El Ayuntamiento aprueba por unanimidad la Operación Chamartín
El proyecto pasará ahora a la Comunidad de Madrid para su visado definitivo
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad este lunes Madrid Nuevo Norte (MNN), conocida como Operación Chamartín, con los votos a favor de todos los grupos municipales, Más Madrid, PP, Cs, PSOE y Vox. El proyecto que cambiará la fisionomía del norte de la ciudad, que redactó el gobierno de Manuela Carmena, ha conseguido luz verde después de más de 25 años de bloqueo. [Fotogalería: Un plan Urbanístico con varios cambios en 26 años]
El exdelegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha reivindicado la autoría del proyecto de Ahora Madrid, y ha definido la operación como "un ámbito estratégico para el desarrollo presente y futuro de la ciudad".
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha celebrado el "consenso" con que el que ha salido adelante el desarrollo, que en su opinión, "va a generar una operación mejor para cerrar el norte".
"Ha tenido que llegar un gobierno de PP y Cs para desbloquear la Operación Chamartín", ha presumido Begoña Villacís, la vicealcaldesa, que ha considerado el de este lunes como "un pleno histórico". "Eso no se lo cree nadie", ha dicho Calvo al respecto. El proyecto ha sido una de las grandes apuestas de Manuela Carmena, y su postura le costó algunas de las mayores crisis en su gobierno. Si MNN no llegó al pleno en el anterior mandato es porque el preceptivo informe de impacto medioambiental de la Comunidad de Madrid llegó al Ayuntamiento el 20 de mayo, seis días antes de las elecciones municipales.
Mariano Fuentes (Cs), nuevo delegado de Urbanismo, ha definido el desarrollo como la operación con "mayor envergadura en materia de renovación urbana de todo Europa". Según Fuentes, el nuevo gobierno de Cs y PP ha estado tentado de iniciar una nueva modificación de la operación, para imprimirle "un carácter más liberal". Finalmente, se dieron cuenta de que eso significaba seguir retrasando el proyecto y que "nunca" podrían "redactar un proyecto de máximo consenso".
"Lo importante para nosotros es que Madrid siga avanzando urbanísticamente", ha dicho Vox, que no había avanzado hasta este lunes la posición de su partido. El Partido Socialista, pese a estar molesto porque sus alegaciones no han sido contestadas, ha decidido finalmente votar a favor. Como ha explicado la concejal Mercedes González, los socialistas pedían crear un consorcio público para la gestión del proyecto, un parque público de vivienda de al menos el 50%, "para frenar la emergencia residencial", que la operación se divida en cinco ámbitos, en lugar de cuatro. Y mejoras en la movilidad, porque se realizarán, según sus datos, 79.000 desplazamientos en transporte privado al día.
El desarrollo se articula en torno a la estación de Chamartín, que será remodelada y sus vías, soterradas. Sobre una superficie de 2,65 millones de metros cuadrados se construirán 10.476 viviendas, 2.565 (24%) con algún tipo de protección, oficinas, comercios y zonas verdes. El Ayuntamiento calcula un impacto económico de 18.260 millones de euros en toda la región y la creación de 241.700 nuevos empleos, de los que dos tercios repercutirán en el espacio metropolitano.
Cuando Manuela Carmena llegó al Ayuntamiento en 2015, frenó el plan de Ana Botella, que se encontraba en el tramo final de su tramitación. Su equipo retomó el proyecto después de buscar el consenso con las otras dos administraciones involucradas (la central, dueña de parte del suelo a través del Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid) y con todos los partidos municipales. No consiguió sin embargo el apoyo del ala más a la izquierda de Ahora Madrid, su pripio partido, ni de organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y otras asociaciones, que enviaron más de 3.200 alegaciones. Al menos el 83% han sido estimadas parcial o totalmente, según Fuentes.
"Pelotazo"
Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, ha tildado la operación como un "pelotazo". "Madrid sí necesita cerrar esa parte de la ciudad de manera correcta, pero no lo que se está aprobando hoy", ha señalado Villalobos. En declaraciones a la prensa tras la aprobación inicial de Madrid Nuevo Norte, ha declarado que el plan supone "regalar el 80% del suelo de titularidad pública para que se construyan viviendas de lujo y solo una exigua cuarta parte va a tener algún grado de protección, lo que significa que no son viviendas sociales".
El transporte público no va a ser capaz de absorber el flujo de trabajadores y residentes. Las zonas verdes se ven reducidas y perjudicadas. "Es una operación al servicio del promotor", ha denunciado Maria Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, que ha recordado que la operación está en los tribunales. "Es una actuación insostenible desde el punto de vista medioambiental y social", ha añadido.
El gobierno de Ahora Madrid, como ha recordado en el pleno el exdelegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, hizo tres cambios fundamentales sobre el plan de Botella. El primero tenía que ver con la movilidad. Para promover el uso del transporte público y que el 80% de los viajes se hicieran de esa forma, situó los edificios privados (oficinas, comercios y hoteles) cerca de la estación de Chamartín, en lugar del entorno de la M-30, como estaba planeado. La segunda modificación fue reducir la edificabilidad, impidiendo construir sobre las vías del tren y extrayendo estas del cómputo. Se pasó de 3,37 millones de metros cuadrados edificables a 2,65 millones. El tercer cambio fue la apuesta por la vivienda pública. Se pasó del 10% mínimo que marca la ley al 20% y se estableció que el 10% de cesión de suelo que corresponde al Ayuntamiento se dedicase a vivienda, protegida y libre.
El proyecto, detrás del cual está la promotora Distrito Castellana Norte (DCN), participada por al 75,5% por el BBVA y al 24,5% por la constructora San José, deberá recibir ahora la aprobación definitiva de la Comunidad de Madrid. La empresa anunció el viernes pasado el cese de su presidente, Antonio Béjar, imputado en el caso Villarejo, la investigación judicial que trata de aclarar el papel que tuvo el banco en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para actividades de espionaje a empresarios, políticos y periodistas.
Después de comenzará la tramitación para arrancar los trabajos de construcción. A finales de 2020 empezarán las obras de urbanización, que pueden durar entre ocho y nueve años, hasta al menos 2028. Hay que sumar 24 años para que el desarrollo esté edificado completamente. Los cuatro ámbitos se abordarán por fases. La del Centro de Negocios será la de mayor duración. Las Tablas Oeste se terminará en 2033 y el ámbito Malmea-San Roque-Tres Olivos en 2037.
Luz verde a las cocheras de Cuatro Caminos
El pleno ha aprobado también, con el voto en contra solo del PSOE, el proyecto para construir 443 viviendas en las antiguas cocheras de Metro de Cuatro Caminos, una estructura del arquitecto Antonio Palacios que asociaciones vecinales piden proteger.
El equipo de Carmena dejó aprobado inicialmente este proyecto en el pleno en junio de 2017, pero tuvo que reiniciar la tramitación por un defecto de forma. El exdelegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, ha recordado que su gobierno heredó este proyecto, que ha considerado "discutible si la lleva a cabo una administración pública, no debería repetirse", y ha pedido al equipo de gobierno que "ni uno más". Como ha dicho, el "expediente es vulnerable" y está sujeto a inseguridad jurídica, con dos recursos. El último fue admitido a trámite el viernes pasado.
Los tribunales pueden tumbar el proyecto pese a la aprobación de este lunes. Varias asociaciones han pedido su protección como Bien de Interés Cultural, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó que la solicitud.
Para el PSOE, la aprobación del proyecto ha sido "una oportunidad perdida" y contribuye al desarrollo de una ciudad "absurda". Las cocheras, ha afirmado Mercedes González, simbolizan el origen del metro y el cambio que supuso la movilidad de Madrid, por lo que deberían ser protegidas y debería ser posible, según su punto de vista, "encajar los intereses de los cooperativistas, metro y ciudadanos".
El proyecto se extiende por una superficie de 42.401 metros cuadrados, de los que 37.714 corresponden a las parcelas residenciales, 16.026 a zonas verdes y 864 a dotaciones públicas. Se prevé la construcción de más de 400 viviendas, de las cuales 60 son viviendas de protección oficial. Los cooperativistas han estado en el pleno para celebrar en directo el desbloqueo de sus viviendas.
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