Los fiscales del ‘caso Villarejo’ piden 500.000 euros de fianza para Béjar tras la supuesta destrucción de datos de BBVA
Antonio Béjar preside Distrito Castellana Norte, la empresa donde se ordenó destruir el material informático
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del llamado caso Villarejo, ha tomado declaración este viernes a Antonio Béjar, uno de los ocho directivos del BBVA imputados en la pieza separada sobre los trabajados supuestamente ilícitos que el banco encargó al comisario jubilado. Lo ha hecho para interrogarle sobre la destrucción a finales del pasado junio de material informático en la empresa que preside, Distrito Castellana Norte (empresa controlada por el BBVA), ante la sospecha de los investigadores que dicha documentación pudiera tener alguna relación con la causa.
Tras el interrogatorio, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él la libertad sujeta al pago de una fianza de 500.000 euros, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes cercanas a la investigación. Sin embargo, el juez ha decidido no acordar por el momento ninguna medida cautelar contra el directivo y ha retrasado su decisión a la semana que viene, cuando volverá a tomarle declaración. La defensa del directivo del BBVA ha solicitado esta nueva comparecencia para aportar nuevos datos, según fuentes del caso.
Béjar, directivo muy cercano al expresidente Francisco González, fue el único de los ocho directivos o exdirectivos del banco imputados en la causa que no se acogió a su derecho a no declarar ante el juez en la primera ronda de citaciones, a principios de mes. Lo hizo de manera muy breve y respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado. El juez Manuel García-Castellón le ha vuelto a llamar tras conocerse, tal y como adelantó este diario, que Distrito Castellana Norte mandó destruir el 24 de junio pasado dos discos duros y 19 CD. La Audiencia Nacional investiga si en ese material se encontraba documentación relacionada con los contratos del comisario jubilado Villarejo con la entidad.
Este viernes, Béjar ha desligado ese material informático destruido de los trabajos del policía para la entidad y ha asegurado que él no poseía desde septiembre de 2018 ninguna documentación, cuando el BBVA, tras estallar el escándalo, recopiló toda la documentación que estaba en poder de los diferentes departamentos sobre encargos a las empresas de Villarejo, entre ellos el suyo. El directivo, que ha insistido este viernes en que las sociedades del comisario eran un proveedor más de la entidad, ha asegurado al magistrado que en su comparecencia del próximo lunes aportará pruebas de que así lo hizo, detallan las fuentes consultadas.
La policía tomó declaración hace unos días a los informáticos de Distrito Castellana Norte (la empresa que lidera la conocida como Operación Chamartín, participada por la constructora San José) para averiguar si el material que se destruyó era de Antonio Béjar. La destrucción de estos datos se produjo poco después de que el juez reclamara documentación al banco y días antes de que el propio Béjar declarara por primera vez. DCN aseguró entonces, a preguntas de EL PAÍS, que el material no tiene relación con el caso y el BBVA declinó hacer comentarios.
Cuando Béjar declaró por primera vez ante García-Castellón admitió que la entidad contrató a la empresa de Villarejo, Cenyt, entre 2010 y 2013 pero que lo hizo para indagar en el patrimonio de clientes morosos con la entidad y para hacer otras tareas de inteligencia que también se contrataban con otras compañías. El exjefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, ha tenido que abonar una fianza de 300.000 euros por este mismo caso. De momento, es el único de los ocho directivos que ha tenido que hacer frente a una medida cautelar.
La pieza separada sobre Villarejo y el BBVA, la número 9 de la causa llamada caso Villarejo —una macroinvestigación con 10 piezas y casi 60 imputados que indaga desde el espionaje a Luis Bárcenas para el PP a los audios de Corinna— está secreta. Esta pieza investiga los métodos presuntamente ilegales que empleó el comisario jubilado para espiar a los protagonistas de la operación financiera de Sacyr que amenazaba con arrebatar el control al entonces presidente Francisco González.
