Escrivá mandó dos veces a los ministros su propuesta de elevar a 35 años el cómputo de las pensiones

Las líneas remitidas por el Gobierno a Bruselas sobre la reforma de pensiones hablan de ampliar el periodo de cómputo para calcular las pensiones futuras pero no concretan cuánto. Había mucha expectativa sobre esto, porque se sabía que el Ejecutivo ha barajado la opción de hacerlo hasta los 35 años hasta el pasado diciembre, y así aparece en dos borradores de las fichas que se envían a la Comisión Europea al que ha tenido acceso este diario y que el Ministerio de Seguridad Social envió dos veces a los ministros del área económica en diciembre, apuntan fuentes del Gobierno. En esos textos también se indica cuándo se espera comenzar a implantar la medida progresivamente: 2023, es decir, al año siguiente en que se alcance el incremento que se está implantando ahora (de 15 a 25 años entre 2013 y 2022).

“Estamos desviando la atención a un tema que no existe y no ha existido”, ha respondido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista en Onda Cero esta mañana en tono irritado, contradiciendo la versión de ambos documentos. Esos borradores del llamado Componente 30 –nombre oficial del documento que se remite a Bruselas sobre la reforma de pensiones- llegan a concretar cuál es el impacto que está teniendo hasta ahora el aumento del periodo de cómputo que se aprobó en la reforma de 2011, una rebaja media en las nuevas pensiones: uno habla del 4,48% y otro del 3,9%. También se recoge, siempre en el formato de los papeles que se envían a la capital comunitaria, cuál sería el impacto de la medida de ampliar a 35 años el cómputo: una reducción del 6,3%. En el borrador anterior, la rebaja se cifraba en el 5,5%.

Los dos documentos son prácticamente iguales y apuntan que el incremento del periodo de cómputo hasta los 35 años empezaría en 2023. Esto, en realidad, sería continuar con el proceso iniciado en la reforma de 2011 que regula la ampliación progresiva de ese periodo de 15 a 25 años entre 2013 y 2022. Y, además, está en una filosofía que se puede leer varias veces en el texto: “Profundizar los ajustes paramétricos introducidos por la reforma de 2011”.

El Ministerio de Seguridad Social remitió los borradores en diciembre a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el órgano del Gobierno en el que están todos los ministros del área económica y se abordan estos temas. Lo hizo de forma oficial, para su discusión entre todos los ministerios económicos. La primera semana que se iba a debatir el texto, el choque por el salario mínimo interprofesional y otras cuestiones alargaron tanto la reunión que finalmente apenas se habló del tema. A la semana siguiente, en principio iba a hablarse del asunto, pero entonces el tema trascendió a los medios de comunicación y decidió dejarse fuera. No obstante, el ministerio que dirige Escrivá volvió a remitir otro documento, el que tiene los datos más actualizados, la rebaja media en las pensiones futuras del 6,3%. Los textos que se enviaron en diciembre a los ministros son muy parecidos al que finalmente se ha mandado a Bruselas. En la parte de la ampliación del periodo de cómputo, la redacción es idéntica en todo salvo cuando se llega a los 35 años. Ahí se ha retirado la cifra para dejar “se plantea ampliar el periodo de cálculo” sin números. En la versión anterior se decía “pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 y hasta un máximo de 35 años de manera progresiva”. Esta frase ha sido eliminada en la versión final después de la polémica desatada por el rechazo de Unidas Podemos y de los sindicatos.

En la citada entrevista, Escrivá sí que ha admitido que desde su departamento se han hecho cálculos y documentos y que “algunos pueden haberlos cogido y sacarlos de contexto”. En su ministerio se hace hincapié en que ese planteamiento no figura en el planteamiento final remitido a Bruselas. “Es algo viejo y oficialmente nunca ha estado”, apuntan, al mismo tiempo admiten que en estos meses se han elaborado muchos documentos y que eso “puede estar en un documento de trabajo”.

La ampliación del periodo de cómputo hasta los 35 años ha sido uno de los elementos que más tensión interna han provocado en el Ejecutivo durante la elaboración de los planes que el Gobierno tenía que enviar a Bruselas. También en los sindicatos ha provocado mucho rechazo, aunque a ellos oficialmente nunca se lo han presentado encima de la mesa de negociación abierta.

Que la Seguridad Social estaba valorando esta medida fue admitido también por la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, antes de acabar el año. Además, ella añadió que se barajaban elementos de compensación, algo que también figura en este borrador y el documento final remitido a Bruselas: “Se procederá a revisar el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral”. Ampliar el periodo de cómputo suele interpretarse como una forma de “aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema [de pensiones] haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador”.

En ese documento, como en los posteriores, la Seguridad Social destaca que el objetivo que persigue se “articula a través de otros objetivos más concretos que han de marcar las principales líneas de actuación”. “El primero de estos objetivos es la eliminación del déficit del sistema. El segundo gran objetivo pasa por profundizar los ajustes paramétricos introducidos por la reforma de 2011 (que ha permitido incrementar la edad efectiva de jubilación de manera constante, hasta situarla por encima de la media europea), e impulsando a través de nuevos incentivos positivos la prolongación voluntaria del acceso a la jubilación y, como tercer objetivo, el impulso de los sistemas complementarios de pensiones en el ámbito empresarial y profesional”, prosigue.

Iglesias: “Hubiera sido inaceptable y desleal”

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha celebrado este miércoles que La Moncloa no haya remitido finalmente “ningún recorte” de las pensiones a Bruselas, algo que hubiera sido “inaceptable” y “desleal” con el acuerdo de gobierno, como transmitió al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Si alguien ha ganado la batalla son los pensionistas del presente y los pensionistas del futuro. Esto no es una victoria de Unidas Podemos ni de Pablo Iglesias; que las pensiones se vayan a revalorizar es una victoria de la sociedad”, ha manifestado en declaraciones a Antena 3.

El vicepresidente segundo ha subrayado que plantear un “recorte a las pensiones” era “inaceptable y desleal” con el acuerdo de coalición, que “claramente” y de forma “taxativa” dice que debe aumentar el poder adquisitivo de estas prestaciones.