La Casa Blanca recorta el coste del ambicioso plan de infraestructuras para convencer a los republicanos
La financiación del programa se reduce a 1,7 billones de dólares, en lugar de los 2,25 billones inicialmente previstos
![María Antonia Sánchez-Vallejo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0095c6d0-3f01-466b-bf23-54f7dae863ae.png?auth=8b7e790776e1a90353b2dd71c853db2fa8397c8a9b22f122ee03b0b4a1e16bd6&width=100&height=100&smart=true)
![Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/2D7UIKGK2KFU3NWBTCCSK2TPSY.jpg?auth=fcb5f05ece8bc9c0b59b285214f258c4b9417217b889a1c528c21e65df7c7e46&width=414)
La oposición de los republicanos al ambicioso plan de infraestructuras del presidente Joe Biden ha forzado a la Casa Blanca a rebajar su presupuesto inicial. La Administración de Joe Biden ha presentado este viernes una contraoferta por valor de 1,7 billones de dólares (1,39 billones de euros), en lugar de los 2,25 billones previstos (1,85 millones de euros), para sacar adelante la iniciativa en el Congreso, un trámite que los demócratas confiaban en completar antes del 4 de julio. La nueva oferta responde a un paquete de medidas presentado por un grupo de seis legisladores republicanos por valor de 568.000 millones de dólares, muy por debajo de las cifras que maneja la Casa Blanca. El recorte no ha logrado convencer a sus oponentes políticos “por insuficiente” y ambas partes continúan muy alejadas en todo, del tamaño del plan a la forma de financiarlo.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha anunciado a mediodía de este viernes que el contenido de la nueva propuesta se conocerá a última hora de hoy. La contraoferta excluye los fondos para investigación y desarrollo, cadenas de suministro, manufactura y pequeñas empresas, que serán desviados a otra iniciativa legislativa en trámite en el Congreso.
Biden había hecho del ambicioso plan de infraestructuras -con dos patas, la física o material, de instalaciones básicas, y la social, para promover la educación pública o la atención a los mayores, entre otros objetivos- una prioridad desde el primer día de su mandato, pero siempre ha sostenido que aspira a consensuar con los republicanos un paquete general o básico, teóricamente de compromiso entre ambos partidos.
La nueva propuesta reduce de 100.00 millones de dólares a 65.000 millones la provisión para generalizar el acceso a la banda ancha en las zonas rurales y de 159.000 millones a 120.00, la cantidad destinada a construir o modernizar carreteras, puentes y grandes proyectos, explicó la portavoz de la Casa Blanca. Los republicanos prevén destinar a tal fin 48.000 millones. Aunque la brecha digital es especialmente palpable en las zonas no urbanas, también revela desigualdades estructurales. La ciudad de Nueva York, regida por un demócrata, ha ofrecido recientemente acceso gratuito a la banda ancha a 30.000 hogares de renta baja afectados especialmente por la pandemia.
“Esta propuesta muestra la voluntad de compromiso al reducir el tamaño [de algunos proyectos], cediendo en algunas áreas que son importantes para el presidente... mientras se mantiene firme en aquellas más vitales para reconstruir nuestras infraestructuras y crear las industrias del futuro”, ha añadido Psaki sobre el plan, que también pretende dar respuesta a los retos del cambio climático.
En el origen del desacuerdo entre republicanos y demócratas se halla la pretendida subida de impuestos a las rentas más altas con que Biden quiere financiar parte de las inversiones. La Casa Blanca se ha visto obligada a recordar este viernes que el presidente se compromete a no elevar los impuestos a los estadounidenses que ingresen menos de 400.000 dólares al año; sí mantiene como objetivo a los contribuyentes que ganan más de esa cantidad, a los que pretende gravar con un incremento del tipo impositivo de dos puntos y medio, hasta el 39,6%.
La otra vía de recaudación para implementar el plan de infraestructuras es un proyecto de reforma fiscal para hacer pagar más a las empresas y repatriar los beneficios de las que tributan fuera de EEUU, en países más ventajosos fiscalmente como Irlanda. La propuesta de incremento del impuesto de sociedades el del 28%, frente al 21% vigente gracias a la reforma fiscal de Donald Trump en 2017. Los demócratas centristas abogan por una solución intermedia, en torno al 25%.
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