El discurso de Pedro Sánchez sobre la derogación de la reforma laboral enturbia el diálogo social
Con gran parte del nuevo marco normativo por definir, las palabras del presidente elevan las discrepancias entre Gobierno y patronal y alejan el acuerdo entre las partes que demanda Bruselas
La temperatura del diálogo social varía en función de la temática negociadora y de la distancia ideológica que manifiestan las partes implicadas. Y de entre todas las áreas que conforman la agenda actual de Gobierno, sindicatos y patronales (ERTE, pensiones, SMI...), la mesa de negociación acerca de la modernización del mercado de trabajo ―que es la denominación que se le ha atribuido al proceso de derogación de la reforma laboral―, presenta alteraciones térmicas más elevadas que ninguna otra. Entre otras razones, porque esta materia debe estar resuelta antes de final de año, según rige el compromiso adquirido con Bruselas, y con el apoyo de todas las partes que demanda Europa. Sin embargo, aunque el calendario es cada vez más ajustado las posturas se mantienen firmes, aunque no impermeables.
Las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el 40º Congreso del PSOE en las que volvía a evidenciar el deseo de su partido por dar carpetazo a la regulación actual ―“Avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley mordaza y la reforma laboral del PP, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios”―, han hecho que diálogo social vuelva a enturbiarse.
Mientras que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las recogió con agrado ―“Bienvenidas las palabras del presidente. Vamos a cumplir con el acuerdo de Gobierno, con el componente 23 del Plan de Recuperación que hemos remitido a Europa, y rápidamente tendremos una propuesta de reforma laboral que será ya de nuestro país”, dijo este lunes a la salida de la inauguración de unas jornadas sobre la Ley de Vivienda organizadas por Unidas Podemos en el Congreso―, la patronal añadió un ladrillo más a ese muro de contención que viene conformando desde hace un año, y que los sindicatos tratan de agujerear constantemente.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, advirtió de nuevo este lunes a Sánchez de que nunca encontrará a la patronal en su voluntad de derogar la reforma laboral de 2012, pero sí en las distintas propuestas de mejora que se establezcan al respecto. “Hay que sentarse a trabajar fuera de la política. Si lo que se va a hacer es derogar la reforma laboral, que no cuente con nosotros”, aseveró el líder de los empresarios. Fuentes de la patronal consideran algunas de las medidas propuestas por el Gobierno como inaceptables. Entre ellas las que, en pos de la reducción de la temporalidad, pretenden alterar el paradigma de la contratación. Aseguran, sin embargo, ser conscientes de que como ya sucedió con el último aumento del salario mínimo, el Gobierno podría tirar adelante sin contar con su respaldo, pero se escudan en que de hacerlo se daría una mala imagen a Europa, que incide permanentemente en la necesidad que las tres partes respalden el acuerdo.
Tanto Gobierno como sindicatos esperan que la patronal secunde el cambio normativo. Son conscientes de que reformas de este calado no solo transmiten una imagen de fortaleza hacia el exterior ―el ojo de la Unión Europea se cierne sobre este necesario entendimiento―, sino que refuerzan su mantenimiento a pesar de un eventual relevo en el Ejecutivo. “Para los empresarios puede ser más fructífero un mal acuerdo que una decisión tomada a partir de un acuerdo con los sindicatos”, observó, por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en una entrevista este lunes en TVE. Para fundamentar la derogación de la legislación laboral actual, el líder sindical puso el foco en la poca eficacia de las sanciones económicas en su misión de desincentivar las malas prácticas de las empresas: “La legislación no se cumple y la Inspección de Trabajo está mermada. La tabla de sanciones es absolutamente irrisoria. A un empresario le sale más a cuenta contratar de manera irregular, aunque tenga visita de un inspector, que contratar de acuerdo con la legislación”, declaró.
15% máximo de temporales
De entre las últimas propuestas transmitidas por Trabajo a los agentes sociales durante la reunión del pasado miércoles destacaba por encima de todas ellas la limitación de los contratos temporales dentro de la empresa a un máximo del 15% de su plantilla, aunque ese podrá verse rebajado si patronal y sindicatos acuerdan una cantidad menor dentro de la negociación colectiva. Se pretendía con ellos suturar la herida de la temporalidad viene desangrando al mercado laboral en España durante los últimos años, y que hoy se sitúa alrededor del 25%, superando ampliamente la media europea (sobre el 14%).
Cómo hacerlo, sin embargo, enfrenta a Gobierno y sindicatos con la patronal, que no contempla la creación de una regulación de aplicación común sobre sectores que se comportan de maneras diferentes. Fuentes de la CEOE indican que no son reacios a aplicar retoques que favorezcan la firma de otro tipo de contratos por encima de los temporales, pero señalan que es en la Administración Pública donde se concentra una mayor eventualidad (28%) que hace que se desequilibre la balanza.
Pero, además de un cambio en el marco de contratación, otras patas de la negociación tampoco logran equilibrar la mesa. La elevación de los convenios sectoriales por encima de los de empresa, el coto a la subcontratación a partir de la determinación de una responsabilidad subsidiaria entre las empresas que recurran a ellas, y el fin de la ultraactividad de los convenios enfrentan a las partes y alejan el acuerdo social. Todas ellas, sin embargo, se muestran pacientes. Son conscientes de que el tiempo apremia, pero encaran los acuerdos como una carrera de fondo, limitando el sprint (si hiciera falta) a los últimos días del año.
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