El precio de la electricidad bajará 22 euros este viernes hasta los 166 euros por megavatio hora

Teresa Ribera aclara que la minoración se aplicará solo a las empresas que hayan tenido mayores ingresos como consecuencia del incremento del precio del gas

Vista de la central nuclear de Almaraz.
Vista de la central nuclear de Almaraz.Bernardo Pérez

El precio de la electricidad se situará este viernes en 166,29 euros por megavatio hora (MWh) lo que supone un descenso de casi 22 euros frente al récord del día anterior, en el que se fijó un precio de 188,18 euros. El pico máximo, que se producirá entre las ocho y las nueve de la mañana, será de 188,17 euros, frente a los 198,85 de este jueves, y el mínimo llegará a los 140,66 (180 euros el jueves) entre las dos y las tres de la tarde. Las previsiones mantienen que los precios seguirán altos por la escalada de la cotización del gas en los mercados mayoristas, aunque la lluvia y el viento puede aliviarlos si hacen innecesaria la entrada de este combustible en el mix energético.

La bajada del precio de la electricidad para este viernes se debe fundamentalmente a la mayor entrada de energía eólica e hidráulica por las rachas de viento y lluvias previstas para las próximas horas. No obstante, el precio de la electricidad en el mercado mayorista sigue en cotas históricamente altas.

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La alarma social y la consecuente tormenta política que ha provocado este aumento exacerbado de los precios de la electricidad llevó al Gobierno a aprobar el pasado martes un plan de choque con un conjunto de medidas para tratar de mitigar el impacto en el recibo de la luz, que en agosto fue un 34,9% más caro que el mismo mes del año pasado. Las medidas van enfocadas a minorar las retribuciones a las empresas no emisoras de CO₂ con un tope que obliga a las empresas a devolver el sobrecoste considerado (se estima en 2.600 millones), además de intervenir en los cargos que soporta el recibo de la luz (costes extrapeninsulares, renovables y déficit de tarifa) y a reducir los impuestos que también acompañan a la factura (impuesto especial, IVA y de generación). Asimismo, aprobó la instauración de suministro mínimo vital para garantizar que los hogares más vulnerables no se queden sin luz.

En ese sentido, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante una pregunta del director general de la asociación fotovoltaica Unef, José Donoso, le ha aclarado en un encuentro sectorial que tal como dice el artículo 4 del Real Decreto-ley, que contiene las medidas del plan de choque para abaratar el recibo de la luz, solo aplicará la minoración de los beneficios extraordinarios a las instalaciones que hayan tenido una mayor retribución como consecuencia del incremento del precio del gas. Es decir, que se habrán beneficiado de ello. La aclaración se produjo ante la alarma que ha provocado en el sector, sobre todo entre las empresas que cuentan con contratos de compraventa de energía a precio cerrado (conocidos por sus siglas en inglés PPA) ya que, a su juicio, les obligaba a paralizar la inversión y romper el contrato. El artículo dice, textualmente: “Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, y hasta el 31 de marzo de 2022, se minorará la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica de las instalaciones de producción de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero, en una cuantía proporcional al mayor ingreso obtenido por estas instalaciones como consecuencia de la incorporación a los precios de la electricidad en el mercado mayorista del valor del precio del gas natural por parte de las tecnologías emisoras marginales”.

Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), unos 10,5 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre (unos 17 millones) y que negocian el precio con las comercializadoras. No obstante, los consumidores de este segmento también verán la repercusión de la subida en sus contratos más adelante, normalmente referenciados a una serie de cláusulas.

Además, el aumento de los precios ha elevado la ponderación del consumo de energía en la factura de la luz y ya representa cerca del 50% del importe, frente al tercio escaso que representaba antes de la crisis energética. El resto del recibo está compuesto por impuestos (IVA e impuesto especial de la luz) y cargos (costes extrapeninsulares) y peajes.

Además de las medidas, aprobadas mediante un Real Decreto-ley, el Gobierno de Sánchez ha solicitado a Bruselas cambios en el modelo de fijación de precios. El sistema que rige es marginalista, de manera que es la última tecnología que entra en el mercado mayorista la que marca el precio de todas. Al ser el gas natural y estar el precio de este extremadamente alto, el precio de la energía ha alcanzado las cotas cercanas a los 200 euros y con visos de superarlas. El impacto es en toda Europa, con vaivenes entre los países, pero siempre en precios altos. Ante esa situación, el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, el español Josep Borrell, abogó el miércoles por instar a una reforma de ese sistema europeo de fijación de precios de la electricidad.

Por su parte, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) anunció este jueves que acudirá a los tribunales por el daño patrimonial producido a los accionistas por la decisión del Gobierno de poner límite a los beneficios obtenidos por determinadas instalaciones de producción eléctrica por el alto precio del gas natural. Según el asesor jurídico de Aemec, José Francisco Estévez, se trata de “una intervención directa” y añadió que la “consideramos injusta porque causa un daño claro al patrimonio de cientos de miles de accionistas que son los propietarios de las eléctricas”.

Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda

Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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