Bruselas abre una vía para adoptar reformas extraordinarias ante la crisis energética

La crisis de los precios de la energía se va extendiendo como una mancha de aceite por las cuatro esquinas de Europa y, con el invierno a la vuelta de la esquina, la sensación de incertidumbre ya no es una cuestión regional que Bruselas pueda obviar y posponer: el debate ha impactado esta semana con fuerza y urgencia en todas las instituciones del bloque comunitario. Desde Estonia, Eslovenia, Estrasburgo y Luxemburgo los líderes políticos han abordado el zarpazo del gas, sus efectos y posibles soluciones en distintos debates y formatos de alto nivel. Ante la presión, Bruselas abre ligeramente el portón de su —hasta ahora— posición inamovible, una apertura que las capitales más afectadas esperan ver plasmada en la batería de medidas de flexibilidad que la Comisión Europea tiene previsto presentar la semana que viene.

España, uno de los primeros países en sentir la crisis y alzar la voz ante la UE, se enfrenta a la discusión con el apoyo de una especie de entente energética, aliados en el camino de la penuria energética, como Francia y Grecia, que también exigen reformas a nivel comunitario, desde una plataforma de compra conjunta de gas a la modificación del actual mercado energético. Otros socios, como Alemania, de momento no quieren oír hablar de una revisión profunda del actual marco regulatorio, y como mucho se abren a estudiar la situación actual. Y un no de Alemania es una negativa de peso.

Pero el paso ha ido cambiando. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, abrió ya el martes la mano y habló de la posibilidad de tomar medidas “a corto plazo”, como debatir “el tema del almacenamiento, la reserva estratégica [de gas]” y estudiar “la composición general de los precios del mercado de la electricidad”, según aseguró en una comparecencia en Estonia. ”Si los precios de la electricidad son elevados es porque los precios del gas son elevados, y tenemos que estudiar la posibilidad de desacoplar el mercado, porque tenemos energía mucho más barata, como las renovables”, dijo Von der Leyen.

Estas palabras suponen un giro en el discurso de Bruselas. Y una rendija ante la que países como España pueden seguir ejerciendo presión. A su llegada a la cumbre UE-Balcanes, en Brdo (Elovenia), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este miércoles a la Comisión “medidas extraordinarias, innovadoras, contundentes, para poder contener esta alza de los precios de la electricidad”, y ha recordado algunas de las propuestas que Madrid ha ido poniendo sobre la mesa en las últimas semanas, como la compra conjunta del gas. “Somos más fuertes unidos”, ha señalado bajo la lluvia. “Lo hicimos también con la compra conjunta de vacunas. Eso garantizó el acceso del conjunto de la población española y europea a las vacunas”.

Sánchez también ha pedido revisar el sistema de fijación de precios marginalista en el continente, que, según lo ve, penaliza “a las fuentes de energía renovables que son mucho más competitivas, en detrimento de las fuentes de energía de combustibles fósiles”. El presidente planteó también estas cuestiones en una cena con los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete celebrada el martes por la noche en Eslovenia, a pesar de que el tema central era otro —la posición de la UE en el mundo— y de que el presidente del Consejo, Charles Michel, había propuesto posponer la cuestión energética hasta la cumbre del 21 de octubre.

Para entonces el debate en Bruselas debería estar en fase avanzada: la Comisión tiene previsto lanzar la semana que viene una “caja de herramientas” con medidas de flexibilidad en las que lleva trabajando desde mediados de septiembre, después de sentir la presión de varios países. En principio no se espera ninguna audacia desde Bruselas, sino una guía con actuaciones a las que los países asfixiados por la escalada de precios pueden acogerse sin incumplir la normativa europea, tal y como ha anunciado este miércoles la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.

La mandataria europea ha enumerado ante el Parlamento algunas de esas iniciativas que los países podrán adoptar “muy rápidamente”, como la concesión de ayudas específicas a los consumidores, los pagos directos a las personas con mayor riesgo de pobreza energética, la reducción de los impuestos sobre la energía y el traslado de las cargas a la fiscalidad general. Medidas que muchos de los países afectados ya han tomado. La comisaria Estonia también ha anunciado un debate algo más profundo para final de año: “Propondré una reforma del mercado del gas y revisaré en ese contexto las cuestiones relacionadas con el almacenamiento y la seguridad del suministro”.

España aboga por llevar el debate más allá, hacerlo más urgente. Desde Luxemburgo, adonde ha acudido al Consejo de ministros de medio Ambiente, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha reclamado a Bruselas que presente entre esa batería de herramientas medidas “de carácter excepcional” para “responder a una situación excepcional”. Una suspensión de la regla de déficit, pero en su versión energética. “No estamos hablando de algo que no haya ocurrido antes”, ha defendido la responsable para la Transición Ecológica en un encuentro con periodistas. “Ha ocurrido con la regla de gasto. En momentos especiales, que quedan absolutamente fuera de la normalidad, se pueden excepcionar algunas de las reglas de la disciplina que han acordado las instituciones europeas”.

“Hemos pedido a la Comisión que busque el modo en el que disociar el precio del gas del precio electricidad”, ha asegurado Ribera, recogiendo las propuesta de Von der Leyen. “En paralelo”, ha añadido, “tenemos que asegurar que Europa cuenta con suficiente suministro de gas y a precio razonable en este invierno, por eso hemos propuesto que haya una plataforma de compra conjunta”.

Fuentes del gobierno aseguran que dos de las medidas que podrían contemplarse de manera extraordinaria, mientras la UE se enfrente a la crisis energética, serían extraer el gas del mecanismo de fijación de precios mientas su valor esté disparado o reintroducir un tope en el precio de la electricidad. Si la Comisión las propone la semana próxima, los líderes de los Veintisiete podría valorarlas (y votarlas) en la cumbre del 21 de octubre, en la que está previsto un punto en la agenda para tratar este asunto. Tal y como lo ven desde el Gobierno, la situación debería abordarse a nivel de líderes políticos, y no desde los servicios más técnicos del Ejecutivo comunitario.

“No basta solo con lo que existe”, ha reivindicado Ribera en su intervención ante sus colegas en Luxemburgo. Y ha acompañado sus palabras con un mapa de la UE que muestra los estratosféricos precios mayoristas de la energía previstos para mañana (288 euros el megavatio hora en España; 302 en Alemania y 307 en Italia, por poner tres ejemplos). “Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales”, ha insistido, asegurando que la situación se parece ya demasiado a la crisis del petróleo de los setenta.