Bruselas abrirá en otoño la negociación de las nuevas reglas fiscales

El debate sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento estaba ahí desde hace meses, presente como una mosca incómoda en la siesta, pero no acababa de arrancar. Ahora que se acaba el verano, y que la Unión Europea cabalga la ola optimista de la vacunación y el crecimiento, con los pies sobre una tabla hecha a base de planes de recuperación, la discusión aterriza y por fin tiene fecha: Bruselas quiere arrancar la consulta pública sobre la reformulación de sus añejas reglas fiscales este otoño. Y este otoño significa “en 15 días”, en palabras del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Así lo ha anunciado en una comparecencia desde Brdo (Eslovenia), donde ha comenzado este viernes una cita informal de dos jornadas de los ministros de Finanzas de la UE.

Los 15 días de Gentiloni en realidad coinciden más con la cuenta atrás de las elecciones alemanas, previstas para el 26 de septiembre, que con el equinoccio. Lo que ocurra en Berlín tras la era de Angela Merkel importa casi más en Bruselas que las estaciones. El año que viene, además, tendrá lugar otro de esos momentos definitorios, cuando Francia asuma la presidencia de la Unión y acuda también a las urnas.

La discusión de estos días en Eslovenia es una primera toma de contacto entre las capitales, sin dar aún cifras ni umbrales ni enseñar demasiado la patita. Algunos países ya han dejado asomar el brillo de sus garras, como los halcones. Capitaneados por Austria y Holanda, ocho países del ala dura de la ortodoxia fiscal han llegado al encuentro con una carta bajo el brazo en la que fijan su posición en el debate de la gobernanza fiscal. En el texto, adelantado este jueves por EL PAÍS, se muestran abiertos a negociar, lo cual supone un avance frente a su tradicional enroque. Pero marcan gruesas líneas rojas cuya música suena a la vieja austeridad de siempre. Reclaman que las nuevas propuestas no pongan en peligro la sostenibilidad fiscal y también deslindar los dos grandes debates económicos sobre la mesa: el de la reforma de las reglas fiscales y el del regreso al pacto de estabilidad y crecimiento, en suspenso desde el primer golpe del coronavirus y prorrogado hasta finales de 2022.

“Solo estamos comenzando un debate muy interesante”, ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, antes de adentrarse en la reunión con sus homólogos. Desde las antípodas de los frugales, la española ha dado ya pistas sobre lo que buscará su Gobierno, que ha “venido defendiendo la necesidad de revisar y modernizar las reglas” fiscales, y pretende que esta modificación (y “simplificación”) llegue antes de que se desactive la cláusula general de escape. De ese modo, en 2023 no se volvería a las densas reglas que recoge un vademecum de más de 100 páginas, sino a un marco más flexible y tolerante con la deuda y los déficit, que en estos momentos están en máximos desde la creación del euro. Tras la respuesta a la pandemia, en España la deuda pública alcanza ya el 120% del PIB; en la UE ha escalado del 79% en 2019 al 94% en 2021.

Inversiones verdes

Calviño ha reclamado también que la revisión tenga en cuenta una nueva realidad: las grandes sumas de inversión requeridas para la transformación ecológica y digital del continente. También Gentiloni ha esbozado interés por este camino que recuerda a la llamada regla de oro, pero en su versión verde, que implicaría sacar del cómputo de la deuda las inversiones destinadas a la reducción de las emisiones. Otros países, como Francia, navegan en este mismo barco. Los ministros tendrán el sábado sobre la mesa un estudio del centro de pensamiento Bruegel precisamente sobre el peso de las finanzas verdes en la deuda y sus implicaciones para la consolidación fiscal.

“Hay un consenso que construir”, ha asegurado Gentiloni, consciente de que no va a ser fácil la tarea que tiene por delante, una vez arranque la consulta pública. Aunque confía en que las negociaciones den frutos en 2023, ha asegurado que hay vías para gestionar la situación en caso de que se llegue al momento de desconectar el respirador de la cláusula general de escape sin un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales. Aplicar las antiguas de golpe podría implicar un doloroso camino de recortes para algunos países como Italia, cuya deuda pública superará en 2021, según las previsiones, el 150%.

El comisario no ha querido mojarse sobre un posible cambio de los umbrales esculpidos en las sacrosantas tablillas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fijan límites de déficit del 3% del PIB y del 60% para la deuda pública. “El asunto es cómo alcanzar un consenso que nos dé la posibilidad de tener unas reglas fiscales que apoyen un crecimiento constante y sostenible”, ha asegurado.

Gentiloni ha reclamado a las capitales que miren más al futuro que al pasado, dejando atrás los debates de fiscalidad nacidos al calor de la crisis del euro hace una década, y centrándose en lo que ha implicado la pandemia y lo que supone la transición verde que ya está en marcha. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también presente en la comparecencia, ha añadido que el debate no solo puede versar sobre un cambio en los umbrales y las cifras. “Hay dos cosas que también importan muchísimo, y deben ser estudiadas. La primera: ¿para qué se usa la deuda? Y la segunda: ¿qué servicio presta esa deuda?”.