Biden apuesta por la libre competencia con una orden ejecutiva que pretende limitar los monopolios

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este viernes una ambiciosa orden ejecutiva -72 iniciativas a cargo de 12 agencias federales- cuyo objetivo último es favorecer la competencia en todos los ámbitos de la economía. Agricultura y grandes empresas cárnicas; industria farmacéutica, transportes, proveedores de Internet o servicios financieros: no hay sector que no contemple el último decreto de la Administración demócrata. La medida pretende poner coto a los abusos en su posición de mercado por parte de unas pocas empresas, que se traducen en precios más altos para el consumidor. Sin nombrarlas, las grandes tecnológicas están en la mente de todos, dada la ofensiva bipartidista en curso -demócratas y republicanos al alimón- contra las Big Tech. “Permítanme ser muy claro, el capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación”, ha declarado el presidente tras la firma del decreto.

Pero la orden ejecutiva contra las prácticas anticompetitivas va mucho más allá, y apunta incluso a la letra pequeña de la provisión de servicios. La iniciativa plantea el fin de las cláusulas de no competencia en el mercado laboral, mayor transparencia en las sobretasas del equipaje o la devolución de billetes de avión, en las tarifas de los proveedores de Internet, y más vigilancia del mercado tecnológico: en suma, eliminar las condiciones habitualmente inadvertidas en las transacciones comerciales que afectan a diario a millones de empleados, consumidores y pequeñas empresas. “No más tolerancia frente a acciones abusivas por parte de monopolios, no más nocivas fusiones que resulten en despidos masivos, precios más altos y menos opciones para los trabajadores y consumidores”, ha dicho Biden en la Casa Blanca durante la ceremonia de la firma del decreto, que “compromete al Gobierno federal a la aplicación plena y tajante de las leyes antimonopolio”.

El decreto no impone decisiones inmediatas, pero sí insta a la docena de agencias gubernamentales encargadas de su desarrollo a tomar medidas para “abordar rápidamente algunos de los problemas de [libre] competencia más urgentes de nuestra economía”, explica el documento informativo divulgado por la Casa Blanca antes del acto oficial de la firma. El objetivo es claro: “Promover la competencia en la economía estadounidense, lo que va a favorecer la bajada de los precios para las familias, la subida de los salarios de los trabajadores, la innovación e incluso un crecimiento aún más potente”, explica el memorándum. El porcentaje de creación de nuevas empresas en el país, recuerda el texto, se ha reducido en casi un 50% desde los años setenta por la concentración de unas pocas grandes compañías, que copan gran parte del mercado en el 75% de los sectores económicos del país.

El decreto por la libre competencia que Biden ha suscrito este viernes -el enésimo de un mandato osado y progresista- exhorta a los organismos reguladores a intervenir más decididamente en mercados clave como el tecnológico. A la intención de Biden de poner coto al poder omnímodo de las grandes firmas de Silicon Valley no es ajeno el equipo de colaboradores que ha formado. Entre ellos figuran Lina Khan, a cargo de la Comisión Federal de Comercio (FTC, en sus siglas inglesas) y una de las voces más críticas con el monopolio de las tecnológicas, o Tim Wu, miembro del Consejo Económico Nacional -el grupo de asesores económicos de la Casa Blanca-, asimismo contrario a las prácticas monopolísticas de las Big Tech. Una de ellas, Amazon, anunció su intención de recurrir el nombramiento de Khan al frente de la FTC.

Recurrir a las agencias gubernamentales para que protejan a los particulares ante un mercado con mayúsculas puede ser visto como un rasgo de intervencionismo que pondría los pelos de punta a los republicanos, e incluso a los más moderados de los demócratas. Pero el signo de los tiempos parece favorecer la firmeza de las administraciones ante los grandes monopolios: no solo se instruyen decenas de denuncias de fiscales y Estados contra sus pretendidos abusos, también el Congreso avanza en la adopción de leyes contra prácticas desleales. El último movimiento se produjo la semana pasada, cuando un grupo bipartidista de legisladores instaron a la FTC a presentar una nueva demanda contra Facebook, tras ser desestimada la presentada en diciembre por 48 Estados contra la compañía de Palo Alto.

Por tanto, la enésima iniciativa de Biden en pro de la clase media –”la espina dorsal de América”, como suele llamarla- abunda en un estado de opinión predispuesto a ciertos límites. En el ámbito de las tecnológicas, la Administración de Biden prestará atención especial a “la adquisición de competidores emergentes, a fusiones en serie o a la acumulación de datos”. La agencia federal de comunicaciones (FCC, en sus siglas inglesas) deberá restaurar las reglas que imponen la llamada “neutralidad en la red”, adoptadas bajo el mandato de Barack Obama y revocadas por Donald Trump. El padre del concepto “neutralidad en la red” es Tim Wu, uno de los asesores económicos de Biden.

Para los trabajadores, la Casa Blanca pretende limitar las cláusulas de exclusividad o no competencia en los contratos y restringir el número de funciones para las que se requiere una licencia. Ello permitiría cambiar más fácilmente de trabajo y aumentar los salarios, según el documento avanzado por la Casa Blanca. En el ámbito de la salud, destaca la propuesta de importar fármacos de Canadá, donde son menos caros, para abaratar la factura farmacéutica.

Un comité para la competencia, de nueva creación, se encargará de “coordinar la respuesta del Gobierno federal al poder creciente de las grandes empresas”.

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