Las comunidades autónomas más eficientes al rehabilitar casas se beneficiarán en los repartos de fondos europeos

Gastar bien y gastar rápido. El fondo europeo de recuperación pone a las administraciones españolas ante la tesitura de tener que gestionar una ingente cantidad de dinero en un plazo de tiempo relativamente breve: desde mediados de este año hasta finales de 2023. Una de las principales partidas, la destinada a rehabilitación de edificios, premiará a aquellas comunidades autónomas que mayor eficiencia demuestren en la ejecución de sus respectivos programas. Así lo explicó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la conferencia sectorial que celebró la semana pasada con las consejerías de Vivienda de las autonomías.

Más información

El Estado pagará hasta el 100% de las rehabilitaciones de vivienda

La reunión también sirvió para explicar los criterios con los que el departamento que encabeza José Luis Ábalos transferirá a los territorios 4.450 millones de euros. De los 6.820 millones que tiene la componente 2 del plan de recuperación enviado a Europa, destinada a rehabilitación energética y regeneración urbana, a Transportes le corresponden 5.520 millones (el resto dependen del Ministerio de Transición Ecológica) y más del 80% serán gestionados por las comunidades, que tienen la mayoría de las competencias en vivienda transferidas.

Para ello, Transportes establecerá las normas generales, a partir de las cuales las autonomías pondrán en marcha sus propios programas de rehabilitación para hacer llegar las ayudas a los destinatarios finales: el objetivo es rehabilitar medio millón de viviendas hasta 2023. Y la primera regla tiene que ver con cómo se repartirá el dinero. La primera remesa, correspondiente a este año, será de 1.151 millones en los programas de rehabilitación de entornos residenciales. Estos comprenden desde actuaciones de regeneración de barrios enteros hasta intervenciones en edificios o en viviendas individuales, como puedan ser la sustitución de ventanas o calderas.

El criterio para repartir el dinero, en este caso, será por el número de hogares que cada comunidad tenía en 2020, según estableció la Encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se publicó el pasado 7 de abril. Siguiendo ese criterio, EL PAÍS ha calculado lo que correspondería a cada territorio, y Andalucía, la comunidad más poblada, es obviamente también la que más dinero se lleva: casi 200 millones (199,9, concretamente). Cataluña, con 186 millones; Madrid, a la que corresponden 161,2 millones; y la Comunidad Valenciana, que se llevará 124,6 millones, siguen en la lista.

El orden de asignación es el mismo que si se aplicara el criterio de población, con décimas de variación al alza o a la baja, porque la variable de hogares mide el número de viviendas habituales de las personas y, por tanto, está directamente relacionada con el número total de habitantes que tiene cada comunidad. No obstante, favorece a aquellas que tienen más hogares principales y menos a las que tienen más segundas residencias, que también forman parte del parque edificatorio, pero no computan a la hora de asignar fondos para la rehabilitación.

Tras las cuatro comunidades más grandes, y ya con menos de 100 millones, se sitúan Galicia (67,2 millones), Castilla y León (62,6 millones), el País Vasco (55,9 millones) y Canarias (52,8 millones). Ya por debajo de los 50 millones quedan Castilla-La Mancha (48,5 millones), Murcia (33,8 millones), Aragón (33,3 millones), Baleares (28,3 millones), Asturias (28 millones) y Extremadura (36,5 millones). El reparto se completaría con Navarra (15,9 millones), Cantabria (14,9 millones) y La Rioja (8 millones). A las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla les corresponden 1,7 y 1,6 millones, respectivamente.

Cambios posteriores

Aunque el criterio se mantendrá, en las sucesivas remesas habrá ligeras modificaciones. Según explicó Transportes en su encuentro con las comunidades, indican fuentes presentes en dicha reunión, semestralmente se revisará cómo marchan los programas de rehabilitación de cada territorio. Y para la segunda transferencia monetaria, por ejemplo, se requerirá que ya se haya ejecutado al menos el 50% de la primera. Esto permitirá monitorizar cómo avanza el gasto, puesto que Europa libera la ayuda con un horizonte temporal de tres años, con la idea de beneficiar a quienes sean más ágiles y penalizar a los que vayan más lentos.

Otro factor que habrá que tener en cuenta en futuras remesas serán las deducciones fiscales. El programa destinado a rehabilitación de entornos residenciales, el principal de la componente 2 con 3.450 millones de dotación, prevé hasta 450 millones en beneficios fiscales. Esto se hace para animar a los ciudadanos a emprender reformas en sus casas y de ello dependerá cuánto de esta partida se gaste. Al tratarse de un instrumento fiscal, explica una fuente de Transportes, no será un dinero que pase por las comunidades, sino que, al contrario, se detraerá del dinero que se les transfiere conforme la Agencia Tributaria informe de cuántos contribuyentes se han acogido a la medida y con qué cuantías.

Además de este programa, los ejecutivos autónomos también gestionarán otros 480 millones de los más de 1.000 millones que contempla el programa de rehabilitación de edificios públicos. El resto es para instalaciones municipales. Ese dinero, en principio, también se transferirá este año, pero con un criterio diferente. Para este reparto, Transportes ha optado por considerar el principio poblacional: cada comunidad recibirá la cantidad que le corresponda por el porcentaje de población que tiene respecto al total. De nuevo Andalucía es la que dispondrá de más dinero (85 millones), y Melilla (880.000 euros), la que menos. Esta partida servirá para mejorar energéticamente edificios públicos, y teniendo en cuenta que las comunidades gestionan la sanidad y la educación, se espera que las instalaciones sanitarias y los colegios copen buena parte.

La reunión de la semana pasada entre el ministerio y las consejerías también sirvió para afinar el calendario. Septiembre se perfila como el mes clave para la llegada de ayudas por parte de Bruselas. No obstante, la intención de Transportes y las comunidades, teniendo en cuenta que este 2021 solo tendrán unos pocos meses para avanzar en la ejecución de los programas, es ir adelantando el trabajo durante el verano, tanto con el decreto que debe sacar el Gobierno y servir como marco general para los programas autonómicos como en la definición de estos. No obstante, quedan cuestiones importantes por definir en Europa. Por ejemplo, cómo se medirá la contribución de los proyectos a la transición ecológica. Se trata de criterios a tener en cuenta, indican fuentes autonómicas, porque de lo contrario sus programas no tendrían derecho a recibir las ayudas continentales.