España presiona a la UE para que actúe ante la subida de los precios de la luz

Asfixiada por la escalada de precios, España ha ido marcando el paso europeo en los últimos días y ha logrado trasladar al bloque comunitario la urgencia del debate sobre el mercado de la energía. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha afirmado este miércoles, en un receso del encuentro informal de los veintisiete ministros de Energía y Transportes de la UE celebrado en Eslovenia, que la mayoría de los países ha manifestado su “preocupación” por la evolución de los precios de la energía y ha respaldado la idea de dar una respuesta conjunta guiada por la Comisión. La comisaria de Energía, Kadri Simson, ha anunciado que en las próximas semanas presentará un paquete de medidas que países podrán adoptar para frenar la escalada de los precios, pero ha defendido el actual sistema.

Ribera ha acudido a la cita en Eslovenia después de haber enviado este lunes una carta a Bruselas en la que reclama “el diseño de un conjunto flexible de directrices” de nivel comunitario con las que las capitales puedan “amortiguar el efecto de los aumentos repentinos de los precios de la energía”. La misiva, firmada junto a la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, aportaba propuestas como la compra centralizada de gas o el freno a la especulación en el mercado del derechos de emisión de CO₂.

España aspira, además, a colocar el “debate europeo sobre el mercado de energía” en la agenda de la próxima cumbre de jefes de Estado y de gobierno, según explicaba ayer martes en Bruselas el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, antes de adentrarse en una cita con sus homólogos en el Consejo. La propuesta, ya sugerida la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende valorar si algún elemento “del actual marco normativo para la fijación de los precios en el mercado energético es susceptible de una mejora”, en palabras de González-Barba.

La iniciativa española cuenta con el apoyo explícito de algunos países, como Italia. Y otros muchos Estados miembros parecen dispuestos a escuchar y debatir. Otra cosa es que estén abiertos a acometer reformas profundas. “Las preocupaciones de España sobre la energía son las preocupaciones de Europa sobre la energía: todos están sufriendo precios altos, incluido el Reino Unido”, dice una fuente diplomática de un país a menudo alineado con los mal llamados frugales. “El problema es sobre todo un efecto de la oferta combinado con el rebote económico, así que no hay mucho que se pueda hacer, por desgracia”. Esta fuente asume que será un “invierno agitado porque los ciudadanos no aceptan los altos precios y tampoco hay mucho que la política pueda hacer”.

Bruselas, hasta ahora, se había mantenido en esta misma línea de vigilar los precios –cuyo pico considera un fenómeno a corto plazo– pero sin actuar. La presión de las capitales, liderada por España, y el alza continua de precios parece que comienzan a hacer mella. “El debate de esta mañana ha sido muy productivo y la mayor parte de los ministros de Energía han manifestado su preocupación por la evolución de los precios de la energía en el conjunto de la UE”, ha asegurado Ribera desde Eslovenia.

Otra experimentada fuente diplomática augura desde Bruselas que el incremento de precios se irá extendiendo por más países de la UE, contaminando y entorpeciendo además el debate sobre el ambicioso paquete verde con el que el bloque comunitario pretende reducir las emisiones de CO₂ un 55% en 2030 y alcanzar la descarbonización total de la economía del bloque comunitario en 2050.

La comisaria Simson ha confirmado en su comparecencia posterior al encuentro en Eslovenia la preocupación generalizada de los ministros por el auge de precios, que algunos países ya sienten y otros temen. Simson ha anunciado que, en las próximas semanas, la Comisión publicará una especie de guía con las medidas que los países pueden adoptar “en el corto plazo” para frenar el zarpazo energético “de acuerdo con la actual normativa de la UE”. Esta “caja de herramientas “ incluiría iniciativas como la reducción del IVA. También ha anunciado una discusión más sosegada para frenar la escalada de precios en el “largo plazo” con soluciones que busquen reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Pero Simson ha defendido el actual sistema: “No creo que el diseño del mercado eléctrico haya contribuido al incremento de precios”.

Mientras tanto, el precio de la luz sufrirá este jueves en España una nueva oscilación y bajará algo más de 10 euros sobre los 175,87 del miércoles y se situará en 165,19 euros megavatio hora (MWh) de media. El precio más alto se producirá entre las nueve y las diez de la noche, franja en la que alcanzará 192,52 euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará entre las cuatro y las seis de la madrugada, con 132,30 euros. Durante las dos últimas semanas, el precio está oscilando entre los 145 y los 190 euros MWh.

Estos precios afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), unos 10,5 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre (unos 17 millones) y que negocian el precio con las comercializadoras. No obstante, los consumidores de este segmento también verán la repercusión de la subida en sus contratos más adelante, normalmente referenciados a una serie de cláusulas. Además, el aumento de los precios ha elevado la ponderación del consumo de energía en la factura de la luz y ya representa cerca del 51% del importe, frente al tercio escaso que representaba antes de la crisis energética. El resto del recibo está compuesto por impuestos (IVA e impuesto especial de la luz) y cargos (costes extrapeninsulares) y peajes.

El aumento está causado por el precio del gas en los mercados internacionales, cuya incidencia se espera al menos hasta el próximo marzo. El gas es la materia prima que se usa en las centrales de ciclo combinado, que son las que marcan el precio del mercado mayorista al ser la última tecnología que entra en la puja mayorista.

Opciones flexibles

Este mecanismo de precios mayorista ha sido criticado en el seno de la UE y el Gobierno español, a través de Calviño y de Ribera, que han pedido modificaciones. Desde Eslovenia, la ministra de Transición Ecológica ha celebrado el respaldo del Ejecutivo comunitario: “La comisaria [Kadri Simson], ha concluido el debate compartiendo que están trabajando en la preparación de las propuestas de las opciones flexibles para abordar esta situación a nivel europeo, y que en las próximas semanas darán a conocer sus propuestas para todos”.

El Gobierno, además de esa petición a Bruselas, respondió al aumento de los precios con una serie de medidas para evitar que el fuerte aumento del gas repercuta en el recibo de la luz con el objetivo de que no se pague más que en 2018. Dichas medidas han generado controversia en las empresas del sector, sobre todo las grandes eléctricas, que las tachan de injustificadas y de partir, en el caso de la minoración de ingresos, de unos supuestos que no son reales. Según fuentes del sector, de los 2.600 millones Endesa e Iberdrola coparán el 80% (es decir, algo más de 2.000 millones).

A su juicio, eso lleva a que muchas centrales tengan pérdidas operativas, principalmente porque la energía la tienen prácticamente vendida a un precio medio de 60 euros MWh. Ante esa aseveración, fuentes gubernamentales se preguntan si también tenían esa cobertura de precios el año pasado cuando las eléctricas se quejaban de que perdían dinero en las centrales nucleares y el precio mayorista rondaba los 30 euros MWh.

El Gobierno obliga a devolver la retribución que sacan de más por vender la energía al precio del gas, con lo que espera recaudar 2.600 millones de euros hasta marzo que utilizará para reducir los cargos que soporta la factura de la luz. Esa devolución no afecta a las plantas que no hayan integrado el coste del gas ni a los contratos bilaterales no indexados a los precios del mercado; pero sí a los contratos intergrupo (entre la generadora y la comercializadora de un mismo grupo empresarial). Al respecto, la Unión Española Fotovoltaica (Unef) pide que esa aclaración se refleje también en el Boletín Oficial del Estado (BOE).