El Gobierno extiende hasta final de 2022 el blindaje a las empresas estratégicas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ampliación del blindaje a empresas estratégicas, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022, a través de un decreto que incluye la prórroga de otras medidas para responder a la pandemia. Con esta norma, el Gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en participaciones que superen el 10%, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

“La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos”, ha señalado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado. El alargue de la vigencia de la herramienta, conocida como escudo antiopas, pretende proteger a las grandes empresas españolas ante el interés de otras firmas o fondos extranjeros de hacerse con ellas a un precio por debajo del real de mercado en circunstancias normales. Fue adoptado por primera vez en marzo de 2020, ante la caída de las Bolsas que provocó la primera oleada del coronavirus. Y la prórroga llega solo dos días después de que el fondo estadounidense KKR agitara el sector europeo de las telecomunicaciones con su opa sobre Telecom Italia.

De esta forma, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de vetar inversiones extranjeras en empresas españolas de sectores considerados estratégicos. “Se trata de seguir apoyando la recuperación y solvencia del tejido productivo para que las empresas pueden aprovechar el nuevo entorno de crecimiento económico”, explica el Ministerio de Asuntos Económicos.

El Ejecutivo también ha prorrogado este martes las medidas de apoyo a los autónomos y las empresas, y las líneas de avales, en consonancia con la extensión de la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea. Esta permite, por ejemplo, el rescate de empresas estratégicas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el de Cofides hasta el 30 de junio de 2022.

El ministerio, en su nota, destaca la importancia de las líneas de préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que también se amplía hasta el 31 de julio de 2022: “Han sido un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo, especialmente durante los momentos más duros de la pandemia”. Y resume los datos desde el inicio: “Desde la puesta en marcha de estas ayudas en marzo de 2020, por importe de 100.000 millones de euros, y con la posterior aprobación de la segunda línea de avales para inversión y liquidez por importe de 40.000 millones, se han garantizado hasta el 18 de noviembre de 2021 un total de 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo”.

A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se han destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado otros 1.978 millones. El departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño ha destacado asimismo que son las líneas más utilizadas en toda Europa.

Ayudas directas

Entre las prórrogas aprobadas este martes también se encuentra la ampliación hasta el 30 de junio de 2022 del plazo de reintegro por parte de las comunidades autónomas de los fondos no ejecutados de la línea covid de ayudas directas a autónomos y empresas. Así, las autonomías dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

En el ámbito concursal, se extiende hasta el 30 de junio de 2022 la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. Esto tiene el objetivo de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español.