Bruselas desoye las peticiones españolas para paliar la crisis del gas

La ministra de Transición Ecológica carga contra la propuesta de la Comisión por no abordar “la excepcionalidad de la situación” en la que se halla la UE

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, durante su comparecencia de este miércoles.
La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, durante su comparecencia de este miércoles.OLIVIER HOSLET (EFE)

Después del intenso tira y afloja entre Bruselas y las capitales sobre cómo hacer frente al zarpazo de los precios de la electricidad, la Comisión Europea ha puesto finalmente sobre la mesa este miércoles una propuesta limitada en gran medida a las fórmulas de flexibilidad ya existentes en la regulación europea. La comunicación del Ejecutivo comunitario ha sido un golpe para España, que ha liderado en las últimas semanas una entente de países europeos afectados y ha reclamado que se fuera más allá del statu quo para frenar la crisis del gas. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha cargado contra el paquete por no abordar “la excepcionalidad de la situación en la que estamos con medidas excepcionales” pese a contener alguna de las propuestas planteadas por España, como explorar una reserva y compras conjuntas de gas.

En parte era lo esperado: la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, siempre dijo que las propuestas se moverían por territorio conocido. Pero en parte también se esperaba más: la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llegó a afirmar la semana pasada que su Ejecutivo estaba dispuesto a estudiar formas para desacoplar el precio del gas del de la energía (aunque nunca volvió a repetir esta idea). Ribera, también hace una semana, reclamó medidas extraordinarias y urgentes equivalentes a la suspensión de las reglas fiscales en el ámbito económico. Pero las mayores concesiones a las propuestas españolas —como la creación de reservas de gas y la compra conjunta del combustible— son cuestiones que la Comisión por ahora “explorará”, por usar la terminología de la Comunicación presentada este miércoles.

A corto plazo, el Ejecutivo comunitario propone una batería de medidas fiscales, bonos, subvenciones y aplazamientos de pago de facturas ya contempladas en gran medida en la normativa de la UE para paliar los efectos más inmediatos en empresas y consumidores. Reconoce que hasta 20 países de los 27 que forman la UE ya se han acogido a algunas de ellas o tienen previsto hacerlo. Y propone financiar estos mecanismos con los 26.300 millones de euros que han generado las subastas de derechos de emisión de CO₂ en el último año, aupados también por un alza de precios sin precedentes (desde diciembre, han pasado de 28 a 62 euros, una subida del 121%.)

La Comisión, en cualquier caso, dibuja un teatro sombrío: en el conjunto de la UE, dice el texto de la Comunicación, los precios mayoristas de la energía han crecido un 200% —un 9% el minorista, de momento—; y, a pesar de que los analistas de mercado prevén que bajen en abril, se mantendrán “más altos que la media de los últimos años”. El ejecutivo comunitario constata además que la UE tiene un problema de dependencia: el bloque comunitario importa el 60% de su energía, una cifra que ha crecido en los últimos años, y alcanza el 90% en el gas y hasta el 97% en el petróleo. Lo cual eleva su exposición a la volatilidad y a los caprichos del mercado. “Winter is coming”, ha llegado a afirmar con tono crepuscular Simson, al presentar la llamada “caja de herramientas”, casi recordando el arranque de la serie Juego de Tronos. “El invierno está llegando y para muchos las facturas de la electricidad están más caras de lo que han estado en una década”.

Aun así, Bruselas está convencida de que el problema es “temporal” y subraya su confianza en el actual sistema energético: “Existe un consenso generalizado de que el modelo de precios marginales es el más eficiente para los mercados eléctricos liberalizados”, afirma el documento. “Está hecho a medida para promover la integración de las energías renovables”. Bruselas sí se compromete a evaluar, a través de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) “las ventajas e inconvenientes” del sistema y su capacidad “para hacer frente a situaciones de extrema volatilidad de los precios en los mercados del gas”. Y asegura que exigirá un primer borrador de conclusiones a mediados de noviembre.

Ribera ha resaltado la “incongruencia” de la propuesta de la Comisión y le ha reclamado que esté “a la altura de las circunstancias”, aunque ha saludado algunas de las medidas, como la vigilancia del mercado de derechos de emisiones de CO₂, algo que ha reclamado España para hacer frente a posibles movimientos especulativos. Bruselas se compromete a investigar los indicios de comportamientos anticompetitivos y exigirá a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) que refuerce el seguimiento de la evolución del mercado europeo del derechos de emisión.

Sobre la firma

Guillermo Abril

Es corresponsal en Bruselas. Durante más de una década ha sido reportero de El País Semanal. Especializado en el gran reportaje con vocación internacional, ha cubierto la crisis de refugiados en la frontera exterior de la UE y zonas de conflicto como Siria y Libia, así como las consecuencias del Brexit y el auge de la ultraderecha.

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