Bruselas rectifica y estudia aplicar las propuestas españolas para frenar la escalada del precio de la luz

Cunde el nerviosismo en Bruselas. La crisis de los precios del gas, acentuada por el choque con Rusia —soberano de la manija del combustible hacia la UE—, amenaza la recuperación y ha obligado al Ejecutivo comunitario a cambiar el paso para tratar de atajar la escalada de la electricidad. La Comisión Europea, que durante meses ha confiado en que el problema se acabe resolviendo por sí mismo, ahora cree que hay riesgo de que se prolongue hasta bien entrado 2023. Esta situación le ha llevado a estudiar aplicar alternativas al sistema actual del mercado energético para desacoplar los precios del gas de los de la electricidad, según fuentes comunitarias.

Entre las medidas valoradas, se encuentran las propuestas españolas descartadas en otoño por parte de la Comisión, al considerar que podrían poner en riesgo el mercado energético europeo. Pero la realidad ha devorado las previsiones y ahora el trabajo se lleva a cabo a la carrera: Bruselas tiene previsto presentar en marzo una nueva batería de herramientas para contener el zarpazo energético provocado por el gas. Y todo ello en un contexto de elevada volatilidad, mientras, al mismo tiempo, prepara medidas de contingencia ante posibles escenarios de cortes de suministro desde Rusia y negocia, con ayuda de Estados Unidos, el aprovisionamiento desde nuevos países.

“Están abiertas todas las opciones”, reconoce una fuente comunitaria al tanto de las alternativas que estudia la Comisión. Y entre estas posibilidades se incluye la propuesta que España puso sobre la mesa en un Consejo de Ministros de Energía el pasado otoño. La idea es obtener el precio de la electricidad a partir de una media del precio de todas las tecnologías de generación, de modo que tenga en cuenta el bajo coste de la electricidad de origen renovable, y no solo el precio disparado del gas. El equipo de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, lanzó la iniciativa tras la tímida reacción desde la Comisión ante la crisis energética.

Era octubre, los precios mayoristas del gas en la UE se habían disparado un 429% con respecto a 2019, provocando a su vez un alza del 230% en la electricidad al por mayor, según cifras de la Comisión. España reclamó entonces que se permitiera a los Estados miembros, en momentos excepcionales, romper con el sistema europeo de fijación marginal de precios para evitar el efecto contagio del zarpazo del gas en toda la economía. “En estas circunstancias extraordinarias, en lugar de la señal de precio marginal pura (contaminada por los picos de los precios del gas), el precio de la electricidad se obtendría como un precio medio con referencia también al coste de las tecnologías limpias inframarginales (especialmente las renovables)”, señalaba un documento oficioso que España hizo circular entre los ministros de Energía de la UE.

Esta propuesta, que ahora estudia la Comisión, también figura como principal alternativa al sistema marginalista en un informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER por sus siglas en inglés) presentado durante un consejo informal de Energía celebrado en Amiens (Francia) a finales de enero. El documento constata también cómo los precios de futuros del gas para el 2022 se han incrementado un 40% desde noviembre, y hasta un 50% los de la energía. La presentación de ACER alerta además de que las facturas de los consumidores europeos habían crecido un 30% a lo largo del 2021, a pesar de la intervención de los Estados miembro para reducir impuestos y gravámenes, siguiendo las recomendaciones de Bruselas para hacer frente a la crisis.

La acogida de la propuesta española en octubre por parte de la Comisión fue fría. “No está claro” que la alternativa sea “mejor que el diseño actual del mercado de la electricidad”, replicó entonces la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, y alertó de sus “riesgos”, como posibles problemas de competitividad, seguridad, previsibilidad y de casación de oferta y demanda si un país se distancia del actual sistema. Esos argumentos, añadió, también los suscribían “los Estados miembros que apoyan firmemente el diseño actual del mercado de la electricidad”, como Alemania, Austria, Países Bajos y Finlandia, que han formado desde el verano un muro frente a las posiciones reformistas de otros países, como España y Francia.

Tormenta sobre la industria

Pero las cosas han cambiado. Una tormenta energética se cierne sobre la UE. Esta misma semana el ministro de Transición Ecológica de Italia llegó a asegurar que el incremento del coste de energía se tragaría los 200.000 millones del fondo de recuperación italiano (el mayor de los Veintisiete), según ha recogido la agencia Ansa. La gran industria europea comienza a notar los efectos del alza de precios. Necesitan respuestas a corto plazo.

No ayudan la tensión creciente con Rusia ni el momento del año: el pico de demanda de gas suele producirse por estas fechas; en 2021 tuvo lugar el 12 de febrero, según un informe de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas (ENTSOG, por sus siglas en inglés). Y algunos altos cargos de la Comisión parecen haber entrado en pánico. “Hay un clima de nerviosismo”, indican fuentes comunitarias. Lo cual obliga a que se barajen distintas herramientas, como la citada propuesta, u otras también planteadas por España en el mismo documento oficioso, como poner topes a los precios (idea igualmente desechada hasta ahora) o incluso crear un fondo de ayuda a las familias con cargo al presupuesto comunitario.

En la Comisión no todos ven con buenos ojos el brusco cambio de criterio y consideran que modificar las normas del mercado eléctrico sin el debido estudio podría suponer un salto al vacío, generar inseguridad jurídica y desalentar las inversiones canalizadas hacia la transición ecológica. El Ejecutivo comunitario se comprometió en octubre a realizar un estudio a fondo del mercado eléctrico, a través de ACER, para valorar posibles modificaciones, a instancia de países como España y Francia. En un análisis preliminar, publicado en noviembre, alertó del peligro de trastocar el modelo. Aunque su dictamen definitivo no llegará hasta abril, la presión es tal que, en algunos círculos del Ejecutivo comunitario, hay quien prefiere no esperar al informe.

Durante meses, el equipo de la presidenta de la Comisión ha desdeñado el problema de los precios del gas. Evitó mencionarlo en su discurso del Estado de la UE, el pasado mes de septiembre, al considerarlo un tema menor, mientras el Gobierno español lideraba una especie de entente de países afectados para tratar de colocar el asunto en la agenda. Desde Bruselas se insistía en que se trataba de un asunto pasajero, que escamparía en la primavera de este año. Pero los pronósticos se han vuelto oscuros: los precios del gas no bajarán hasta la mitad de 2023, ha rectificado la Comisión en sus últimas previsiones económicas publicadas este jueves. “Los precios de la energía serán un motor clave de las dinámicas de la inflación en 2022″, alerta el documento, que asegura que su alza explica “en torno a la mitad” de la inflación en la UE desde el pasado verano.