El elogio del humo y los espejos

Estados Unidos necesita desesperadamente empezar a invertir en sí mismo. Y puede permitírselo fácilmente. Pero el camino hacia un futuro mejor se ha visto bloqueado por el partidismo y por conceptos de rectitud fiscal desacertados. Por eso me agrada ver a miembros del Congreso adoptar artimañas presupuestarias.

Los antecedentes: el Senado parece estar a punto de aprobar una ley de infraestructuras bipartidista, es decir, una ley que recibirá el apoyo de una minoría suficientemente amplia de senadores republicanos como para superar el obstruccionismo parlamentario. La ley se queda muy corta frente a lo que realmente necesita el país; de los demócratas dependerá el llenar las lagunas con legislación adicional que deberán aprobar mediante el procedimiento de reconciliación. Aun así, es un gran logro político, en especial después de que la “semana de las infraestructuras” se convirtiera en chiste recurrente en tiempos de Trump.

Pero, ¿cómo ha llegado el Senado a este punto? La política era bastante evidente: el gasto en infraestructuras es muy popular, y un número significativo de republicanos no querían ser vistos como unos completos obstruccionistas. Lo que no estaba claro, sin embargo, era cómo se financiaría el gasto.

A simple vista, las exigencias republicanas deberían haber hecho imposible que se alcanzara un acuerdo. Los senadores republicanos se oponían a subir impuestos. También bloquearon propuestas que daban al Servicio de Impuestos Internos (IRS) recursos para perseguir la extendida evasión fiscal, una postura que incluso a cínicos como este servidor nos ha parecido un tanto escandalosa. ¿Qué clase de partido se pone, de manera más o menos abierta, del lado de los defraudadores fiscales ricos?

Sin embargo, los republicanos insistían al mismo tiempo en que se pagara el nuevo gasto, a diferencia, pongamos, de la rebaja fiscal que aprobaron en 2017, y que, como afirmaban alegremente (y falsamente), se pagaría por sí sola. Entonces, ¿cómo lo han resuelto? Básicamente, a base de disimular; buena parte de la supuesta financiación procedería de triquiñuelas contables. En concreto, gran parte de ella derivaría de “reasignar” dinero de programas de ayuda para la covid-19 que acabaron costando menos de lo previsto, pasando por alto otros que habían costado más de lo esperado. En otras palabras, podría decirse que la inversión en infraestructuras se pagaría con humo y espejos. (La Oficina Presupuestaria del Congreso coincide). Y eso está bien. De hecho, probablemente sea algo bueno.

Para entender por qué, debemos analizar la aritmética de la deuda en una época de tipos de interés bajos. Supongamos que el Gobierno federal pidiera ahora mismo un billón de dólares, por usar un número redondo, y que lo hiciera sin establecer ninguna provisión para pagar la deuda adicional. Es decir, no cobraría impuestos ni recortaría gastos para pagar el principal; ni siquiera haría nada por cubrir el interés de la deuda, y se limitaría a pedir más dinero a medida que los intereses fueran venciendo.

En estas circunstancias, la deuda aumentaría con el tiempo. Pero no aumentaría con mucha rapidez. El tipo de interés actual de la deuda estadounidense a largo plazo es inferior al 1,2%, de modo que, en una década, la deuda se incrementaría solo en torno a un 13%. Y el crecimiento de la economía superaría con creces al aumento de la deuda: la Oficina Presupuestaria del Congreso prevé un aumento del 50% en el PIB nominal a lo largo de los próximos 10 años. La deuda no se acumularía en exceso, sino que, en relación con la economía, se diluiría.

De modo que el hecho de que la ley de infraestructuras pagara en la práctica la inversión pública con dinero prestado no es nada que deba preocuparnos. Si la inversión vale la pena —y la vale— deberíamos realizarla. ¿Y qué hay de las preocupaciones de que el aumento del gasto sería inflacionario? Aquí es donde necesitamos tener un sentido de las magnitudes relativas. Hablamos de gastos que se repartirían a lo largo de una década, una década durante la cual la oficina presupuestaria calcula que el PIB total de Estados Unidos será de 287 billones de dólares. Por eso, incluso una inversión pública de varios billones de dólares equivaldría solamente a un moderado estímulo fiscal como porcentaje del PIB, y cualquier impacto inflacionario podría controlarse fácilmente mediante una política monetaria un poco más restrictiva.

Ahora bien, la parte exclusivamente demócrata del programa de inversión pública incluirá algunas fuentes verdaderas de nuevos ingresos, aunque solo sea para satisfacer a los moderados que todavía están excesivamente preocupados por la deuda. Pero en lo referente a encontrar estos “medios de pago”, la negativa del Partido Republicano a subir impuestos o incluso a intentar recaudar los adeudados conforme a la ley actual tal vez les haya hecho un favor a los demócratas. ¿Por qué? Porque estos pueden ahora pagar buena parte de lo que quieren con políticas extremadamente populares.

Los sondeos muestran constantemente un respaldo firme a la subida de impuestos a multinacionales y ricos. No he visto encuestas relacionadas con obligar a los defraudadores ricos a pagar lo que deben, pero creo que puedo suponer que esta medida sería aún más popular. De modo que los republicanos han ofrecido a los demócratas una oportunidad de oro para demostrar que son fiscalmente responsables y que están del lado de los esforzados trabajadores estadounidenses, y no de las élites defraudadoras. Esencialmente, por supuesto, no deberíamos estar teniendo este debate. En un mundo mejor, los políticos señalarían que, en ocasiones, los Gobiernos, al igual que las empresas, deben endeudarse para poder realizar inversiones productivas.

Pero si los políticos sienten la necesidad de ocultar lo que hacen mediante unos cuantos trucos fiscales, eso es mejor que no invertir. La contabilidad creativa en busca de un futuro mejor no es ningún vicio.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía © The New York Times, 2021. Traducción de News Clips.