Bronca en la hostelería de Galicia: el recurso contra el certificado vacunal desemboca en restricciones más duras

Encarna dice describir la sensación de los hosteleros gallegos mientras llena pequeños vasos de plástico con frutos secos. “Estamos hasta las narices”, asegura esta mujer de 42 años empotrada tras la barra de su bar en la compostelana plaza Roja. Hace cinco días, Galicia era la única comunidad que exigía a los clientes un certificado vacunal o una PCR negativa para entrar en los locales de aquellos ayuntamientos con mayor incidencia del coronavirus. La medida fue tumbada el pasado jueves por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras un recurso de un grupo de hosteleros. Pero en el sector muchos piensan ahora que el remedio ha sido peor que la enfermedad.

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Ante la decisión judicial, la Xunta respondió con una norma, en vigor a partir de este martes, que obliga a reducir aforos y cerrar interiores en los municipios más castigados. Este último movimiento ha abierto una brecha que enfrenta a las asociaciones mayoritarias del sector con el grupo de demandantes. Cheché Real, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Galicia, lamenta que con el cambio de una medida a la otra “han hecho polvo al sector este verano”.

Galicia lo tiene todo para llenarse este verano de visitantes. Además del Xacobeo, la comunidad se presenta como un oasis ante las altas temperaturas en el resto de España. Real cree que el certificado de vacunación también servía para aportar seguridad a los turistas y ahora, con los aforos reducidos al 50%, solo quienes tengan una superficie interior “muy generosa” podrán abrir.

Los hosteleros de Galicia pasaron 21 días exigiendo a sus clientes el certificado para entrar en sus locales. Casi un mes aplicando una medida que en realidad nunca fue legal, según la justicia. El alto tribunal comunicó su negativa a esta exigencia en tres movimientos: primero denegó el recurso de la asociación Lugo Monumental para frenarla, después la dejó sin vigencia un día antes de uno de los fines de semana con más reservas del verano y, finalmente, la declaró ilegal.

Cheché Real pone la carga de las nuevas restricciones, que entran en vigor en la medianoche del lunes al martes, en los denunciantes. Real, que también dirige la asociación provincial de Lugo, explica por teléfono que el sector mantuvo una reunión con la Xunta en la segunda semana de junio. El Ejecutivo autonómico advirtió de que habría nuevas restricciones por la tendencia al alza en los contagios y la organización de restauradores pidió que no hubiera cierres. El comité clínico eligió el sistema del pasaporte como alternativa. “Lo dijimos, pero a la gente que presentó el recurso no le importó”, explica Real. “Le vamos a apuntar el debe de lo que perdamos a los demandantes”, añade.

Luis Latorre, presidente de Lugo Monumental, explica que con el recurso buscaban resolver solo uno de los tres problemas que veían en el sistema de restricciones de la Xunta. La agrupación de la zona vieja de la ciudad de Lugo defiende que los aforos en las terrazas sean siempre del 100% cuando exista una distancia de más de un metro y medio entre mesas y que no se diferencie los locales por licencia, sino por el uso. “El ocio nocturno tiene más restricciones para servir en una terraza que una cafetería, aunque estén haciendo lo mismo”, protesta. Latorre cree que se está culpando al sector por el aumento de contagios cuando no es su responsabilidad y que plantear la reducción de aforos como única alternativa es “falsear el debate”.

Las asociaciones provinciales veían el uso de ese certificado como un “mal menor”. Héctor Cañete, presidente de los hosteleros de A Coruña, explica que la medida no afectó el negocio: “Todos sabemos que era un poco incómodo, pero los clientes se lo tomaron bien y teníamos locales con gente. Nos han hecho un flaco favor”. Cañete arremete duramente contra el grupo díscolo que, según entiende, responde a “intereses políticos”. Ovidio Fernández, representante del sector en Ourense, es menos crítico con sus compañeros, pero concuerda con su homólogo coruñés en que aunque “tienen derecho a presentar alegaciones y a estar en contra” el fallo es muy perjudicial para el sector.

En el casco histórico compostelano, los hosteleros casi no tienen respiro. Este lunes coinciden el puente de la Asunción, festivo en varias comunidades, y el día de San Roque, libre en la ciudad. Vanesa, restauradora de 40 años, admite que fue laxa con la exigencia de certificado a las familias. “No somos policías, no podemos pedir a la gente que se identifique”, explica desde una mesa de su local, cercano a la Catedral. Encarna, por su parte, cree que ninguna de las alternativas es válida: el certificado vacunal obligaba a “quebrantar la ley de protección de datos” y las nuevas restricciones “destrozan” al sector.