El Gobierno aplazará la subida de impuestos si se retrasa la recuperación económica

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a llevar a cabo una ambiciosa reforma fiscal en esta legislatura. Pero insiste en que esta se aplazará si la mejora económica se retrasa. “Si la recuperación se viera frenada hablaríamos con Bruselas para revisar el cronograma”, ha dicho este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la que ha presentado la hoja de ruta en materia fiscal incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a las autoridades comunitarias. El Ejecutivo prevé que el grueso de las modificaciones tributarias que planea se pongan en marcha a partir de 2023, una vez que el PIB haya recuperado el nivel precrisis y cuando ya estén listas las conclusiones del comité de expertos al que se ha encargado el diseño de una reforma fiscal integral, y cuyos resultados se conocerán en febrero de 2022.

El plan de recuperación enviado al Ejecutivo comunitario incluye una amplia batería de medidas tributarias, cuyo impacto económico no se especifica, pero cuyo objetivo último es disminuir la brecha de ingresos sobre el PIB de siete puntos que separa a España de la media europea (39% del PIB, frente al 46% de la zona euro). Montero tampoco ha aclarado a qué nivel se pretende elevar el peso de la recaudación. “Será una reducción paulatina del gap, pero no hay un compromiso de cifra, ni la UE lo ha exigido”, ha afirmado. Y ha añadido que España “no puede ir a Europa a pedir 140.000 millones”, el dinero que le corresponde del fondo de recuperación comunitario, sin acometer reformas o queriendo bajar impuestos: “Apostamos por contar con ingresos públicos suficientes para tener un Estado de bienestar fuerte”.

Lo que sí ha explicado es que el Gobierno ha señalado 2023 como año de implementación de la reforma fiscal solamente porque se prevé que entonces la recuperación se haya asentado. ”Si no llegamos en el momento señalado, todo el calendario también se mueve”, ha dicho. El Ejecutivo prevé que la economía crezca un 6,5% este año, un avance inferior al que estimaba en sus anteriores pronósticos, debido a un arranque de ejercicio menos pujante de lo esperado. Para 2022, se estima que el salto sea del 7%.

Revisar los tipos reducidos de IVA

Los tres componentes que ha explicado este lunes la ministra ―así se denominan las 30 reformas que conforman el plan de recuperación― hacen referencias a cambios en el sistema tributario, revisión del gasto público y lucha contra el fraude. El primer bloque hace hincapié en la revisión de la fiscalidad medioambiental, en la que España se encuentra por debajo de la media comunitaria, además de modificaciones al impuesto de sociedades (para que las empresas tributen un mínimo del 15%), a las figuras que gravan la riqueza ―a través de una armonización entre comunidades―, el análisis de los nuevos impuestos a la economía digital y una revisión de los beneficios fiscales, que están desde hace tiempo en la mira de la UE y que son objeto de estudio del comité de expertos.

Sobre este punto, la ministra ha asegurado que en este momento no se tiene “un orden de prelación”, pero que se revisarán todos los beneficios fiscales ―13 de ellos ya revisados por la Autoridad Fiscal―, incluidos tipos de IVA reducidos (10%) y superreducidos (4%). “En estos momentos no lo tenemos decidido y nosotros como Gobierno somos más partidarios de los impuestos indirectos. Ahora, si Europa insiste en que hay un uso abusivo y el grupo de expertos lo señala, lo vamos a escuchar”, ha manifestado.

En materia de fiscalidad verde, el Ejecutivo proyecta en el plan de recuperación una revisión de la fiscalidad del transporte aéreo, la equiparación del gasóleo a la gasolina ―una medida ya incluida en los Presupuestos para 2021 que finalmente decayó, y que ahora analiza el comité de expertos―, la revisión de los tributos que gravan la matriculación y la utilización de vehículos, además de nuevos impuestos al plástico de un solo uso y a los residuos, que ya están en tramitación. Montero ha señalado este lunes que estas medidas no serán suficientes para cerrar la brecha de recaudación de siete décimas que separa España de la media de la zona euro, pero a la vez ha asegurado que de momento no hay ningún compromiso con Bruselas en medidas concretas. Asimismo, ha avanzado que determinados cambios podrían acometerse antes de 2023, si el grupo de expertos así lo aconseja, pero que no tienen que ser necesariamente subidas fiscales. “Puede ser también algún incentivo”, ha señalado.

El plan de recuperación también recoge medidas relativas al impuesto de sociedades para garantizar un tipo mínimo de tributación del 15% ―como preveía el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos―, o la armonización de las figuras que gravan la riqueza ―patrimonio y sucesiones y donaciones, cedidos a las comunidades― “entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial”. En este ámbito, la ministra ha señalado que se esperarán las recomendaciones del comité. Y ha añadido que no se prevén grandes cambios en materia de IRPF, patrimonio e IVA más allá de los ya aprobados en los Presupuestos de 2021 hasta que se conozcan sus conclusiones.

Gasto público

El Gobierno también se ha comprometido con Bruselas a profundizar en la evaluación del gasto público a través del refuerzo de la Autoridad Fiscal (Airef), que tendrá una división permanente dedicada a revisión del gasto (spending review) y encargos hasta 2026, que incluyen revisiones de nuevos beneficios fiscales ―además de los 13 ya analizados―.

El documento enviado a Bruselas promete ampliar a cinco años el horizonte temporal de las fases de análisis del gasto de la Airef, para desligarla del ciclo político, y también señala que se creará una “estructura permanente” en el Ministerio de Hacienda encargada de hacer un “seguimiento activo” de las conclusiones del organismo. El objetivo es “instaurar en España un proceso sistemático, estructural y periódico de evaluación del gasto”, y aumentar su calidad, “mejorando su composición y reorientando su uso”.

En cuanto a la lucha contra el fraude, el Gobierno promete reforzar la Agencia Tributaria, con una inversión de 532 millones entre 2021 y 2024 que no irá a cargo de los fondos europeos. Este componente prevé, entre otras cosas, aprobar la ley contra el fraude fiscal, que lleva desde octubre atascada en el Congreso, modernizar la Agencia y elevar en unos 3.000 efectivos su personal para 2023.