Las seis medidas de emergencia de Bruselas para frenar los precios de la energía: puntos a favor y en contra

Bruselas ha lanzado este miércoles una esperadísima batería con posibles actuaciones de emergencia para intervenir “a corto plazo” los mercados de la energía y frenar la escalada de precios de la luz. Entre las propuestas figura la de poner un precio de referencia en el mercado mayorista, establecer topes a estos precios, crear “agregadores” (proveedores que negocien precios ventajosos de forma conjunta y en nombre de otros) o establecer precios fijos para las compañías generadoras de electricidad, tal y como ha adelantado EL PAÍS. Este amplísimo abanico abierto por la Comisión Europea trata de alimentar un debate que se prevé largo e intenso en la cumbre de líderes de los Veintisiete de este jueves y viernes. Ellos tendrán la palabra final.

Hasta seis medias aparecen incluidas en la Comunicación de la Comisión Europea. El documento valora en detalle los puntos a favor y en contra de cada una de ellas, reclama cautela a la hora de aplicarlas y advierte de los riesgos de que su aplicación pueda generar una distorsión del sistema. “Para tener éxito, estas opciones excepcionales, temporales y específicas deben ser fiscalmente gestionables y no deben comprometer la seguridad del suministro y la igualdad de condiciones en el mercado interior”, asevera el texto.

Algunas conllevan costes fiscales, otras no; la mayor parte se pueden aplicar en el ámbito nacional; algunas de ellas, para su éxito, requieren de que todos los países europeos marchen al unísono. “La Comisión considera que no hay una respuesta única y fácil para hacer frente a los elevados precios de la electricidad, dada la diversidad de situaciones entre los Estados miembros”, se lee en el texto. “Todas tienen ciertas complicaciones, así que se trata de elegir la más equilibrada”, apunta Natalia Collado, experta en mercados regulados del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol.

Este es el menú que se encontraran los jefes de Estado y de Gobierno sobre la mesa:

1. Intervenir en el mercado minorista

Esta propuesta contempla, en realidad, dos opciones. La primera pasaría porque, siempre en el marco de la escalada energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, cada Estado miembro regule el precio del mercado minorista —es decir, el que pagan los hogares y las empresas de menor tamaño—. La segunda pasaría por que una entidad pública comprase electricidad en el mercado y la pusiese a disposición de los consumidores vulnerables a un precio inferior al de mercado. En ambos casos, obligaría a hacer un esfuerzo fiscal. Sobre todo, en el primero: habría que cerrar la brecha entre el límite impuesto al mercado minorista y la cotización de la electricidad en el mayorista, mucho más alta.

Beneficios: La Comisión entiende que es “especialmente eficaz para moderar el impacto de los precios altos” sobre los usuarios finales. “Para España sería ideal porque está entre los países en los que los consumidores minoristas más están sufriendo la escalada de precios”, expone, por su parte, Collado.

Inconvenientes: Bruselas estima que podría distorsionar el mercado único y limitar la competencia en los mercados minoristas, “lo que habría que mitigar garantizando un trato justo y no discriminatorio a todos los proveedores”. Además, podría aumentar el déficit fiscal en un momento de especial presión sobre las cuentas públicas de los Estados.

2. Intervención en el precio al que ofertan las centrales fósiles

Esta fórmula supone introducir un límite al precio al que ofrecen su electricidad en el mercado las empresas que generan electricidad quemando combustibles fósiles (carbón, petróleo, gasóleo y, sobre todo, gas natural) y que sería posteriormente compensado con dinero público o con un aumento del llamado déficit de tarifa, que afrontan antes o después los consumidores pero que permitiría diferir el zarpazo de los precios en varios años. “Por inmediatez esta opción sería la más efectiva pero no resuelve el problema, solo traslada en el tiempo el pago”, dice Collado, de EsadeEcPol.

Beneficios: La Comisión entiende que esta opción “probablemente reduciría del coste de la electricidad vendida por estas centrales [sobre todo, los ciclos combinados, que operan con gas, los más usados en la mayoría de Estados miembro] y, por tanto, del precio marginal del mercado mayorista”. Esto, a su vez, debería conducir a una reducción de los precios que pagan los hogares. Además, a diferencia de los topes puros, no afectaría al normal funcionamiento del mercado.

Inconvenientes: Podría distorsionar el flujo de electricidad en países vecinos y desencadenar flujos desde los Estados con el precio de referencia hacia los que no lo tienen, así como desalentar los esfuerzos de inversión dedicados a reducir el uso de los combustibles fósiles o distorsionar la competencia.

Posición de los países: Esta es una de las opciones por las que se decanta el Ejecutivo español. De manera indirecta, y sin afectar al diseño del mercado, supondría frenar la brutal escalada de precios que afrontan los consumidores domésticos y empresariales que cuentan con una tarifa regulada. Portugal e Italia también ven con buenos ojos esta propuesta, que despierta menos recelos en el norte que la de introducir un tope específico sobre la cotización del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista.

3. Tope en el mercado mayorista

Se establecería un precio máximo de cotización en el mercado mayorista, en el que se casa la oferta y la demanda de todo el sistema y el que, en el caso español, fija el precio que pagan los hogares y las empresas que cuentan con una tarifa regulada. Exigiría, como la opción anterior, una compensación para algunos generadores eléctricos, con el fin de cubrir la diferencia entre el precio de mercado de la electricidad generada y el tope preestablecido. Si no, la falta de incentivos económicos haría que dejasen de verter su producción, que seguiría siendo necesaria para cubrir las necesidades de consumo. Esa compensación saldría, muy probablemente, de las cuentas públicas.

Beneficios: Esta opción limitaría los precios al por mayor, lo que a su vez debería conducir a una reducción de los precios que pagan los clientes del mercado regulado en países como España.

Inconvenientes: Si no se introduce a escala comunitaria, la podría distorsionar el mercado interior y generar situaciones de competencia desleal, sobre todo por el lado de los intercambios internacionales (la electricidad que se compran entre sí los países: Francia a España o España a Francia, por ejemplo). La pérdida de la llamada señal de precios podría, además, provocar riesgos para la seguridad del suministro y aumentar el uso de combustibles fósiles, según los técnicos del Ejecutivo comunitario.

Posición de los países: Tras dejar caer en un primer momento que sería una de las propuestas que llevaría a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de esta semana, y a pesar de que ya contaba con un acuerdo con Portugal —un país con el que comparte el mercado eléctrico y con el que, por tanto, tiene que ir de la mano en la batalla europea—, España ha acabado renunciando a ella.

Inicialmente, Madrid proponía devolver el límite de 180 euros por MWh que estuvo vigente hasta el verano pasado, cuando la legislación española hubo de adaptarse a la directiva comunitaria, que obligaba a ampliar esa banda de fluctuación hasta los 3.000 euros, un límite completamente fuera de mercado. El rechazo frontal de las capitales del Norte, capitaneadas por Berlín y La Haya, son una de las razones clave para esa marcha atrás. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prefiere explorar vías alternativas —como la de limitar el precio al que pueden ofertar los ciclos combinados— que sí puedan ser más aceptables para todos y que, por tanto, puedan dar lugar a un acuerdo general.

4. Limitar los ingresos de algunos actores del mercado

Una cuarta posibilidad consistiría en limitar los ingresos de los agentes del mercado que se benefician de los elevados precios de venta de su electricidad y “obtienen rendimientos adicionales muy por encima de sus expectativas”, según la Comisión. Son los llamados “beneficios caídos del cielo” que obtienen las tecnologías que no sufren un aumento de sus costes de generación, pero que sí están obteniendo precios notablemente más altos por la energía que venden. En un sistema de fijación de precios marginalista, como el que opera hoy en todos los Estados miembro, la tecnología más cara es la que fija la cotización de toda la energía, sea cual sea el coste de generación de cada fuente. Y eso genera una serie de retribuciones infladas que esta medida atajaría.

Esta propuesta, junto con la de limitar el precio al que pueden ofertar las centrales de gas (la segunda del menú de Bruselas), son las que más gustan al Gobierno español, según fuentes de La Moncloa. Y, por tanto, por las que pujarán en la cumbre de líderes europeos.

Beneficios: Bien diseñada, dice la Comisión, “esta opción no interfiere en la formación de precios en los mercados mayoristas” ni afecta al comercio de electricidad entre países de la UE. Aunque no reduce per se los precios para los hogares, los ingresos generados pueden usarse para aliviar a los consumidores de energía vulnerables. Es decir, que en el recibo de la luz de cada cliente viniese un epígrafe específico en forma de deducción sobre el precio inicial de la factura.

Inconvenientes: Determinar con exactitud los “beneficios excesivos”, requiere información detallada, a la que no es sencillo tener acceso. Es un reto su aplicación rápida, “ya que los participantes en el mercado se verán afectados de forma diferente”, subraya la Comisión. Además, añade, podría afectar a la competencia y a la seguridad jurídica de los inversores, lo que a su vez podría frenar el despliegue futuro de las energías renovables.

5. Límites de precios en el comercio de gas en la UE

Esta propuesta implica fijar en toda la UE un precio máximo o una horquilla de precios a la que se puede comerciar con el gas entre los operadores de los Estados miembros, lo cual limitaría las ofertas en las bolsas europeas —una opción que defiende, aunque en una versión más contundente, el Gobierno griego—. El precio máximo del gas se convertiría en el precio de referencia para los contratos a largo plazo. Para ser efectiva, sin embargo, estos topes o bandas de precios tendrían que ser comunes a toda la UE. Algo que no parece sencillo en este momento.

Beneficios: Reduciría la volatilidad y rebajaría directamente los precios de este combustible, según el Ejecutivo comunitario. Esto, a su vez, abarataría la electricidad generada mediante gas y —en última instancia— también la factura que afronta el consumidor final tanto de gas como de electricidad.

Inconvenientes: La reacción de los proveedores podría generar cortes de suministro, algo que Europa no se puede permitir en un momento tan crítico como el actual, en el que los depósitos de gas están en mínimos plurianuales. Requeriría, además, determinar el nivel “adecuado” del tope: si es demasiado bajo, por ejemplo, dificultaría la —hoy por hoy muy necesaria— llegada de gas a Europa y podría incentivar a las empresas a exportar gas a países donde los precios son más altos.

La bajada de precio podría implicar también un mayor consumo de gas, un bien caro y contaminante, por lo que la intervención debería ir acompañada de medidas que gestionen la demanda. La combinación de estos factores podría implicar riesgos para la seguridad del suministro. La bajada de precios no afectaría a los consumidores con contratos a largo plazo con un precio superior al límite pactado. Algunos operadores del sector podrían decidir impugnar la medida en los tribunales.

6. Negociación conjunta con los proveedores exteriores de gas

La propuesta —puesta encima del tablero por España hace meses— consiste en establecer una estrategia de negociación conjunta de volúmenes y precios a largo plazo y coordinada a nivel comunitario, al estilo de lo que se ha hecho con las vacunas contra la covid-19. Una opción que baraja Bruselas sería establecer objetivos de volumen y precio de gas más específicos según las rutas de suministro y los proveedores.

Algunas fuentes comunitarias creen que podría suceder en la cumbre de esta semana, por ejemplo, sería negociar con Estados Unidos —uno de los mayores exportadores del planeta— un mejor precio a cambio de cuantiosos contratos de largo plazo para el suministro de gas natural licuado (GNL, en la jerga del sector, el que llega por barco), una opción que ha dejado entrever este miércoles la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Su éxito requiere un enfoque común en todo el bloque: que todos los países vayan a una. “Reforzaría el mecanismo de compras conjuntas a escala europea, ampliaría el poder de negociación y facilitaría el cumplimiento del objetivo de llenar las reservas para el próximo invierno”, opina Collado.

Beneficios: Un precio más bajo del gas que importa la UE de países como EE UU o Qatar —otro de los llamados a llenar el boquete que dejará Rusia en el mercado— conduciría a un coste más bajo de la electricidad, dado que las centrales de ciclo combinado son las que están tirando hacia arriba de los precios en la mayoría de la UE.

Inconvenientes: El éxito de esta opción, asevera la Comisión, “depende en última instancia del resultado de las negociaciones pertinentes con los proveedores”. Una tarea que no se antoja nada sencilla en un mercado tan competido como el del GNL.