El Estado traspasa a la Generalitat el control de los fondos para gestionar Rodalies

La Generalitat pasará a controlar directamente los fondos destinados a la gestión de Renfe por parte de Rodalies. La reunión de la comisión bilateral de infraestructuras, celebrada este viernes en Madrid, desencalló un acuerdo sobre el control de lo que se conoce como “déficit tarifario”. Se trata del diferencial de dinero que Renfe no cubre por la venta de billetes, y que la Administración tiene que abonarle para que siga operando los trenes. La Generalitat consideraba que se la estaba ignorando al efectuar ese pago desde el Gobierno central, sin pasar antes por las arcas catalanas. Este viernes, por fin, se dio solución a esa reclamación crónica: el Estado transferirá la partida a Cataluña, en lugar de ingresarla en las cuentas de Renfe. Con ese acuerdo, el Ejecutivo catalán dispondrá de un montante que oscila entre 270 y 320 millones de euros anuales. En todo caso, el importe definitivo lo determinará la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF), antes de fin de año. La Generalitat, además, trató de aprovechar el traspaso como un primer paso de la transferencia integral del servicio, lo cual el ministerio ni se plantea.

“Hemos dado un paso, después de 10 años sin que hubiera ningún avance”, celebró el vicepresidente y responsable de Territorio, Jordi Puigneró, tras reunirse con la secretaria de Estado de Transportes y Movilidad, Isabel Pardo de Vera. El ministerio aplaudió públicamente que el encuentro hubiese discurrido en “un clima positivo”. Una distensión insólita en los últimos meses, tras el encontronazo entre ministerio y consejería por el sonado fiasco en que derivó el millonario proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Pardo de Vera, antigua presidenta de Adif, valoró que, al hablar de trenes, las dos partes fuesen capaces de acordar “una hoja de ruta para el traspaso de los recursos económicos necesarios en Rodalies”. Puigneró fue un poco más allá, y pronosticó que el desbloqueo del déficit tarifario supone “el inicio de un trayecto hacia el traspaso integral y definitivo de Rodalies a la Generalitat”. El número dos del Gobierno catalán abría así la puerta a que Cataluña asuma las competencias, también, sobre los trenes, la infraestructura y el personal, una posibilidad que el ministerio siempre ha visto como muy improbable. La secretaria de Estado aguó los vaticinios de su invitado, y replicó que “otros traspasos corresponden a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat”.

Desde que en 2009 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el segundo gobierno tripartito, presidido por José Montilla, pactaran transferir las cercanías ferroviarias a la Generalitat, los sucesivos responsables de la consejería de Territorio han criticado que aquel traspaso fue “incompleto” y que, además, nunca se cumplieron todos los puntos que fijaba el trato. La Generalitat es competente en horarios, frecuencia de paso, tarifas e información a los usuarios, pero dice tener las manos atadas para garantizar un buen servicio a los 300.000 usuarios diarios, que antes de la pandemia ascendían a 400.000.

Poseer la llave de la caja de Rodalies es clave, según el Govern, porque otorga una capacidad coercitiva sobre el operador del servicio, es decir, Renfe. Las incidencias y los retrasos son continuos en Rodalies, con lo que la administración catalana planea guardarse en la manga la carta del pago del servicio. ”No podemos estar satisfechos de una negociación con el Estado hasta que no se vea el resultado”, alertó Puigneró, criticando que los incumplimientos del otro bando son reiterados.

El traspaso económico de Rodalies no era la única asignatura pendiente que ponía la Generalitat sobre la mesa de la comisión bilateral. Se reclamaban transferencias económicas pendientes en infraestructuras, alegando que es una deuda que colea desde hace más de diez años, en virtud de la disposición adicional tercera del Estatut. En total, se estima que hay pendiente el traspaso de unos 3.500 millones de euros correspondientes a la compensación por el déficit de inversión en infraestructuras de Cataluña entre 2009 y 2013. “Hemos arrancado el compromiso de pago”, anunció Territorio tras la reunión de la comisión bilateral. Sin embargo, el ministerio se limitó a concretar que el acuerdo alcanzado compromete una primera transferencia de 559 millones, “en concepto de liquidación de obras a ejecutar durante las anualidades 2022–2024 por la Generalitat”. El Gobierno mantiene que habrá que calcular el resto de la deuda, atribuible al periodo 2009-2013, y, posteriormente, pactar el calendario de pago.

“Queremos hechos y no palabras y, en función del hechos, podremos decir si, tanto la disposición adicional tercera como el traspaso de Rodalies, antes del verano que viene, pueden ser una realidad definitiva o han sido, una vez más, una voluntad no cumplida del Estado”, valoró el vicepresidente catalán. El ministerio, por su parte, informó que la propuesta se elevará a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) para su consideración y aprobación.

Huelga para prevenir el traspaso

Las reclamaciones para que la Generalitat asuma la gestión de la red de cercanías forman parte del discurso que entona cada nuevo inquilino de la consejería de Territorio. El argumento es que los trenes de Renfe son un sinfín de disgustos para los usuarios, mientras que la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ofrece un servicio óptimo. Renfe replica que la comparación entre ambas compañías es imposible, por el volumen de usuarios que atiende cada una y por las distintas características de la trama ferroviaria. El mes pasado, los maquinistas del sindicato Semaf convocaron varios días de huelga para protestar ante la posibilidad de que Renfe se desprenda de competencias en Rodalies. En Cataluña, el paro provocó un caos en el servicio. Semaf rechaza un posible traspaso de la plantilla a la Administración autonómica porque ello implicaría, alegan, quedar “secuestrados” laboralmente en un territorio concreto.