La verdad sobre el carbón y el clima

“El cambio se avecina, lo queramos o no”. Eso declara un extraordinario documento titulado Preserving Coal Country [Proteger las regiones productoras de carbón] que publicó el lunes el sindicato Trabajadores Mineros Unidos de América —que en su momento de mayor esplendor representaba a medio millón de mineros— y en el que acepta la realidad de que el carbón no va a volver. Sostiene que el objetivo debería ser más bien “una verdadera transición energética, que mejore las oportunidades para los mineros, sus familias y sus comunidades”.

Es bueno ver este tipo de realismo. Recuerden que allá por 2016 Donald Trump prometió devolver al carbón su antigua grandeza, reabriendo minas clausuradas, y los votantes de las regiones dependientes de la minería del carbón le creyeron. Muchos de ellos seguramente imaginan aún que algo así es posible. Sin embargo, el sindicato comprende que no. Lo que ha matado las minas no ha sido la “guerra contra el carbón”, sino los avances tecnológicos, primero en la extracción de gas natural y después en las energías solar y eólica. Generar electricidad a partir de carbón sería económicamente inviable aunque no tuviéramos que preocuparnos por el cambio climático.

Por supuesto, tenemos que preocuparnos por el cambio climático, que constituye una amenaza existencial para la civilización. La cuestión está en cómo afrontar esa amenaza. El documento del sindicato constituye de hecho un respaldo, al menos en principio, a los planes de la Administración de Biden de convertir la acción contra el cambio climático en elemento central del aumento del gasto en infraestructuras, algo que se supone que ahora debemos llamar Reconstruir Mejor, en lugar de Nuevo Pacto Verde, pero da igual. Es también una reivindicación pequeña pero alentadora de la idea en la que se basa el plan Reconstruir Mejor, la creencia de que la acción climática tiene más probabilidades de resultar factible si evita el purismo económico y confía más en la zanahoria que en el palo.

Situémonos un poco: la ciencia económica convencional da a entender que la mejor forma de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero es gravar las emisiones de carbono o crear un sistema de compensaciones en el que quienes contaminan deben comprar derechos de emisiones. Este es el argumento que subyace tras algunas iniciativas destacadas como el Consejo de Liderazgo Climático, que incluía entre sus miembros fundadores a una amplia variedad de líderes empresariales y economistas y algunas grandes multinacionales. El consejo, cuya creación se anunció en 2017, propone la creación de impuestos sobre el carbono, cuyos ingresos se redistribuirían a las familias. Este plan forma parte de una “hoja de ruta de ambos partidos” para la acción.

Sin embargo, esta no es la senda que está tomando el Gobierno de Biden. ¿Por qué? En primer lugar, los argumentos económicos para basarse exclusivamente en un impuesto sobre las emisiones de carbono olvidan la importancia crucial del desarrollo tecnológico. La razón por la que en la actualidad parece mucho más fácil que hace 12 años conseguir grandes reducciones de emisiones es que las energías renovables han experimentado un progreso espectacular: desde 2009, el coste de la energía eólica ha caído un 70%, y el de la solar, un 89%.

Y este avance tecnológico no se ha producido sin más. Se debe en parte a las inversiones efectuadas por la Administración de Obama. Estas inversiones fueron ridiculizadas por los conservadores; en 2012. Sin embargo, viéndolo en perspectiva, está claro que el gasto público proporcionó un empujón tecnológico crucial. Y esto indica que la inversión pública, sumada, o sustituyendo incluso al impuesto sobre el carbono puede ofrecer una manera de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

En segundo lugar, la idea de que el impuesto sobre el carbono puede lograr el apoyo de ambos partidos es terriblemente ingenua. Solo el 14% de los republicanos acepta siquiera la idea de que el cambio climático sea una cuestión importante. Y redistribuir entre las familias en general los fondos recaudados con ese impuesto no atraerá los votos de quienes piensan que la acción contra el cambio climático supondrá una amenaza para sus puestos de trabajo y sus comunidades. Pero lo que sí podría conquistar al menos a parte de esos votantes es el tipo de programa que el sindicato de mineros está pidiendo: gasto específico en formación para los antiguos mineros y en ayudas al desarrollo para las comunidades que viven de la minería del carbón.

No quiero ser demasiado optimista respecto a la estrategia de Biden. Para empezar, aunque existen buenas razones para no querer que se dependa exclusivamente de un impuesto sobre el carbono para luchar contra el cambio climático, las inversiones públicas por sí solas probablemente no basten. Casi con seguridad, al final tendremos que poner precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, por difícil que resulte desde el punto de vista político.

Por otra parte, aunque es maravilloso ver al sindicato de mineros pedir políticas que apoyen a las “regiones productoras de carbón”, no a los empleos relacionados con el carbón, sigue siendo mucho pedir. Aunque la covid-19 ha causado alteraciones temporales, sigue siendo cierto que la economía del siglo XXI “quiere” concentrar los buenos empleos en grandes áreas metropolitanas, con mano de obra altamente preparada. Fomentar la creación de empleo en Virginia Occidental o en el este de Kentucky no será fácil, y tal vez resulte imposible.

Pero podemos y debemos hacer un esfuerzo de buena fe para ayudar a los trabajadores y a las regiones que saldrán perdiendo mientras intentamos evitar la catástrofe medioambiental, y en general, para hacer la política contra el cambio climático tan digerible como sea posible, incluso a costa de perder algo de eficacia. La acción contra el cambio climático es un cometido demasiado importante como para insistir en que hay que hacerlo a la perfección.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía © The New York Times, 2021

Traducción de News Clips