Bruselas prorroga la norma que permite a los Gobiernos rescatar a empresas golpeadas por la pandemia

La Comisión Europea ha prorrogado por otros seis meses, hasta el 30 de junio de 2022, la regulación que permite a los Gobiernos rescatar empresas muy afectadas por la crisis económica que ha provocado el coronavirus y las medidas adoptadas para frenar su expansión. Este mecanismo se creó en los primeros compases de la pandemia y ha permitido el rescate de compañías que, de otra forma, se hubieran visto abocadas a la ruina, especialmente en el sector turístico y del transporte aéreo. Desde entonces, se ha enmendado su utilización con esta vez en seis ocasiones, según el anuncio que ha hecho este jueves el departamento que dirige la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Esta medida no consiste en una transferencia de fondos de la Unión Europea a los Estados miembros, como han sido el SURE (fondo para costear programas de empleo como los ERTE) o el plan de recuperación. En realidad, la decisión lo que hace es permitir que se den ayudas de Estado relajando las normas de Competencia. “La prórroga limitada brinda la oportunidad de una eliminación progresiva y coordinada de las medidas de crisis, sin crear efectos extremos, y refleja la fuerte recuperación proyectada de la economía europea en general. Por otro lado, continuaremos vigilando de cerca el aumento de las infecciones por covid y otros riesgos para la recuperación económica”, ha declarado Vestager.

En España, esto permitirá dar salida al atasco de peticiones pendientes que acumula el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y también del fondo de Cofides, ideado para dar oxígeno a empresas medianas. En ambos casos, se trata de herramientas de último recurso, para cuando las firmas que más sufren la crisis no tengan otra alternativa de financiación.

Así, esta actualización del Marco temporal de ayudas de Estado permitirá a los países que lo necesiten mantener esquemas de ayudas que ya estén en marcha y evitar que las firmas todavía afectadas se queden sin apoyo. Además, Bruselas incluye la posibilidad de que los Gobiernos concedan avales a intermediarios privados para que inviertan en pymes y start-ups. “Esto es particularmente relevante a la luz del aumento del endeudamiento de las empresas durante la crisis”, ha asegurado la Comisión en un comunicado. Y se permitirá que hasta el 31 de diciembre del año que viene se otorguen incentivos a las inversiones de las empresas destinadas a acelerar las transiciones climática y digital.

Pese a ello, estas ayudas están condicionadas. Por ejemplo, el Ejecutivo comunitario exige que durante el tiempo en el que el Estado esté en el capital de las compañías se suspenda el pago de dividendos y las recompras de acciones. Y se limiten de forma “estricta” los sueldos de sus directivos, incluyendo la prohibición de pagar bonus. Además, se trata de préstamos que se tienen que devolver en un periodo de tiempo determinado, de ahí que para la concesión sea imprescindible un plan de viabilidad y calendario de devolución. Es decir, los países solo podrán entrar en el capital de las empresas como último recurso, si no hay otra salida y si mantener la viabilidad de esa compañía responde al “interés común”. Esto es, que se considere estratégica.

El Ejecutivo comunitario ha ampliado asimismo la vigencia de otras ayudas. Por ejemplo, los Estados podrán seguir convirtiendo en subvenciones ayudas que se habrían concedido en forma de instrumentos reembolsables (como avales, préstamos o anticipos) hasta el 30 de junio de 2023, un año más de lo establecido hasta ahora.