Las cadenas de alimentación y gran consumo piden el alta automática de los contagiados para no quedarse sin personal

Las organizaciones que integran la cadena de valor de la alimentación y el gran consumo (asociación de supermercados, Aecoc, Anged, Asedas, FIAB, corporativas agroalimentarias, Hostelería de España y Marcas de Restauración) han reclamado medidas para evitar la falta de personal en su actividad ante la expansión de los contagios por coronavirus. La petición se la han notificado a los ministerios de Sanidad, Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Agricultura y Seguridad Social. Entre otras medidas, ante la congestión de la atención primaria y el atasco en la gestión de las bajas laborales, solicitan que el alta laboral sea automática una vez transcurran los siete días de aislamiento obligatorio si no existe sintomatología, según han informado en un comunicado.

Las patronales del sector recuerdan que el incremento de las bajas de trabajadores registradas en sus empresas supone ya un gran problema administrativo ante las dificultades que estos encuentran para obtener el alta médica. El fuerte repunte de los contagios por la variante ómicron ha vuelto a tensionar el servicio público de salud y consideran que de esta forma se rebajaría parte del trabajo burocrático que tienen que llevar a cabo los facultativos, una medida similar a la que también reclaman colectivos de sanitarios.

El sector de la cadena alimentaria calcula que uno de cada siete de los trabajadores que está de baja en este momento podría reincorporarse de inmediato, pero no lo hacen al no conseguir la autorización médica. Además, señalan que la decisión adoptada por algunas regiones de conceder bajas telefónicas solo con un autotest de antígenos está suponiendo un problema añadido de gestión de las altas, que sí deben obtenerse de manera presencial en los centros de salud.

En la actualidad, solo el comercio alimentario supera las 20.000 bajas laborales, según asegura el sector, “una cifra que aumenta a diario y que complica enormemente la gestión de las empresas”. Los datos provisionales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que hasta el 23 de diciembre se contabilizaron 240.011 bajas, más del triple que en noviembre al completo. Un dato que se habrá disparado en la parte final del mes, ya que fue el momento en el que más contagios se anotaron. De hecho, según las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, diciembre se cerró con 566.175 bajas laborales por coronavirus, siete veces por encima del mes anterior.

Ayuda de las mutuas

Como ya hicieran en el caso de la vacunación de los trabajadores, las empresas ponen a disposición del sistema público de salud sus mutuas de accidentes de trabajo para colaborar en esta tarea en condiciones de plenas garantías sanitarias y jurídicas, pudiendo así contribuir de forma muy significativa a evitar consultas innecesarias en atención primaria.

Estas peticiones van en línea con la realizada recientemente por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que reclamaba un mecanismo a nivel nacional de tramitación simultánea de baja y alta programada, en un mismo momento, para reducir la carga de trabajo de los facultativos. Y la CEOE, que ofrecía todos los recursos médicos disponibles en las empresas: “La tramitación de la incapacidad temporal por covid por parte de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y los servicios de prevención son alternativas fiables y seguras ante la avalancha de bajas laborales por un autodiagnóstico positivo. En el mundo empresarial tenemos recursos sanitarios disponibles para apoyar al sistema público de salud”, subrayan fuentes de la patronal.

Las organizaciones de la cadena de alimentación y gran consumo solicitan asimismo que se reduzcan los periodos de cuarentena a los mínimos indispensables para garantizar la correcta gestión de la pandemia según la información científica disponible y la experiencia acumulada durante los últimos dos años de pandemia.

En este sentido, piden que desde un criterio sanitario se estudie la posibilidad de acortar los plazos o limitar aquellos en que se aplican dichas cuarentenas —en coherencia con las decisiones que se anuncian en el ámbito escolar—. Y creen que la actual reducción de diez a siete días es insuficiente para garantizar la adecuada cobertura de las vacantes.

Las organizaciones recalcan que para garantizar su servicio esencial a la ciudadanía, la mayoría de los trabajadores tiene que desempeñar su actividad presencialmente, no pudiendo teletrabajar ni ser sustituidos por otros medios. Una labor fundamental como se demostró en los momentos más duros del confinamiento, cuando evitaron que se produjeran problemas de abastecimiento.

El sector avanza que, ante las circunstancias actuales, el funcionamiento de las operaciones en los centros de trabajo, sobre todo en los establecimientos abiertos al público y en las plataformas logísticas, se está “complicando extraordinariamente”, por lo que espera que se adopten medidas cuanto antes. Es decir, que se facilite que los trabajadores afectados se reincorporen con la máxima agilidad posible a sus centros de trabajo, y así permitan a las empresas planificar mejor la gestión de las plantillas, cumpliendo en todo momento el criterio que determinen las autoridades sanitarias.