La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticulan una organización que defraudó siete millones en IVA

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria (AEAT) han desarticulado una organización que defraudó 7,3 millones en IVA entre 2017 y 2021 a través de la venta de vehículos de segunda mano. La trama se apoyaba en un entramado de sociedades instrumentales ficticias, situadas en Portugal, para introducir a España coches procedentes de Alemania. Después, vendía los vehículos a través de sociedades distribuidoras evadiendo el pago de impuestos. Con esta mecánica, la organización habría introducido vehículos por valor de 35,3 millones de euros desde 2017 hasta ahora.

Ocho personas han sido detenidas en el marco de la operación, denominada Drosipán-Término. Entre ellas está el cabecilla de la organización y otros responsables y organizadores de la trama, cómplices y beneficiarios del fraude, según informa la Guardia Civil. También se han efectuado seis registros domiciliarios en distintas localidades ―Albacete, Bellreguard (Valencia), Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y Almería― que han permitido incautar 15 vehículos valorados en un millón y medio de euros y documentación sobre las operaciones fraudulentas detectadas. A su vez, se han adoptado medidas cautelares con el bloqueo de cuentas bancarias de las empresas implicadas en la trama de fraude.

“Truchas introductoras”

La investigación, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete, empezó a raíz de una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria de Castilla-La Mancha, tras un procedimiento de investigación previo sobre las sociedades implicadas en la trama. A partir de ese momento, la Fiscalía de Albacete impulsó la investigación judicial, que desarrollaron conjuntamente Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en su función de policía judicial, en estrecha colaboración con el auxilio del Área de Inspección de la AEAT en Castilla La-Mancha. Gracias a las actuaciones realizadas por los investigadores, se detectaron una serie de matriculaciones sospechosas.

El fraude utilizado por la trama arrancaba con una serie de sociedades ficticias españolas, conocidas como truchas introductoras. Estas sociedades simulaban la compra directa a proveedores europeos de vehículos usados que ya estaban matriculados en el país de origen. Al tratarse de adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen general de IVA, las sociedades españolas obtenían los vehículos exentos del impuesto.

Posteriormente, estas truchas introductoras vendían los vehículos a distribuidoras españolas de la misma trama, pero no ingresaban el IVA a la Hacienda pública que sí corresponde al tratarse ya de una operación interior. Pero el impuesto figuraba en las facturas de venta a las distribuidoras, que sí se deducían el IVA no ingresado por las truchas.

Con este funcionamiento, la organización podía vender los vehículos a las distribuidoras a un precio muy inferior, gracias al margen que otorgaba el fraude previo del IVA. Para dificultar su detección, la trama iba sustituyendo periódicamente las empresas que generaban el fraude por otras nuevas. A la vez, y bajo la apariencia de entidades independientes, los directores de las distribuidoras realmente controlaban las truchas, que simplemente canalizaban formalmente las adquisiciones de vehículos usados a los proveedores de la Unión Europea.

De acuerdo con las investigaciones, algunos clientes de las empresas distribuidoras eran plenamente conscientes del fraude y actuaban en plena connivencia y coordinación, encargando la compra de vehículos formalmente a través de la trama para beneficiarse del lavado del IVA. Una vez encargada la adquisición, se tramitaba la matriculación del vehículo usado en España ante la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, previo paso por la Inspección Técnica de Vehículos, aportando la documentación de la transacción simulada para justificar la titularidad del matriculador. En ocasiones, incluso, la trama alteraba la documentación para intentar evitar controles.

Para reforzar la ocultación del fraude, la trama contaba también con una capa de sociedades ficticias extranjeras (denominadas truchas remotas), que modificaban el régimen aplicable de IVA: estas empresas, también controladas por los directores de las distribuidoras, recibían facturas en régimen ordinario de IVA por entregas intracomunitarias de bienes exentas. Después, cambiaban el régimen de tributación, emitiendo facturas a las distribuidoras españolas de la trama de acuerdo con el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU), lo que resulta incompatible legalmente y permitía ya mantener en toda la cadena de distribución a clientes este régimen especial que implica una tributación por IVA mucho más baja que en el régimen general.

Los investigadores llegaron a detectar una fórmula adicional de ocultación mediante la interposición de personas físicas con claro perfil de testaferros. Estas personas, que en ocasiones son difícilmente localizables e incumplidores de sus obligaciones fiscales, jugaban un papel similar al de las truchas remotas.

En el operativo han intervenido, por parte de Guardia Civil el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico (GIAT Central) y por parte de la Agencia Tributaria, las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera en Albacete, Quintanar de la Orden y Pontevedra; Unidades de Inspección de Albacete, Galicia, Valencia y Almería; y Unidades de Auditoría Informática de Castilla La Mancha, Almería, Galicia y Valencia. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete. En la actualidad la operación sigue su curso y pueden adoptarse nuevas decisiones judiciales.