La mayoría de las comunidades eligen el criterio de población para el reparto del fondo de 13.500 millones

La mayoría de las comunidades han elegido que la transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros que les inyectará este año del Ministerio de Hacienda se reparta por población ajustada. El departamento dirigido por María Jesús Montero había enviado una carta la semana pasada a las consejerías regionales en la que les pedía que escogieran entre dos fórmulas para asignar el fondo: el peso relativo del PIB o la participación relativa de cada autonomía en la población ajustada, una variable que tiene en cuenta factores como la edad de la población o la superficie.

Este martes era el último día para que las autonomías comunicaran al ministerio su preferencia. Según ha podido saber EL PAÍS, Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana han escogido que el reparto se realice en función de la población ajustada; otras seis comunidades ―Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja― pidieron emplear el criterio de PIB.

“Somos conscientes de que algunas comunidades podrían creer más adecuados criterios alternativos a los indicados; no obstante, hemos considerado que la elección se centre en los dos enunciados”, señalaba la carta enviada la semana pasada por Hacienda. La misiva añadía que la intención del Gobierno es lograr el “mayor consenso posible”, aun sabiendo “la dificultad que entraña dar con una fórmula de reparto que responda de manera unánime a las posturas de los receptores del fondo”.

Algunas comunidades, pese a haberse decantado por una de las dos opciones ofrecidas por el ministerio, han solicitado una reunión para debatir los criterios de reparto. Asimismo, han pedido introducir otros factores para determinar la asignación.

Déficit

Esta transferencia se corresponde a la mitad del déficit autonómico previsto para este año y había sido anunciada por Montero el pasado 5 de octubre durante la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, la reunión en la que los responsables de las finanzas regionales debaten con el ministerio las cuestiones relativas a la financiación autonómica.

La ministra explicó entonces que las comunidades no tendrían un objetivo de déficit obligatorio para 2021, al seguir suspendidas las reglas fiscales. En cambio, fijó una tasa de referencia para el ejercicio, del 2,2% del PIB, y se comprometió a que el Estado asumiera la mitad de este desfase, el 1,1%, equivalente a 13.486 millones de euros.

En el reparto de anteriores transferencias puestas en marcha para hacer frente a la pandemia ya quedó patente la diferencia de postura de los Gobiernos regionales y hubo rifirrafes con el ministerio. El fondo covid de 16.000 millones que se aprobó el año pasado fue un ejemplo de ello. Hacienda estableció que se asignara en función de distintos tramos ponderados según factores como la población y el impacto de la pandemia, y causó polémica de naturaleza distinta en las comunidades. Algunas se quejaron porque el criterio sanitario no pesaba lo suficiente, otras reclamaron que la población contara más en el reparto.

Las comunidades gobernadas por el PP también se quejaron de los criterios de reparto del fondo europeo React EU y de la asignación del paquete de ayudas directas a empresas de 7.000 millones anunciado en marzo.