Bruselas prohíbe pagar dividendos y obliga a limitar sueldos de directivos y ‘bonus’ en empresas rescatadas

Bruselas ha dado hasta ahora luz verde para que los Estados aprueben ayudas para dar liquidez a sus empresas por hasta 1,9 billones de euros. La hostilidad de esta crisis, sin embargo, lleva a Europa a dar un paso más. La Comisión Europea adoptó este viernes las reglas que permitirán que los países puedan rescatar a empresas con capital público o deuda subordinada. El Ejecutivo comunitario, que pide que solo se recurra a la recapitalización como último recurso, exige que durante el tiempo en el que el Estado esté en el capital de las compañías se suspenda el pago de dividendos y las recompras de acciones y se limiten de forma “estricta” los sueldos de sus directivos, incluyendo la prohibición de pagar bonus.

La Comisión Europea anunció hace un mes que volvería a flexibilizar el marco de ayudas de Estado para permitir el rescate de empresas privadas con capital público. La primera ronda de ayudas no bastó y los gobiernos se han visto obligados a socorrer a sus aerolíneas, primero, y empiezan a barruntar la entrada en el sector industrial. No obstante, la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, recibió un alud de enmiendas a su propuesta para fijar normas a la entrada del sector público en las empresas.

El Ejecutivo comunitario ha cerrado por fin el marco en el que podrán moverse los Estados. En un comunicado, la Comisión anunció que se adoptan un conjunto de “salvaguardas” para evitar “distorsiones indebidas de competencia en el mercado único". La primera: los países solo podrán entrar en el capital de las empresas como último recurso, sino hay otra salida y si mantener la viabilidad de esa compañía responde al “interés común”. Por ejemplo, para evitar “sufrimiento social” o “fallos de mercado” por una destrucción masiva de empleo, la pérdida de una empresa innovadora, sistémica o que produzca un “servicio importante”.

Bruselas también pide que los riesgos que asumirá el Estado se compensen con una “remuneración suficiente” y que los beneficiarios y los países miembros desarrollen una estrategia de salida, en especial en el caso de grandes compañías. Si el capital público permanece en la estructura accionarial de la compañía seis años después (siete, en el caso de las pymes), el gobierno deberá llevar a Bruselas un plan de reestructuración. La Comisión se asegura, además, que esta medida no sea una puerta trasera para ayudar a otras empresas del mismo grupo que ya estuvieran en peligro antes del brote.

El otro gran apartado que regula la Comisión es el de la gobernanza. Hasta que el Estado salga por completo de la empresa, queda prohibido el reparto de dividendos o la recompra de acciones por parte de sus beneficiarios. Es más, hasta que se haya amortizado el 75% de la recapitalización se seguirá una “estricta limitación” de la remuneración de los directivos, incluyendo los bonus.

La nueva modificación de la normativa en ayudas de Estado introduce, además, la posibilidad de que los Estados hagan sus inyecciones a las compañías a través de deuda subordinada. Las modificaciones en ayudas de Estado estarán vigentes hasta diciembre de 2020, si bien las referentes a las recapitalizaciones de empresas lo estarán hasta junio de 2021.

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