La presidenta y el expresidente de la CNMC reclaman independencia

Independencia, rigor y transparencia. Posiblemente el orden dé lo mismo, pero los tres son los principios básicos, las columnas vertebrales de la regulación de los mercados y la competencia. Si alguno de ellos falla, el regulador es pasto de la captura por parte de los Gobiernos y las empresas, algo que suele ser bastante frecuente y que lo saben muy bien la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién, y el expresidente del mismo organismo, José María Marín Quemada, a los que juntaron Deusto Business School e Icade Business School para compartir, dentro del programa de Innovación en Ciberseguridad y Nuevos Riesgos Corporativos (PIC), algunas reflexiones sobre el papel de los reguladores y los desafíos a los que se enfrentan la competencia y los mercados.

Era la primera vez que los dos invitados compartían mesa pública desde que se produjo el relevo de uno por la otra el pasado junio. Mostraron la sintonía (no se esperaba lo contrario) en los quehaceres que atañen a la CNMC, sobre todo en lo referente a la independencia. Ambos lo han reclamado en sede parlamentaria cada vez que han tenido oportunidad: Marín en los siete años (los seis reglamentarios y uno de propina) que estuvo en el cargo y Fernández en las tres veces que en el año escaso que lleva ha comparecido ante distintas comisiones del Congreso de los Diputados.

Otra cosa es el caso que se les ha hecho. Llama la atención que los diputados de los distintos grupos muestran una excepcional unanimidad en este asunto, pero a la hora de llevarlo a la práctica legislativamente se ponen de perfil. Cani Fernández se lo dijo muy claro: “La independencia, además de legal e institucional, debe ser funcional e implicar una autonomía organizativa y de gestión tanto por tratarse de una autoridad administrativa independiente, como por ser la autoridad regulatoria y de competencia de la UE en nuestro país”. La ley, en efecto, estableció un régimen riguroso de relación con la independencia de la CNMC excepto en lo que se refiere a la autonomía de gestión de sus recursos humanos, estructura organizativa y presupuesto. Eso implica créditos limitativos, incapacidad para adaptarse a los cambios de los modelos productivos y a la sociedad digital, imposibilidad de controlar el personal...

Más o menos eso fue lo que transmitió a los alumnos del PIC (directivos de empresa, en su mayoría). Frente al discurso más medido de Cani Fernández, que no por ello dejó de poner los puntos sobre las íes, Marín sacó la contundencia de quien ya tiene todo el pescado vendido y no tiene que rendir cuentas a nadie. “La independencia no se adjetiva. Mientras no se tenga independencia en el uso, tendremos el peso de los Gobiernos estorbando y menoscabando la finalidad última de este tipo de instituciones. Es no entender que las instituciones necesitan autogestionarse. Se desea que tenga el control de una comisión interministerial porque no lo quieren entender”, se desató.

La independencia mejora, además, la labor de vigía. Los mercados no se regulan por sí solos y organismos como la CNMC son los que tienen que promover y defender su buen funcionamiento en interés de los consumidores y de las empresas. Procurar que los mercados sean abiertos y ejercer de contrapeso ante actuaciones colusorias. “La competencia es lo que tiene que regir los mercados, pero no todos los mercados están igual de preparados para afrontar una competencia perfecta, que al final es un modelo teórico. A medida que nos acerquemos a ella se gestionará mejor el bienestar”, resaltó Fernández.

Lo importante es no poner trabas que no sean justificadas, pero la propia regulación puede ser ineficiente. Ocurre con el exceso de regulación, que mata la innovación y la iniciativa empresarial, estorba, en palabras de Marín. O con las prácticas restrictivas que encarecen los precios, como sucede a veces en la economía digital, que transforma los usos, los mercados y los comportamientos. O con el precio de la luz y los cargos que se ponen en la factura que no tienen que ver con el consumo de electricidad en sí (impuestos, déficit tarifario...). O con el sistema concesional español, referido principalmente al transporte por carretera, una cuestión que Marín Quemada ya denunció durante su mandato (”hay concesiones que tienen más de cien años”, llegó a decir) y sobre el que Fernández incidió en que hay que arreglar para mejorar la competencia.

Apenas se habló de ciberseguridad, pero sí se hizo de innovación. Según Fernández, una regulación eficiente puede generar actividad inversora, pero a veces va al revés, primero es la innovación y luego la regulación. Marín completó: “Los cambios regulatorios reaccionan ante la innovación, que va por delante. Se produce una especie de carrera sin fin en la que la regulación nunca alcanza a la innovación y deja una regulación mediocre. Por eso, el regulador tiene que urgir, señalar los problemas y levantar la voz de alarma porque lo ve antes”.

El uso de datos de carácter personal fue también objeto de reflexión tras preguntas de los asistentes. Cani Fernández, puso el acento en que las plataformas no venden productos a precio cero, sino que lo hacen a cambio de datos personales. “Cuando un producto es gratis, en realidad no lo es porque el producto somos nosotros, en este caso, nuestros datos”. José María Marín completó: “Debemos asumir que nuestros datos son eso, nuestros, y nos deberían pagar por ellos porque van a hacer uso mercantil de ese activo; llegará el momento en que se retribuya”.