Los bancos de inversión advierten de la “inseguridad jurídica” del plan de choque del Gobierno

Incertidumbre regulatoria, inseguridad jurídica, freno a la recuperación económica, posibilidad de una cadena de recursos ante los tribunales... El plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros el martes para hacer frente al desbocado precio de la electricidad (este jueves superará los 188 euros megavatio hora) y reducir el impacto en la factura de la luz no ha sido recibido precisamente con halagos por los bancos de inversión. La mayor parte de estas entidades se han alineado con las empresas eléctricas, mientras las asociaciones de consumidores y grupos ecologistas respaldan las medidas adoptadas por el Ejecutivo porque supone un primer y necesario cambio del mercado eléctrico al tiempo que denuncian las presiones ejercidas por las compañías y ”el oligopolio eléctrico”. Las energéticas del Ibex han perdido 7.500 millones de valor tras el plan de choque del Gobierno contra la escalada de la luz. Endesa e Iberdrola han sido las más castigadas y se han dejado un 11,2% y un 7,4% de su valor en dos días.

“Consideramos que el impacto es excesivo y esperamos que las empresas de servicios públicos lo impugnen en los tribunales”, dice Exane BNP Paribas, cuyos analistas subrayan que “creen que existe un caso sólido de posible intervención discriminatoria en el mercado”, entre otras cosas porque para los clientes liberalizados “las medidas conducirán de manera contradictoria e inevitable a una inflación importante en las facturas de electricidad, ya que ahora esperamos que las empresas de servicios públicos rompan algunos de los contratos existentes y traspasen a los clientes finales los nuevos costes”.

Para esta entidad, “el Gobierno inevitablemente aumentará la incertidumbre regulatoria y, por lo tanto, la prima de riesgo asociada a las inversiones en España cuando el país necesita las inversiones para acelerar la recuperación económica”, que estima que será “más lenta y más cara”. Estas medidas, según Goldman Sachs, van en contra del diseño actual del mercado de energía y parece un paso hacia una nueva regulación de las facturas de energía. A su juicio, podría potencialmente violar la Directiva de Energía de la UE. Al tiempo, critica que la Comisión Europea sigue comprometida con unos mecanismos de fijación de precios marginales para el mercado mayorista de la electricidad a pesar del cambio que se ha producido en la generación europea, en referencia al gas.

Alantra, tras valorar el plan cuantitativamente, supondrá ingresos inferiores en 2.600 millones que se dividirán entre Iberdrola (43%), Endesa (37%), Naturgy (8%) y Acciona Energía (3%), sostiene que cualitativamente el intervencionismo gubernamental abre un periodo de alto riesgo regulatorio después de un par de años de estabilidad razonable. Ese riesgo se mantendrá mientras los precios de la electricidad se mantengan por encima de los 60/65 euros MWh y podría poner en duda futuras inversiones en energías renovables.

Las asociaciones de consumidores denuncian las presiones

“Las nuevas medidas implican un peaje relevante en las ganancias de las empresas de servicios públicos y aumentan la percepción de riesgo regulatorio en el sector”, sostiene CaixaBank/BPI, que destaca que el impacto de 2.600 millones no se había denunciado antes y es relevante, aunque sea temporal. El grupo, que destaca que las eléctricas tendrán caída del ebitda entre el 13% de Endesa y el 1% de EDP, pasando por el 5% de Iberdrola, 3% de Naturgy y 2% de Acciona Energía, añade que “no está claro si las empresas de servicios públicos intentarán impugnar estas medidas dado que la política de cobertura actualmente en vigor en todos los actores no permite que las empresas aprovechen de manera efectiva el aumento precios de la electricidad”.

“Aunque, en nuestra opinión, las empresas de servicios públicos tienen argumentos sólidos para desafiar la decisión, esta intervención podría afectar estructuralmente la confianza de los inversores”, echa más pimienta Citi Research, que estima que las medidas podrían conducir a una reducción promedio en 2021 y 2022 del beneficio del 29% para Endesa, 15% para Iberdrola y 8% para Acciona Energía. Asimismo, subraya que como las empresas han vendido casi en su totalidad la producción de 2021 y principios de 2022 a precios no superiores a los 60 euros, generará pérdidas en las nucleares e hidroeléctricas, principalmente.

“Esperamos que las empresas apelen contra este impuesto en los tribunales y traten de ejercer cierta presión sobre el Gobierno, especialmente en lo que respecta a un posible cierre anticipado de centrales nucleares”, remata JB Capital. RBC pronostica un impacto de alrededor de 1.000 millones de euros para Iberdrola, 900 millones para Endesa, 200 millones para Naturgy y 55 millones de euros para EDP y Acciona Energía. Como son “impactos masivos” espera que las empresas impugnen esta medida en los tribunales, entendiendo que se aplica solo a la energía hidroeléctrica y nuclear.

¿Litigio judicial a la vista?, se pregunta al respecto Mirabaud, que destaca que de todas las medidas, la limitación de precios a la hidráulica y nuclear “podría ir contra el sistema marginalista de fijación de precios en la UE” y “sin duda, disparará el riesgo regulatorio en el sector”. Este grupo destaca la “elevada incertidumbre regulatoria: valoramos muy negativamente el impacto para todo el sector utilities”, por los 2.600 millones de euros en el próximo semestre que se sumas al proyecto de ley del CO2 (con un impacto estimado de unos 800 millones anuales).

“Observamos un doble efecto negativo: ataque directo a las tecnologías no emisoras de carbono porque se introducen límites a la retribución de la energía nuclear e hidráulica (y algunos activos eólicos), que implican un techo de ingresos cuando los precios suben por el gas y el CO2 a partir de unos niveles. Esto implica, a su juicio, un riesgo regulatorio, especialmente para las compañías propietarias de esos activos (Endesa, Iberdrola y Naturgy, principalmente) y alarma sobre un problema estructural para el desarrollo de las renovables. “La penetración de las renovables”, apunta, “sigue requiriendo de gas, hidráulica y nuclear, pudiendo estas medidas afectar al adecuado funcionamiento del sistema eléctrico español y generar dudas para la futura rentabilidad de los nuevos proyectos dentro del sistema marginalista de fijación de precios. Dudamos de la temporalidad y la excepcionalidad”.

Para JP Morgan Cazenove, la única decisión permanente que podría tener algún impacto es la decisión de subastar un total de 15.830 GWh de producción de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP (empresa dominantes entendemos que proporcionalmente a sus cuotas de mercado de generación), correspondientes al 6,3% de demanda nacional, entre proveedores independientes y grandes clientes industriales. Según el ministerio, se garantiza una rentabilidad a dichas empresas, aunque la entidad financiera entiende que significará una pérdida de márgenes de suministro y puede originar un costo a corto plazo, ya que la producción de los próximos 12 meses se venderá casi en su totalidad por las empresas de servicios públicos.

Para el BofA Global Research “se avecinan dos años de subidas de precios de la energía de dos dígitos”. “Es importante destacar que esperamos una gran parte del impacto se retrasará al cuarto trimestre de este año y 2022 debido a la cobertura de los proveedores. Los precios más altos significan que la intervención política en el sector de servicios públicos hasta 2022 es inevitable en nuestra opinión, con España ya implementando dos impuestos inesperados”, añade. “Predecir en qué se centrarán los políticos es una ciencia inexacta, pero creemos que los países con gobiernos de izquierda o con políticas intervencionistas (España, Portugal, Italia) corren un mayor riesgo. Por otro lado, vemos a Alemania, Reino Unido y Francia como más seguro porque esperamos un mayor enfoque en la compensación social (es decir, recortes de impuestos, pagos a clientes) que en penalizar a las empresas”, termina.