La CEOE pide al Defensor del Pueblo que recurra ante el Constitucional el alza del impuesto de patrimonio

La patronal de los empresarios no solo no comparte el alza del impuesto sobre el patrimonio contenida en los Presupuestos. También ha empezado a moverse para anular esta subida. Este miércoles, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball, e Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE, se han reunido con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. En el encuentro han presentado un escrito para pedir a Marugán que interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el incremento del gravamen, alegando que en la actual situación de crisis es “distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional”.

La queja se dirige contra la decisión del Gobierno de elevar el tipo del impuesto del 2,5% al 3,5% para los patrimonios superiores a los 10 millones de euros. Además, los Presupuestos para 2021 confieren carácter permanente al tributo, que hasta ahora tenía que ser prorrogado año tras año.

En realidad, la competencia normativa sobre este tributo la tienen los Gobiernos regionales. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto estatal cuya gestión está cedida a las comunidades, que tienen competencia normativa para aplicar rebajas o deducciones. Madrid, actualmente, es la única autonomía donde este gravamen está bonificado al 100%. Es decir que, en la región de la capital, ningún contribuyente tiene que abonarlo. Aun así, se vislumbran cambios en el horizonte: el Gobierno ya ha avanzado que estudiará fórmulas para armonizar este tributo en la reforma fiscal que prepara.

El documento presentado al Defensor del Pueblo ha sido suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de la CEOE y avalado por la Junta Directiva de la Confederación. En un comunicado, la patronal reclama “un debate en profundidad sobre el sistema fiscal”, para que se convierta en una “palanca para la creación” de riqueza, empleo e ingresos públicos.

“Sin embargo, lejos de este enfoque, en el actual entorno de tipos de interés cero o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis de la covid-19, un tipo marginal máximo del impuesto sobre el patrimonio del 3,5% es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional”, resume el documento. La patronal alega que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dado este tratamiento a figuras que así gravan “manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible”.

La organización asegura que, a causa de la subida impositiva, muchos contribuyentes estarán obligados a liquidar sus bienes y activos para conseguir los recursos suficientes para pagar el impuesto, ya que el rendimiento que están teniendo los patrimonios en la actual coyuntura está por debajo del tipo impositivo. La nota añade que los rendimientos del patrimonio ya tributan previamente por el IRPF, y por ello “se considera que en este caso existe un supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico”.

Garamendi ha añadido esta mañana, antes de la reunión, que no está en contra de que pague más quien más tiene, pero ha insistido en que no se entiende esta subida del gravamen sobre el patrimonio, que va a castigar el ahorro que ya ha tributado por otras figuras. Sánchez-Llibre ha insistido sobre el mismo punto y ha agregado que, “eliminando definitivamente” este impuesto del sistema se solucionaría también el debate sobre el dumping fiscal, ya que hay comunidades ―y el mismo Ministerio de Hacienda― que acusan a Madrid de hacer competencia desleal por no recaudar el tributo.

Un debate amplio

“En ningún caso estamos diciendo que no haya que pagar impuestos”, ha añadido Garamendi, quien también ha subrayado que “es curioso que el único país que tenga este impuesto sea España”. La tendencia internacional de los últimos años ha sido eliminar el gravamen sobre el patrimonio. Actualmente, en Europa solo Suiza, Noruega ―que no son socios de la Unión Europea― y España cuentan con un tributo que grava la riqueza en su totalidad, mientras que en países como Francia o Italia existen tributos que solo se dirigen a determinados activos. Aun así, la crisis ha vuelto a abrir el debate sobre la posibilidad de volver a instaurar una imposición fiscal a las grandes fortunas.

La CEOE nunca escondió su oposición a este impuesto. En años anteriores, la confederación ya sugirió que se eliminara el gravamen, que tras suprimirse en 2008 se reintrodujo con carácter temporal en 2011 para hacer frente a la crisis financiera. Desde entonces, las comunidades recaudan en torno a los 1.000 millones al año por este impuesto.