El Gobierno refuerza el blindaje de las grandes empresas españolas del Ibex

El Ejecutivo ha afinado la norma que aprobó el pasado 17 de marzo para blindar a las grandes empresas españolas cotizadas del Ibex35 o las que considera de sectores estratégicos frente a potenciales ofertas hostiles de compra de inversores extranjeros aprovechando la caída de las cotizaciones. El decreto aprobado ayer supone un blindaje adicional al prohibir no solo que ningún inversor extracomunitario pueda adquirir más de un 10% del capital de una empresa española, sino que extiende esa prohibición a los inversores que, aunque sean residentes en la UE o en países de la Asociación Europea de Libre Comercio (como Suiza o Reino Unido), estén controlados por inversores de fuera de esa región.

De esta forma, el decreto que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) aclara que se entenderá que existe esa titularidad real cuando los inversores extracomunitarios posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la sociedad radicada en la UE, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor que finalmente quisiera efectuar la toma de la participación en la empresa española. En todos estos casos, será precisa la autorización previa del Gobierno.

Se trata de evitar que multinacionales extracomunitarias utilicen filiales o sociedades instrumentales o SPV (Special Purpose Vehicle) radicadas en países de la UE como Luxemburgo o Países Bajos para hacerse con el control de las cotizadas españolas, empresas que en muchos casos han perdido gran parte de su valor desde el inicio de la crisis. Por ejemplo, IAG se ha dejado las dos terceras partes de su capitalización bursátil en lo que va de año; la banca grande y mediana, casi la mitad; Repsol, un 40%; y Telefónica, la tercera parte.

Para no cerrar completamente el mercado corporativo, que ha quedado seriamente tocado por la crisis, el Ejecutivo permite discrecionalmente inversiones de menor cuantía. "Podrá establecerse reglamentariamente el importe por debajo del cual las operaciones de inversión directa extranjera quedarán exentas de someterse al régimen de autorización previa”, indica el texto del decreto.

Y es que el decreto anterior había estrangulado casi completamente las inversiones exteriores, incluso las de pequeña cuantía. Por eso ahora, la norma que entra en vigor este martes agiliza el procedimiento para la tramitación y resolución de algunas solicitudes de autorización previa de inversiones exteriores que ya estaban en curso antes del pasado 17 de febrero y para aquellas operaciones cuyo importe esté entre el millón y los cinco millones de euros, que no deben pasar ya por el Consejo de Ministros, y solo deben contar con el permiso de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. Las que supongan la movilización de menos de un millón de euros quedan además eximidas de la necesidad de contar con cualquier autorización previa.

El Gobierno suprime asimismo el artículo del decreto del 18 de marzo en el que fijaba como límite temporal para este régimen de restricción de inversiones otro acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determinara su levantamiento. Es decir, hará falta otro decreto ley para eliminar los límites a la inversión extranjera introducidos ahora.

Empresas afectadas

La nueva norma no modifica las empresas afectadas por estas restricciones de los sectores considerados estratégicos. Entre ellos, las infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales, lo que incluye las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera.

Asimismo, están incluidas en la lista las instalaciones sensibles, así como terrenos y bienes inmuebles, que sean claves para el uso de dichas infraestructuras. También engloba tecnologías críticas y productos de doble uso como la Inteligencia Artificial (IA), la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.

En esta línea, también se consideran estratégicos los suministros de insumos fundamentales, en particular energía o los referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria. Además, incluye los medios de comunicación y sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información.

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