subiendo el precio de los carburantes.

En la reunión de Sánchez con el Comité Nacional del Transporte por Carretera no estarán presentes, una vez más, los representantes de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancía, los convocantes del paro. La Plataforma no tardó en reaccionar a este nuevo desaire de la ministra y solicitó permiso para convocar una gran manifestación a pie mañana frente al Ministerio de Transportes, en el paseo de la Castellana de Madrid. “Denunciamos el desprecio desde la Administración hacia los camioneros y pedimos la dimisión de la ministra por dejación de funciones. No vamos a refrendar ningún acuerdo del ministerio acordado al margen de nuestra organización y, por tanto, seguiremos parados hasta obtener soluciones negociadas y firmadas con nosotros”, señalaron los convocantes de la protesta en un comunicado.

También en las últimas horas ha subido el tono desde las patronales. CEOE y Cepyme criticaron este miércoles la inacción política y exigieron al Gobierno “que clarifique y detalle con la máxima urgencia” las medidas para frenar la situación actual. “Es preciso que las acciones sean rápidas, concretas y efectivas”, advirtieron. Ambas patronales añadieron en un comunicado que el paro de transportistas “está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, y que, como resultado, amenaza con una gran crisis económica y social”.

Las grandes patronales de la distribución también se han sumado a las voces críticas, calificando de “gravísima” la situación. Los supermercados han cifrado en 130 millones de euros el coste diario que afrontan por el impacto de la huelga, sobre todo por lo que supone reorganizar el surtido para que haya productos de todos los géneros. “La cadena alimentaria está más tensionada que en los peores momentos de la pandemia”, aseguró este miércoles el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, durante una conferencia de prensa conjunta con las principales organizaciones del sector. Aurelio del Pino, presidente de ACES, que agrupa a Alcampo, Carrefour, Eroski y Supercor, reclamó además a la responsabilidad de los consumidores: “Los acopios masivos y las compras compulsivas agravan la situación”.

Más incidentes

La incidencia de la huelga es cada vez mayor y se suceden los incidentes con los manifestantes. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 61 personas e investigado a otras 455 en los incidentes registrados hasta la mañana del miércoles. Un camionero de nacionalidad ucrania que circulaba por el término municipal de Écija (Sevilla) resultó herido ayer por el impacto de una piedra. Además, una protesta de transportistas a pie cortó durante la mañana la Ronda Litoral de Barcelona, y unos 200 taxistas protagonizaron una marcha lenta desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat en dirección al Parlamento catalán. En Madrid, alrededor de 500 camioneros también marcharon desde el estadio Wanda Metropolitano.

Por la tarde, fue el turno de las organizaciones sindicales y de consumidores. Más de 4.000 personas según los organizadores —solo 500, según la Delegación del Gobierno— marcharon a pie por el centro de la capital en una protesta bajo el lema “Contener los precios, proteger el empleo”. Convocaban los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, las organizaciones de autónomos UATAE y UPTA, la de consumidores Facua y hasta la confederación de asociaciones vecinales (CEAV). Junto con la manifestación de Madrid, hubo convocatorias en otras 57 ciudades españolas. “Europa se enfrenta entre mañana y pasado [por este jueves y viernes] a un reto similar al que se enfrentó cuando tuvo que decidir si se ponían en pie los fondos de recuperación. La decisión que se tome sobre posibilitar que bajen los precios energéticos, los de la luz, que baje la inflación, es decisiva para el futuro de España y de la Unión Europea”, aseguró Unai Sordo, secretario general de CC OO.

Como dejaron claro las palabras de Sordo, la elección de la fecha de la manifestación no era baladí. Pedro Sánchez asiste desde este jueves al Consejo Europeo en el que los jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete abordarán la coyuntura económica provocada por la escalada bélica en Ucrania. El objetivo es acordar una batería de medidas con las que frenar el incremento desmesurado de los precios, aunque lograr ese consenso, por ejemplo, en la manera de abaratar los costes de la electricidad no se antoja fácil. La ambición del Gobierno es aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el paquete español de ayudas, integrando las que puedan llegar de Europa. Pero para muchos es demasiado tarde, y reclaman más urgencia. Para el domingo hay convocada una nueva manifestación de los transportistas en la que participarán trabajadores de taxis, VTC, ambulancias, autobuses y autocares.

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