Operación Chamartín

La empresa que gestionará la Operación Chamartín perdió 4,3 millones el año que se aprobó el proyecto

La sociedad de BBVA, San José y Merlin amplió la plantilla de 45 a 55 personas, según las cuentas de 2020

Vista aérea de los terrenos del desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, en una imagen de 2019.
Vista aérea de los terrenos del desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, en una imagen de 2019.ÁLVARO GARCÍA

Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa participada por BBVA, Constructora San José y Merlin Properties que se encarga del desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, recibió buenas noticias en 2020, aunque estas no se trasladaron de momento a sus cuentas anuales, que ha presentado recientemente en el registro mercantil. En las mismas, la compañía señala pérdidas en el ejercicio por 4,3 millones de euros, un 11% menos que las pérdidas de 4,9 millones en 2019. El resultado antes de impuestos (la compañía tributa en régimen de consolidación fiscal con el grupo BBVA, su sociedad dominante) fue igualmente negativo en 6 millones, uno menos que en el año anterior.

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Pero la continuidad en las grandes cifras no refleja la trascendencia que tuvo el año pasado para la compañía. Tal como refleja la parte explicativa de las cuentas anuales, el 24 de julio de 2020 el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid cumplió con el último trámite para poner en marcha Madrid Nuevo Norte, uno de los mayores proyectos urbanísticos de Europa. La también conocida como Operación Chamartín, en alusión a la estación de trenes cuyos terrenos son el origen de todo un plan inmobiliario para el norte de la capital que comprende 2,6 millones de metros cuadrados (imagine más de 900 campos de fútbol juntos), estaba atascada desde sus primeros compases en 1993. Ese fue precisamente el año que se constituyó DCN, entonces bajo la denominación Desarrollo Urbanístico Chamartín SA. Tras la luz verde del Ayuntamiento y el Gobierno regional “no existen circunstancias que impidan que el actual proyecto pueda llevarse a término dentro de los calendarios de ejecución de cada una de las fases”, dicen las cuentas anuales, 27 años después.

Un paso demasiado decisivo como para no encontrar un reflejo en la actividad de DCN. Las cuentas, por ejemplo, recogen un sustancial incremento de 321.490 euros en los activos de inmovilizado intangible dentro del apartado de aplicaciones informáticas. “Las adquisiciones registradas en el ejercicio 2020 en este epígrafe se corresponden principalmente con software para gestión urbanística”, aclara la memoria anual. En las existencias, donde la compañía valora sus terrenos y solares en casi 125 millones de euros, se da cuenta de un gasto de casi 7 millones durante 2020 en “estudios técnicos, alquiler de instalaciones, honorarios de arquitectos, asesoría jurídica y urbanística” y “gastos de personal relacionados con el nuevo proyecto de modificación del Plan General”, un paso necesario que exigía el Consistorio capitalino para dar la aprobación definitiva a la operación, aunque esta no se ha librado de algún contratiempo posterior.

Ampliación de la plantilla

El apartado de personal, precisamente, es uno de los que registraron cambios más sustanciales. La plantilla se elevó de 45 a 55 personas y el gasto creció de 5 millones en 2019 a 6,5 millones el año pasado. La alta dirección, no obstante, percibió menos retribuciones que en el ejercicio anterior, ya que estas pasaron de 2,4 millones a 1,8 millones. Y también las remuneraciones y dietas del consejo de administración, enteramente compuesto por hombres, bajaron de 661.490 euros en 2019 a 250.000 euros el año pasado. En el capítulo de gastos también figuran más de 764.000 euros por el alquiler de su sede y oficinas comerciales, así como el arrendamiento de fotocopiadoras y vehículos. Y el aprovisionamiento a corto plazo de 7,5 millones para satisfacer una reclamación de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid que generó una larga disputa en los tribunales finalmente resuelta el año pasado.

DCN acabó 2020 con un capital social de 175,9 millones de euros, tras una ampliación de capital de casi 8 millones aprobada al final del ejercicio. Esta no alteró el porcentaje de participación de los tres socios en la empresa, con BBVA como mayoritario (75,5%), por delante de Merlin (14,5%) y Constructora San José (10%). En los hechos posteriores se da cuenta de una nueva ampliación acordada este año por 20 millones que aprobó la junta de accionistas, al igual que las cuentas anuales, del pasado mayo.

Las cuentas incluyen la convocatoria de esa junta, en la que aparece la única alusión tangencial a la batalla que los tres socios libran por el control de la compañía. BBVA, con su amplia mayoría de control, incluyó en el orden del día una modificación de los estatutos que elimina el derecho de adquisición preferente de los socios en caso de venta de acciones a un tercero. Merlin, que en 2019 compró su participación a San José y nunca ha ocultado su interés en ampliar posiciones (para lo que la adquisición preferente supone una gran ventaja), se alió con la constructora para llevar ese cambio a arbitraje y solicitar la paralización cautelar de la medida.

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