Bruselas amplía las fórmulas para intervenir los mercados energéticos, pero deja la decisión final en manos del Consejo

Bruselas tiene previsto presentar este miércoles una batería con al menos cinco posibles actuaciones de emergencia para intervenir “a corto plazo” los mercados de la energía y frenar la escalada de precios de la luz. Entre las propuestas, a valorar ahora por los Veintisiete, se encuentra poner un precio de referencia en el mercado mayorista, establecer topes a estos precios (una de las medidas barajadas por España), crear “agregadores” (proveedores que negocien precios ventajosos de forma conjunta y en nombre de otros) o establecer precios fijos para las compañías generadoras de electricidad, según un borrador de la Comunicación de la Comisión Europea al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los mecanismos forman parte de un texto con el que el Ejecutivo comunitario pretende fomentar el debate de la cumbre de los líderes europeos que se celebrará este jueves y viernes en Bruselas. Es solo una propuesta, una especie de guía en la que se ponen sobre la balanza las posibles intervenciones: serán los jefes de Estado y de Gobierno quienes tengan que decidir. De hecho, este borrador de conclusiones de la cumbre, un texto voluble y aún por cerrar, ya lo ha previsto: emplaza al Consejo de la UE [el órgano que representa a las 27 capitales europeas] a “que estudie con más detalle y con carácter de urgencia las opciones adicionales concretas a corto plazo presentadas por la Comisión, en particular para hacer frente al efecto de contagio de los precios del gas en los mercados de la electricidad”.

La Comisión plantea todas las medidas de intervención con enorme cautela y alerta del riesgo de provocar un descalabro en el sistema que desencadene problemas de suministro. “Para tener éxito, estas opciones excepcionales, temporales y específicas deben ser fiscalmente gestionables y no deben comprometer la seguridad del suministro y la igualdad de condiciones en el mercado interior”, asevera el texto, que aún puede ser modificado, y en el que el gabinete de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y los altos cargos de la Dirección General de Energía trabajaban sin descanso a última hora de este martes.

El Ejecutivo comunitario divide las propuestas en dos tipos. Por un lado, identifica las que requerirían de una “compensación fiscal”, como establecer un precio de referencia, topar el precio de la electricidad o crear un agregador de demanda que suministre la energía a mejores precios. Estas propuestas, advierte Bruselas, conllevan costes fiscales, distorsionan la competencia, y generan interferencias en los mercados. La de los agregadores, además, podría provocar desequilibrios y una posible competencia desleal en el sector.

Por otro lado, se encuentran aquellas intervenciones que implicarían un cambio regulatorio, como fijar un precio máximo a los generadores de electricidad o establecer determinadas obligaciones de venta, cuyos principales inconvenientes, según el borrador, residen en su “complejidad”, en que podrían provocar “disrupciones en la oferta” o generar un “impacto en las inversiones” previstas por las compañías del sector.

Al Consejo Europeo, reunido al final de esta semana en Bruselas y bajo la atenta mirada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le tocará valorar y enviar la señal política sobre la opción u opciones preferidas. Se prevé que sea un encuentro de aires bélicos, con la invasión rusa de Ucrania, la respuesta sancionadora de occidente y la crisis energética en la agenda.

Fuentes diplomáticas prevén, de hecho, que estos dos debates se acaben cruzando: el gas es el común denominador de ambos. La UE se enfrenta a un tiempo a la decisión existencial de cortar sus lazos energéticos con Rusia (algo a lo que Alemania, de momento, se resiste) y a una crisis energética que amenaza con llevarse por delante el horizonte de recuperación económica, pone en jaque la transición energética y proyecta una sombra de posibles incendios en las calles europeas por el descontento ciudadano. La escalada de precios de la luz ha alcanzado el 32% interanual en febrero en la zona euro, según las cifras de la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

División entre países

En la cita de los veintisiete en Bruselas se prevé una discusión tensa, compleja y a cara de perro en torno a las medidas de urgencia con las que intervenir los precios del gas para frenar su contagio al resto de la factura de la luz, una situación agravada desde el inicio de la guerra. El debate ha comenzado a calentarse en el Consejo de Asuntos Generales celebrado este martes en Bruselas, en el que han vuelto a hacerse visibles los púgiles de la contienda, todos ellos viejos conocidos de anteriores batallas europeas.

A un lado, se encuentran los países que reclaman una intromisión audaz e inmediata, liderados por España y con apoyos sobre todo del Sur (Grecia, Portugal e Italia), pero también de Francia y Bélgica; el Gobierno español lleva desde el pasado verano reclamando cambios y su presidente, Pedro Sánchez, se ha pasado los últimos días de gira europea recabando apoyos por distintas capitales de la UE.

Por otro lado, se encuentra el bloque liderado por Alemania y Países Bajos –frugales y contribuyentes netos del presupuesto comunitario– que defienden acelerar la transición energética para reducir la dependencia del gas ruso y a la vez se preguntan con preocupación quién tendrá que correr esta vez con la factura derivada de un eventual intervencionismo de los mercados, si es que sale adelante (algo que ponen en duda).

Los halcones comunitarios temen incluso que dar un paso en este sentido pueda implicar la creación de un nuevo fondo europeo al estilo del pactado para salir del agujero de la pandemia, pero cuyo dinero iría en parte a pagar a Rusia, principal suministrador del gas de la UE aún en estos momentos: “Un fondo Gazprom”, como lo tilda con ironía, una fuente diplomática de latitudes liberales.

El texto de la Comisión se ha nutrido de diversas propuestas de los Estados miembros, entre ellas las de España, Grecia, Francia, Bélgica e Italia, según indican fuentes comunitarias. Entre las medidas que baraja Bruselas para hacer frente a la crisis energética, y sobre las que los Veintisiete deberán tomar decisiones, se encuentra también exigir de forma obligatoria que el almacenamiento subterráneo de gas en toda la UE se llene como mínimo al 90% de su capacidad antes del 1 de octubre de cada año, iniciativa incluida en otra comunicación de hace dos semanas.

El Ejecutivo comunitario podría “coordinar las operaciones de realmacenamiento, por ejemplo, mediante la contratación conjunta, la agrupación de pedidos y la adecuación a la oferta”, propone este texto de principios de marzo. Y también sugiere crear “una plataforma europea conjunta para la contractualización del suministro de gas basada en negociaciones bilaterales con los principales productores de gas [que] contribuiría a la diversificación y a la gestión inteligente de los riesgos, garantizando así la seguridad del suministro en condiciones favorables para todos los compradores de la UE”.