Economía en tiempos de crisis

La crisis sanitaria nos ha devuelto a un entorno de pesimismo que hace pensar que, transcurrida más de una década desde la gran crisis financiera, hemos vuelto a la casilla de partida. Y ello no es del todo cierto. Sí es reseñable que la economía española ha sufrido un shock sin precedentes, pero en estos últimos años se han corregido algunos desequilibrios que hacen que la situación no sea comparable con la que nos encontrábamos a finales de la primera década del siglo. Tras un comienzo de siglo marcado por un elevado desequilibrio entre el ahorro y la inversión —canalizada fundamentalmente hacia el sector de la construcción—, el defectuoso diseño de la eurozona como área monetaria y la integración financiera facilitaron los flujos de capital hacia nuestro país. Todo ello generó un grave desequilibrio de la balanza por cuenta corriente que finalizó con un extraordinario incremento del endeudamiento privado. En el segundo trimestre de 2010, la deuda de las familias y empresas no financieras con respecto al PIB alcanzó la cifra del 226,4%, cuando la media de la eurozona era del 165,7%.

Posteriormente, las medidas adoptadas para enfrentar la crisis debilitaron las finanzas públicas, con un incremento desorbitado del endeudamiento del Estado. Todo ello llevó al conjunto de la eurozona a una situación límite en la que el BCE tomó las riendas con el inolvidable “whatever it takes” de Mario Draghi el 26 de julio de 2012. El posterior inicio de una fase expansiva a finales de 2013, truncado recientemente a raíz de la crisis de la covid, ha permitido la corrección de los desequilibrios mencionados. El saldo de la balanza por cuenta corriente es positivo desde 2012 y la deuda de las familias y empresas no financieras era del 149,8% del PIB el cuarto trimestre de 2019, cuando en la zona euro dicho ratio alcanzaba el 163,4%. Esto no significa que la situación económica fuese idílica, ya que, al elevado endeudamiento público —con una deuda del 95,5% sobre el PIB—, hay que añadir una elevada tasa de paro y, en general, un bajo crecimiento potencial de la economía.

Pero la crisis de la covid ha supuesto una disrupción de mucho calado. Los esfuerzos realizados para apoyar a empresas y trabajadores han debilitado las finanzas públicas sobremanera. En el pasado año, el déficit ascendió al 11% del PIB y la deuda pasó de suponer el 95,5% del PIB anteriormente comentado al 120%. Ello pone al conjunto del Estado en una situación de vulnerabilidad frente a eventualidades, a pesar de que la política del BCE no solo garantiza las emisiones de deuda, sino que, además, los programas de compras de activos hacen que el coste medio de la misma siga disminuyendo. De hecho, por ejemplo, la cifra de intereses pagados por la deuda en 2020 es inferior a la de 2019, a pesar de que el monto total de la deuda en términos netos aumentó en 156.749,4 millones durante el pasado año. Y cuando finalice el Programa de Compras de Emergencia Pandémica —PEPP—, previsiblemente en marzo de 2022, se espera que, o bien sea sustituido por otro, o quizá se utilice más activamente el Programa de Compras de Activos —APP— dotándolo de una mayor flexibilidad, lo que permitirá a países como España seguir disfrutando de un marco benigno para afrontar la situación de las cuentas públicas. No obstante, al término de la crisis sanitaria será necesario abordar un proceso de ajuste que mejore sustancialmente la situación y permita disponer de la flexibilidad necesaria ante futuros acontecimientos. En este sentido, es preciso resaltar que hace escasas fechas hemos asistido a un primer paso en la reforma de las pensiones, que sienta las bases para tratar de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema. Aunque también es cierto que los asuntos más espinosos, los que realmente pueden hacer disminuir el déficit de manera significativa, han quedado pospuestos para la segunda ronda.

Por otra parte, a medida que desaparecen las restricciones, la recuperación cobra dinamismo y previsiblemente en 2022 recobremos los niveles de PIB previos a la pandemia. Las predicciones de algunos analistas apuntan a tasas de crecimiento en el entorno del 6%-6,5% para 2021 y entre el 6,5%-7% para el próximo año. No obstante, también se debe resaltar la intensidad de la destrucción de tejido productivo asociado a la crisis sanitaria. En 2020, han desaparecido 44.759 empresas, cifrándose la caída interanual en diciembre en un 3,3%. Y la desaparición del marco de ayudas podría pasar una factura adicional. De hecho, centrándonos en el endeudamiento de las empresas no financieras, se constata que el peso de la deuda sobre el PIB agregado ha pasado del 92,9% de finales de 2019 al 107,6% a finales de 2020, un incremento considerable en tiempo récord. Pero también es verdad que los saldos de efectivo y depósitos han aumentado un 27,4% y un 15,9%, respectivamente, en tasa interanual en dicho periodo de tiempo, cifras asimismo muy relevantes. Sin embargo, ello no significa que determinados segmentos del tejido empresarial no vayan a tener problemas, con las consecuencias negativas que ello tendrá en el mercado laboral, elevando la tasa de paro natural.

Es por ello por lo que los fondos Next Generation brindan una extraordinaria oportunidad a países como España para regenerar tejido modernizando la estructura y sentando las bases del futuro en las direcciones marcadas: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. Con un monto total de 140.000 millones —de los que aproximadamente la mitad tendría la forma de subvenciones—, a los que habría que sumar la adicional movilización de fondos privados, la cifra total que se podría alcanzar es impresionante. Obviamente la clave está en la calidad de los proyectos y en que estos estén en línea con las directrices marcadas. Además, lo anterior deberá acompañarse de medidas adicionales en materia de reformas que ayuden asimismo a incrementar el potencial de crecimiento de la economía española. La mejora del mercado laboral y del sistema educativo con vistas a incrementar la calidad del capital humano son aspectos clave y deben alinearse con la nueva hoja de ruta de la Comisión Europea para afrontar con éxito las transiciones energético-climática y digital.

Joseba Madariaga es profesor en Deusto Business School y director de estudios de Laboral Kutxa.