La CNMC quiere estrechar la colaboración con los jueces y otros organismos reguladores

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, quiere “estrechar lazos” con los jueces y la colaboración con los demás organismos reguladores como el Banco de España, la Comisión de Valores (CNMV), la Autoridad Fiscal (Airef) o la Agencia de Protección de Datos (AEPD). Según ha comentado este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, también pretende contar con la colaboración de las organizaciones empresariales basada en la unidad de mercado, el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica, y las universidades, como garantes de la cultura de la competencia.

“Estas sinergias hacen más eficiente el aprovechamiento de los recursos públicos y redundan en beneficio del interés general”, ha señalado Fernández, que, “con respeto absoluto a la independencia judicial y la función jurisdiccional”, la importancia de la colaboración con los jueces, con los que “sin duda compartimos una conexión en la defensa del derecho de la competencia en nuestro país”. En el mismo plano engloba a las autoridades de competencia de las comunidades autónomas, con las que existe margen para el desarrollo de proyectos específicos de colaboración de mutuo enriquecimiento, ha resaltado al tiempo que recordaba que sus primeras reuniones fueron con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y el Ministerio de Consumo.

Estas pretensiones forman parte del Plan Estratégico 2021-2026 que Fernández ha detallado ante los diputados y en el que la digitalización y la transición ecológica forman, junto con la atención prioritaria al ciudadano como objetivo central, los otros pilares fundamentales de su actuación. La presidenta de la CNMC, además, ha hecho hincapié en la necesidad de consolidar una cultura de la competencia y buenas prácticas regulatorias.

“En la CNMC aspiramos a consolidar en los próximos seis años una sólida cultura de competencia en el país, cercana a la ciudadanía y unida a un modelo regulatorio proporcionado y cabal, que ampare las buenas prácticas competitivas y ofrezca elevada seguridad jurídica”, ha dicho Fernández, que ha destacado como mayores desafíos la adaptación y la anticipación a las eventuales nuevas reglas del juego previendo los riesgos para la competencia efectiva en sectores que se hallan en constante evolución tecnológica, al tiempo que fomenta una actividad innovadora que beneficie a los consumidores.

“La actividad debe alcanzar a todos, ciudadanos y empresas, y ser accesible especialmente para aquellos que no nos buscan, pero sí nos necesitan”, ha sentenciado, para añadir, como hechos, que en 2019 la desarticulación de carteles y el desmantelamiento de acuerdos colusorios supuso un ahorro de 1.000 millones a las arcas públicas y ha promovido el descenso medio del 85% en los precios minoristas, mientras que en peajes eléctricos supondrá un ahorro entre 500 y 700 millones.

Fernández se ha centrado, además, en el compromiso con la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y de la digitalización, identificando las áreas de actuación para el logro de estos fines, con una orientación plena a la transición ecológica. En este sentido, la atención por el consumidor se reflejará en los mercados energéticos favorecerá, de forma que tenga acceso a fuentes de energía seguras, sostenibles y pueda tener cada vez más control sobre sus consumos. Asimismo, promoverá la innovación en redes, la operación del sistema y los mercados minoristas, fomentando las inversiones eficientes en redes eléctricas y gasistas para integrar las energías renovables. En el ámbito de las telecomunicaciones y el sector audiovisual, la CNMC pondrá el foco en la conectividad y el respeto a los derechos de los usuarios.

Más autonomía funcional

La presidenta de la CNMC, como ya hizo en su anterior comparecencia en la Comisión de Auditoria de Calidad Democrática, destacó la necesidad de tener más autonomía funcional como una cuestión clave para la institución. “Consideramos que la CNMC solo logrará alcanzar plenamente los objetivos que tiene confiados mediante una gestión eficiente de sus recursos, y esto requiere una autonomía real en los ámbitos presupuestario, laboral y organizativo”, ha señalado al tiempo que pedía ayuda a los diputados. En el turno de preguntas, contestó rotundamente que “no” tiene recursos para luchar con garantías en ello.

“Sin renunciar jamás a las máximas exigencias de transparencia y auditoría”, continuó, “necesitamos disponer de la necesaria autonomía de contratación, promoción y retención del personal, así como de una capacidad real para adaptar la estructura orgánica y funcional de la institución a las prioridades exigidas para la consecución de los objetivos previstos”, ha añadido. En ese sentido, ha destacado que es su objetivo es que tanto la asesoría económica como la jurídica cuenten con los medios necesarios para consolidar su papel de unidades transversales a fin de alcanzar mayores niveles de solidez y coherencia.

El plan, que ha pasado por consulta pública, también pondrá atención en los sectores productivos, especialmente los afectados por la crisis del coronavirus como el farmacéutico, asegurador, funerario o financiero. La transición ecológica se verá también reflejada en la liberalización del sector ferroviario en España, que culminará en los próximos meses, incide la comisión que supervisará este mercado y vigilará que su buen funcionamiento garantice fórmulas de transporte menos contaminantes y que faciliten la movilidad de los ciudadanos.

Fondos europeos

Fernández ofreció, además, el balance del año, muy determinado por la pandemia, en el que el organismo inició varias investigaciones surgidas a partir de las más de 700 denuncias recibidas. Las más relevantes afectan al sector financiero (vinculación de créditos ICO a otros productos) y al sector de los seguros, donde incoó un expediente sancionador por prácticas anticompetitivas afloradas durante la pandemia a la firma DKV. Asimismo, intervino en aclarar el precio de las mascarillas higiénicas y aprobó el séptimo informe anual sobre las ayudas públicas en España, con el foco puesto sobre las ayudas instrumentadas en el contexto de la pandemia.

En ese sentido, manifestó a preguntas de los diputados que están “extremadamente preocupados” por las posibles distorsiones que puedan causar las ayudas a las empresas derivadas de los fondos europeos y planteó que los partidos pidan a la CNMC un informe sobre el decreto-ley que regula la gobernanza de los fondos.

Durante el ejercicio, la CNMC incoó 12 expedientes por conductas restrictivas, la mayor cifra desde 2014, y la Unidad de Inteligencia Económica inició el mayor número de investigaciones desde su creación. Entre otros, ejecutó el primer expediente incoado partiendo del uso de algoritmos para la detección de la conducta ilícita (acuerdos sobre comisiones en el sector inmobiliario), así como de inspecciones (sector químico) y de varias resoluciones (radares meteorológicos).

En el ámbito audiovisual, la CNMC lleva a cabo una labor de control y monitorización en la que destaca el análisis sistemático de las emisiones realizadas por 120 canales de televisión. “En cuanto al futuro, nos preparamos para la inminente regulación de los servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos (influencers)”, ha recalcado. Asimismo, en el sector postal ha hecho mención de la actividad de las plataformas de comercio electrónico y a la resolución sobre Amazon, en la que se estableció que la actividad de gestión y distribución de productos de comercio electrónico tiene carácter postal y, por tanto, ha de contar con la habilitación necesaria a través de la presentación de una declaración responsable.

Por último, ha entrado en el sector aeronáutico, en el que la CNMC resolvió que las tarifas no experimentarían un crecimiento en 2021 y, asimismo, analizó las tarifas para los próximos años, ya que a la falta de certidumbre sobre la recuperación del tráfico se une la repercusión de los gastos operativos de la covid-19 en las tasas aeroportuaria